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El ministro Wert mutila el derecho a la copia privada

El anteproyecto del Gobierno criminaliza las copias a terceros de contenidos legales. Otorga más poder a Cultura para frenar las páginas de enlaces y consigue ponerse en contra a todos los sectores involucrados

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El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde al anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual una modificación parcial y urgente que, según el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, se debatirá a partir de ahora con los sectores afectados. Con esta reforma, el Gobierno conservador ha conseguir ponerse en contra a todos los sectores involucrados en la ardua regulación de los derechos de propiedad intelectual.

Entre las novedades que ha puesto Wert encima de la mesa destaca la criminalización de la copia privada. La Asociación de Usuarios de la Comunicación  (AUC) ha criticado el plan que en su opinión supone la  'muerte de la copia privada' ya que se  ilegalizan prácticas de acceso a los contenidos hasta ahora permitidas.

La copia privada está definida en España como un límite al derecho de reproducción que ostentan los titulares de los derechos de propiedad intelectual de las obras y prestaciones protegidas. Este límite permite que determinadas obras divulgadas a la cual haya tenido acceso legal una persona física pueda ser reproducida por ésta, siempre que la copia que obtenga no sea utilizada de forma colectiva, ni lucrativa. 

En el anteproyecto aprobado se mantiene que la reproducción por copia privada es la que lleva a cabo una persona física para su uso privado sin fines lucrativos y que no va a ser utilizada colectivamente. Pero se añade la condición de que la reproducción se realice sin asistencia de terceros, es decir, que el copista y el usuario de la copia sea la misma persona. AUC considera 'inaceptable que se reduzca, hasta casi eliminar, la posibilidad de que los ciudadanos puedan realizar copias privadas de contenidos a los que acceden legítimamente, tal y como pueden hacerlo en la actualidad de forma legal'.

No es la única acción que pretende criminalizar el Gobierno del PP. La Asociación de Internautas ha puesto de relieve que en el Consejo de Ministro de hoy 'se universaliza el pago del canon digital y se criminaliza el enlace', dando más poder y competencias a la Comisión de Propiedad Intelectual, . 'Se confirman las peores sospechas' con el texto presentado hoy, asegura la asociación en un comunicado. Según los internautas, el anteproyecto de ley 'sigue el empeño de adaptar el progreso a un concepto puramente lucrativo de determinada industria de la cultura'. Respecto al pago de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, la asociación considera que el Gobierno 'pretende salvar así las ilegalidades advertidas desde Europa, pero lo único que hacen es cambiar el abuso de cesta, ya que se sigue cobrando por todo, hagas copia o no, seas persona física o jurídica, pagar lo pagas'.

Con este anteproyecto de reforma, el Gobierno ha vuelto a conseguir lo aparentemente imposible, poner a todos los sectores implicados en su contra. Las ocho entidades de gestión de derechos de autor han asegurado, en un comunicado conjunto, que el texto aprobado hoy beneficiará 'considerablemente' a las multinacionales tecnológicas.

Por otro lado, se incorpora la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia Padawan), que excluye del concepto de copia privada a los usos profesionales y empresariales. Para las entidades de gestión, esta propuesta perjudica a los ciudadanos al convertir en ilícitos, prácticamente, todos los actos de copia privada ya que, dicen, solo será legal si la copia se hace de un soporte original o de una señal de televisión pero siempre que dicha copia sea borrada a los pocos días mientras que las realizadas a través de internet serán consideradas ilícitas. No obstante la razón que parece esconderse tras el rechazo se fundamente en las razones económicas. Las entidades sostienen que el anteproyecto beneficia a las multinacionales del sector tecnológico al consolidar un modelo de compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado que supone solo un 'precio simbólico'. Al mismo tiempo, dicen, exonera del pago a las empresas que fabrican o importan aparatos y soportes con capacidad de copia o almacenamiento de contenidos protegidos por el derecho de la propiedad intelectual. El resultado: menos dinero para las entidades de gestión.

'El nuevo modelo de copia privada que pretende consolidar el Gobierno, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, supone que todos los ciudadanos se ven injustamente e indirectamente obligados a indemnizar un daño que ellos no causan, incluso hayan hecho o no copias privadas' con lo que se convierte en el sistema más restrictivo y contrario' a los intereses de los ciudadanos de toda la UE.

Respecto a la regulación que hace el anteproyecto para un mayor control por parte de la Administración de las entidades de gestión, éstas comparten el objetivo de transparencia pero consideran que muchas de las medidas que se introducen no solo no la garantizan sino que 'están claramente dirigidas a perturbar' su gestión.

Por ello, han pedido al Gobierno que se plantee un giro en su política cultural, ya que 'de sabios es rectificar', y convoque a los afectados para alcanzar acuerdos que permitan a todos 'remar en la misma dirección'.