'Nuestra ley, y las de nuestro entorno, dan mucha importancia al control sobre el número de copias y el acceso a la obra. Ello, válido en un entorno en el que la mayoría no tenía acceso a sistemas de duplicado, hoy en día es anacrónico. Así, el valor de la copia tiende a cero (lo que no significa que la creación no tenga costes) y, por lo tanto, el sistema no encuentra el punto de equilibrio entre las demandas de una industria y las conductas socialmente aceptadas', razona David Maeztu.

Otro abogado, Carlos Sánchez Almeida, coincide con él: 'A mi juicio, el principal problema es la obsesión de hacer girar toda la normativa en torno al concepto de copia, un concepto superado completamente por la tecnología'. Recaudar aunque el autor no quiera

Simona Levi, fundadora de eXgae (ahora La-EX), plataforma sin ánimo de lucro que propone modelos alternativos para la gestión de los derechos de autor, señala que los principales problemas de la ley actual son 'la compensación por copia privada', porque 'sólo debería haber compensación si hay beneficios económicos', y los derechos obligatorios: 'Se inventaron para evitar abusos y ahora producen los peores abusos: nadie debería estar obligado a cobrar o a que se cobre por él si no quiere'.

'El gran problema actual es la existencia de entidades de gestión y lobbies empresariales todopoderosos (entes de alguna manera privados) que presionan y legislan al gusto, y estados o poderes públicos que no defienden lo cultural como parte del ente público, sino que se dedican a mediar o regular los conflictos. El único caso que he visto en el que un Estado ha tomado en serio el aspecto fue la idea precisamente de ‘excepción cultural' en Francia, cuando se decidió que sólo se proyectaría un porcentaje concreto de películas americanas reservando otro para las nacionales. Pero eso es ‘intervencionismo estatal' en el campo del entretenimiento, la cultura y el arte y no está bien visto en los tiempos que corren', cuenta Igor Sádaba, profesor en la Universi-dad Complutense de Madrid y autor del libro ‘Cultu-ra digital y movimientos sociales' (Catarata, 2008).

'Todas las acciones que se han puesto en marcha, sea en materia comunicativa, sea en forma de nuevas leyes (como la ‘ley Sinde') han ido en una dirección que se ha demostrado inútil y contraproducente: criminalizar los usos que la gente hace de la red e impedir por todos los medios que esos usos (principalmente compartir contenidos) se lleven a cabo. El resultado es un polo enorme de población muy cabreada que sigue construyendo herramientas para compartir y que vuelve obsoletas casi cada legislación. En realidad, se ha tratado de producir una lógica de escasez artificial para intentar someter la red a las lógicas económicas tradicionales del mundo físico', razona el guionista Guillermo Zapata.

Respecto a la SGAE, Carlos Sánchez Almeida propone que se 'intervengan todas las entidades de gestión al amparo del artículo 159 de la Ley de Propiedad Intelectual' y que se integre su personal en un 'organismo público de gestión de derechos de autor'. Entre otras cosas, porque el abogado apuesta por el 'control del reparto de derechos de autor mediante una comisión designada democráticamente por los creadores y fiscalizada adecuadamente por la administración pública'.