Arriba las balas, abajo los diputados. El Congreso volvió a recibir ayer el debate sobre la memoria más reciente de este país y definió la postura de los grupos parlamentarios que se sintieron aludidos por el tratamiento que la Real Academia de la Historia (RAH) ha hecho en el Diccionario Biográfico Español sobre los hechos ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura española, en los primeros 25 tomos de 50 que componen la obra. El pleno instó al Gobierno a dar a la RAH un plazo hasta octubre para que corrija las entradas por 194 votos a favor, 136 en contra y una abstención. El PP votó en contra.

Por la mañana, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, compareció en comisión parlamentaria para aclarar las cuentas de la subvención otorgada a la RAH para la elaboración del Diccionario. Como ya adelantó este periódico, Educación otorgó a la Academia 4,80 millones entre 1999 y 2006, a los que se añadieron 989.810 euros en subvenciones entre 2007 y 2011.

Gabilondo asegura que en octubre la Academia dirá cómo revisará la obra

Las críticas por la falta de imparcialidad demostrada por algunos autores en sus entradas y el menoscabo de la supervisión de la Academia sobre el trabajo de los historiadores han llevado a Gabilondo al estrado a señalar que 'parece indudable que existen ciertas entradas en el Diccionario que se han apartado del necesario rigor y objetividad y de la ecuanimidad que debía presidir la elaboración de esta obra'.

Sin embargo, y a pesar de que la RAH faltó a los convenios firmados, el ministro precisó que la función del Gobierno no es 'supervisar, revisar o censurar el contenido de los trabajos académicos'. Insistió una vez más en que su relación con las reales academias es 'estrictamente administrativa'.

El PP dice que se necesita una resolución judicial para paralizarla

Además advirtió de que, tras instar en varias ocasiones a la RAH a 'revisar y en su caso corregir' las entradas que falten al rigor histórico, esta le ha asegurado estar 'dispuesta a aceptar que puede haber un conjunto de entradas que admitan otro planteamiento historiográfico susceptible de ser incorporado con la mayor brevedad posible'. Público informó el pasado 18 de junio que la RAH acordó por 'unanimidad' la creación de una comisión para revisar la obra, compuesta por los académicos Miguel Artola y Carmen Sanz Ayán, y un historiador independiente, Juan Pablo Fusi. Los trabajos ya están en marcha y la Academia ha prometido a Gabilondo un primer informe sobre las entradas a revisar el próximo octubre.

La postura del Gobierno no ha sido satisfactoria para ERC, que le ha pedido 'mayor compromiso' en la vigilancia y el control de las labores que ha prometido la RAH. Para Joan Tardà, ahora se precisa 'una actitud combativa' y en esa misma línea se pronunciaron los diputados de CIU y del PNV, quienes llamaron la atención sobre 'el contraste entre el dinero público invertido y el resultado obtenido'. Además, pidieron evaluar el cumplimiento de lo acordado en el convenio y cotejar la inversión de los fondos públicos.

Por su parte, Jorge Fernández Díaz, diputado del PP, admitió entradas 'poco afortunadas' en el Diccionario, que pueden gustar 'poco o nada'. Amparó su alocución de la mañana en el peligro de incurrir en la censura si se trataba de supervisar la labor de la Academia. Y por la tarde, cuando se debatía en el Pleno de la Cámara Baja dos proposiciones no de ley (y, por tanto, no vinculantes) del PSOE y de IU-ICV para corregir y paralizar su difusión hasta que se rectifique, leyó el artículo 20 de la Constitución en defensa de la libertad de expresión. 'Si se cuestiona la libertad de la RAH, habrá que cuestionar la libertad de cátedra en las universidades y las subvenciones al cine tendrán que pasar por la censura', amenazó.

ERC pide al Gobierno un 'mayor compromiso' en la vigilancia de la RAH

Fernández Díaz, ante las críticas del resto de diputados al Diccionario, dijo que en la Cámara no se debatía la democracia, sino la independencia de la obra y citó, como ejemplo, al historiador Stanley G. Payne. Además, comparó el Diccionario con el de Oxford, a pesar de que, como indicó a este periódico el profesor Lawrence Goldman, su editor principal, las diferencias metodológicas entre ambas han sido notables: 'Tenemos cuidado con que no sea alguien tan cercano al personaje como para perder la perspectiva crítica hacia él', dijo Lawrence, algo que incumplió la RAH al asignar el perfil de Franco a Luis Suárez, presidente de la Hermandad del Valle de los Caídos.

Y llamó la atención ante la propuesta de paralizar la distribución: 'Si no hay una resolución judicial, no se puede limitar la difusión del Diccionario. No es el Congreso el lugar para prohibirlo'. El PSOE, a través de su diputado Álvaro Cuesta, pidió la interrupción 'en España y en el extranjero de la obra, y condicionar las ayudas a este diccionario'. Y avisó de que la proposición no de ley de su grupo no persigue una 'actividad inquisitorial'. 'No pretende menoscabar la libertad, sino animar a que los procedimientos de investigación sean acordes con la objetividad de los hechos', dijo. Finalizó su intervención denunciando 'la falsificación de la Historia con ánimo excluyente' como una condena para las próximas generaciones.

1. Escándalo apologético

Gaspar Llamazares definió el ‘Diccionario' como 'escándalo apologético de la dictadura franquista', con 'interpretaciones personales, valoraciones y juicios', 'un ejercicio de propaganda', 'un flaco favor al prestigio de la Academia', 'un libelo contra la democracia y la República, financiado con el dinero público' y 'una operación de revisionismo propagandístico de la memoria de la extrema derecha'. Para el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, una obra así 'no es aceptable en democracia' y 'no basta con introducir una fe de erratas, hay que corregir y suprimir las faltas apologéticas'.

2. Primero la revisión

De esta manera, tanto IU como ICV consideran que la RAH se 'han apartado del necesario rigor y objetividad'. Por eso proponen 'condicionar la subvención prevista en los Presupuestos Generales del Estado' que esta recibe hasta que sea revisado el ‘Diccionario Biográfico', 'a más tardar en octubre'. Además, exigen 'la interrupción de su difusión, en España y en el extranjero', hasta que la Comisión Científica creada por la RAH se pronuncie sobre la revisión.