Ángeles González-Sinde se pasó ayer todo el día en el Congreso achicando agua de un bote, el Ministerio de Cultura, que amenaza con zozobrar por acumulación de fugas de agua relativas a los derechos de autor: operación judicial contra la Sociedad General de Autores (SGAE), falta de control público de las cuentas de la entidad, supresión del canon digital, etc. La solución para enderezar la nave pasa ahora, según afirmó Sinde, por una reforma 'parcial' de las entidades de derechos de autor y de la Ley de Propiedad Intelectual. No hay motivos para ir más lejos: unas pocas manzanas podridas no pueden echar por tierra el actual modelo de recaudación de derechos de autor.

La ministra de Cultura minimizó el escándalo del presunto desvío de fondos en la SGAE asegurando que la entidad 'es sólo una de las siete entidades de gestión' que operan en España (como si no fuera la más poderosa de todas con mucha diferencia). Que se trata de 'irregularidades' de 'individuos' concretos (la cúpula de la SGAE, en concreto). Y que los delitos de los que se acusa a la SGAE 'no son consecuencia de su objeto social, recaudar el dinero de los autores'.

Cultura no cree que el escándalo de la SGAE afecte a los derechos de autor

'No se puede admitir una casa general contra los derechos de autor', afirmó Sinde en la Comisión de Cultura de la Cámara Alta. La ministra cree que el derrumbe de la SGAE investigada por supuestos delitos societarios, apropiación indebida y administración fraudulenta 'no cuestiona todo el modelo'.

Sinde apostó por una reforma 'parcial' de la Ley de Propiedad Intelectual que incluiría los siguientes puntos: impedir 'la creación indiscriminada' de sociedades y fundaciones mercantiles por parte de las gestoras. Crear una 'auditoría pública de funcionamiento obligatorio' para todas las entidades. Solucionar la administración de competencias territoriales sobre el control de los organismos de gestión. Y, por último, instituir un régimen sancionador especial para las entidades de gestión que no cumplan con sus actividades.

Sin embargo, pese a que la ministra apostó por que 'las entidades de gestión deben seguir siendo organismos sin ánimo de lucro', dejó abierta la puerta a que 'en casos concretos y para situaciones concretas pueda ser conveniente la utilización de una sociedad mercantil'. Un matiz sorprendente teniendo en cuenta que para Sinde la causa principal del 'problema' de la SGAE es que Esperanza Aguirre, antigua ministra de Cultura, permitió a la entidad 'crear sociedades mercantiles' en 1997. 'De aquella decisión ha venido el mal que ahora lamentamos', afirmó la ministra.

Lasalle, del PP, pide crear una Agencia Estatal de Propiedad Intelectual

'Nunca hasta ahora el Gobierno socialista había criticado que la SGAE tuviera sociedades mercantiles', matizó Esteban Bravo, representante del PNV en la Comisión. No fue precisamente la única crítica que escuchó Sinde. La oposición en pleno coincidió en señalar que el caso SGAE deja sin vigencia el actual modelo de derechos de autor. Y criticó a la ministra por reaccionar sólo tras estallar el escándalo. Buenaventura Puig, diputada de IU-ICV, calificó la reforma propuesta por Sinde de 'tímida' y 'tardía'. 'Es tarde para una modificación parcial porque todo el modelo está en cuestión', zanjó Esteban Bravo.

Por su parte, José María Lassalle, del Partido Popular, negó a Sinde 'capacidad política para poner en marcha una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual', en una alusión a un hipotético triunfo del PP en las próximas elecciones. Lasalle, que calificó la intervención de la ministra de 'ejercicio notable de elusión de responsabilidades políticas', había apostado antes por la creación de una Agencia Estatal de la Propiedad Intelectual que dirija el funcionamiento de las entidades de derechos de autor.

Cultura no pudo hacer 'nada que no haya hecho' para auditar a la SGAE porque 'carecía de competencias'. Sinde volvió a escudarse ayer en una sentencia del Tribunal Constitucional para no asumir responsabilidades por el caso SGAE. Según la ministra, la normativa de 1997 'limitó las competencias de vigilancia y control del Ministerio' en favor de las autonomías. Pero esta sentencia nunca se aplicó. La Ley de Propiedad Intelectual, normativa vigente hasta ahora, dice que 'el Ministerio de Cultura ejercerá el control de las entidades de gestión'. Con una reciente excepción: el pasado 30 de junio, el día antes de las detenciones en la SGAE, el Gobierno traspasó las competencias sobre la 'fiscalización' de la SGAE al País Vasco.

Quizás la Comisión de Cultura no era el lugar más adecuado para echarle la culpa a las autonomías del descontrol en las cuentas de la SGAE. Todos los diputados nacionalistas se lanzaron en tromba contra Sinde y negaron haber tenido nunca competencia alguna. 'Me parece impúdico echarle el muerto a otro', afirmó Joan Tardà, de ERC. Esteban Bravo, por su parte, dio la vuelta así a la defensa de Sinde: 'No es que el Ministerio no haya podido hacer nada que no haya hecho. Es que no ha hecho nada'.

Está entre los socios de la SGAE más beligerantes desde que se inició la crisis. El director de cine Achero Mañas arremetió ayer contra Miguel Satrústegui, el hombre ajeno a la SGAE que ha sido nombrado para presidir la Comisión Rectora. Mañas recuerda que fue Satrústegui 'el impulsor del Anteproyecto de Ley de Cine (Decreto Satrústegui) durante el gobierno de Felipe González, que tuvo la virtud de sacar a la calle unidos a productores, actores, guionistas, técnicos y directores', dice. También sugiere una turbia relación entre la entidad y 'una conocida formación política, experta, como todas, en las mañas de la corrupción' y se pregunta si Satrústegui llega a la SGAE a 'controlar una situación que se les ha ido de las manos y que puede ser un escándalo político'. El director estima que a los socios no les hace falta nadie externo, sino unidad y transparencia.