Con las detenciones de la cúpula de la SGAE ha resurgido el enfado con esta entidad y sus dirigentes. Esta indignación viene de lejos y evidencia que no sólo es un problema con los presuntos delitos cometidos por algunos ciudadanos, sino algo más profundo. La SGAE es una de las instituciones más odiadas de nuestro país. Esto probablemente debido a su finalidad recaudatoria, pero no es la única entidad que recauda forzosamente y tampoco la que más. ¿De dónde viene esta impopularidad extrema?

La mayor parte de la gente que conozco entiende que los autores, músicos, escritores tienen que ganarse la vida. Además, aunque algunas profesiones han perdido parte de su prestigio, ninguna tiene la mala fama de las entidades de gestión de sus derechos. La idea de que cualquier soporte de grabación esté gravado con un canon no es popular, pero tampoco lo es el IVA, o siendo más concretos, que una botella de whisky lleve impuestos especiales. Es decir, a nadie le gusta pagar, pero los pagos que gestionan las entidades de derechos de autor no son los más cuantiosos, sí los más impopulares.

Una primera explicación de esta animadversión es la extrema agresividad de las 'entidades gestoras de derechos de autor' y especialmente de la SGAE a la hora de perseguir sus cobros. Mientras que al Estado no se le ocurre gravar con IVA mensajes de telefonía móvil en solidaridad con las víctimas de un tsunami, alguna de estas entidades ha enviado detectives para colarse en una boda o ha exigido derechos de autor a cantantes que daban un concierto benéfico. Esta agresividad se debe a que estas entidades no recaudan para la colectividad, como lo hace la Agencia Tributaria, por ejemplo, sino que recaudan para sí mismas. Esta situación hace que se pierda objetividad y que muchos ciudadanos se pregunten, con razón, por qué algunos tienen derecho no sólo a beneficiarse de un impuesto, sino a ingresarlo ellos mismos sin someterse al procedimiento ordinario para recaudar impuestos.

Íntimamente relacionado con lo anterior está el destino de la recaudación. Si un 'creador', como cualquier otro ciudadano, ha obtenido unos ingresos con los pagos voluntarios de los demás ciudadanos, vendiendo entradas de conciertos, por ejemplo, estos fondos son privados. Esto quiere decir que, una vez pagados los impuestos correspondientes, estos ciudadanos pueden hacer lícitamente lo que quieran con ellos, sin rendir cuentas. Ahora bien, si estos ingresos los obtienen coactivamente de otros ciudadanos, porque el Estado les obliga a pagar un canon, entonces, la transparencia debe ser ineludible. Si estos fondos, obtenidos forzosamente y en régimen de monopolio, no están severamente controlados ocurrirán dos cosas: la primera, ya explicada, es la agresividad y la segunda es el riesgo de que los fondos no se destinen a los fines previstos.

Más allá de la inocencia o culpabilidad de los acusados, que serán los jueces quienes lo determinen, con las detenciones de este fin de semana hay que realizar varias reflexiones de fondo. La primera es conocer qué modelo de derechos de autor quieren los españoles. Está claro que el actual es objeto de una censura generalizada, y ello hay que tenerlo en cuenta en una sociedad democrática. El actual modelo implica una agresividad de recaudación notable, oscuridad en la gestión y que sólo los autores consagrados sean los beneficiados. Esto puede ser tolerable, aunque no deseable, si los pagos fueran voluntarios. Pero si se opta por establecer cánones y pagos obligatorios, entonces hay que hacerlo con potestades públicas y la gestión no puede ser privada sino pública y transparente. Si no es así, la indignación sólo puede continuar creciendo y esto nos perjudica a todos, pero especialmente a los creadores intelectuales.