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Primera victoria judicial sobre el vínculo entre la Politécnica y la SGAE

No se atentó contra el honor al denunciar el uso de la universidad para el canon

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Hubo un tiempo en que quienes se enfrentaban en los juzgados a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por el canon digital tenían posibilidades cercanas a cero de ganar la causa. La gestora acudía a los procesos armada con informes periciales con membrete de instituciones públicas como la Universidad Politécnica de Madrid. Ante aquel respaldo oficial a las tesis de la gestora, los jueces interpretaban la ley a su favor e iban creando jurisprudencia, lo que complicaba cada vez más la victoria. Desde diversas instancias se denunció la existencia de una relación ilícita entre la SGAE y personas de la Politécnica que daba como resultado, entre otras cosas, los citados peritajes.

¿Qué hizo la universidad? ¿Investigó lo que ocurría? No. Denunció a los denunciantes por considerar que atentaban contra su honor, el del rector y varios catedráticos. Lo consideraba 'una perturbación ilegítima en el derecho al honor y a la dignidad' de la institución y sus integrantes y no sólo pidió que se 'condenase a los demandados a cesar' en dicha perturbación, sino que pidió que se 'publicara a su costa la sentencia' así como que abonasen '300.000 euros en concepto de daños y perjuicios'. La jueza María Sánchez Rivero, del Juzgado número 41 de Madrid, ha desestimado la petición de la Politécnica obligándola a pagar las costas del juicio por considerar que los denunciantes hicieron uso del derecho a la libertad de expresión dentro de los límites legales, según la sentencia a la que ha tenido acceso Público y contra la que cabe recurso.

Hoy la regulación española sobre el canon está declarada ilegal por la justicia europea y se conocen muchos detalles de los nexos de unión entre la Politécnica y la SGAE.

Una de ellas es Rafael Ramos, que saltaba este verano a los periódicos al ser imputado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz como uno de los hombres clave en la presunta trama de desvío de fondos desde la SGAE a empresas controladas por sus directivos. Ramos, además de haber sido directivo de filiales de la SGAE, era director general de Microgénesis, epicentro del entramado de empresas parásitas que vivían de la gestora. No era lo único de lo que vivía.

Ramos es profesor de Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística en la Universidad Politécnica de Madrid. Desde allí se habrían encargado los peritajes con membrete de la universidad que se convirtieron en clave de no pocos juicios por el canon digital. Además, se obtuvieron subvenciones con cargo a fondos europeos en proyectos en los que participaban unidas la SGAE y la Politécnica, como los 2,3 millones de euros del proyecto CREA Net, en el que también participa Microgénesis; así como el Proyecto Perseo, en el que también está Microgénesis y que tiene un presupuesto de 3,9 millones.

Este presunto cruce de intereses que implica a una entidad pública fue denunciado por Miguel Gallardo ante el Ministerio de Administraciones Públicas y el Tribunal de Defensa de la Competencia, ante la propia universidad, así como ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En su denuncia apuntaba a los catedráticos Rafael Aracil Santonja y Ramón Álvarez Rodríguez, personados junto a la Politécnica en la denuncia. También presentó querella, aunque sin citar nombre de catedrático alguno, Apemit, representada por Josep Jover, el abogado que tumbó la regulación española del canon en la UE y uno de los que presentó la denuncia contra la SGAE ante la Fiscalía Anticorrupción. Ambos, además de la asociación Cita, fueron denunciados por la Politécnica.