El Tribunal Supremo ha confirmado la condena al administrador de la página Alasbarricadas.org a pagar 6.000 euros al cantante Ramoncín por intromisión en su derecho al honor al hacer responsable a esta web de las opiniones de contenido vejatorio vertidas por varios internautas contra el cantante.

En una sentencia, la sala de lo civil del Supremo rechaza el recurso del responsable de la página contra la dictada en 2008 por la Audiencia Provincial de Madrid, que confirmó a su vez otra del juzgado de primera instancia número 44 de la capital. El juzgado de primera instancia falló a favor del cantante, quien interpuso la demanda contra ese sitio web tras considerar que muchos de los comentarios y de las fotografías que se colgaban en esa página atentaban contra su dignidad.

Esta web, que se define como 'foro anarquista para el debate y el contacto directo entre compañeros', incluyó un apartado titulado 'El Rey del Pollo Frito. Ramoncín', en el que algunos internautas se expresaban contra el cantante y colgaron una fotografía suya con la cabeza cortada. La Audiencia de Madrid confirmó esta sentencia y atribuyó carácter ilícito a los contenidos almacenados o enlazados por cuanto su ilicitud era patente y evidente por sí sola 'al no depender de datos o información que no se encontrasen a disposición del intermediario'.

El condenado recurrió esta resolución al estimar que el responsable de las expresiones aparecidas en la web debía ser el usuario que las profirió y negó que supiera de la ilicitud de las opiniones y comentarios vertidos por los usuarios hasta que no recibió la demanda del cantante. La sentencia explica que la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico establece que los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos no serán responsables por la información almacenada siempre que no tengan conocimiento efectivo de que es ilícita o, si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso.

En este caso, explica la sentencia, el prestador del servicio 'no ha cumplido con el deber de diligencia a fin de detectar y prevenir determinados tipos de actividades ilegales'.