Tras diversas dudas y amagos por la falta de consenso y el momento elegido para sacar adelante el proyecto, CiU se unió ayer al Tripartito en el primer trámite parlamentario de la Ley del Cine.

El Parlament desestimó las enmiendas a la totalidad de PP y Ciutadans para superar el primer trámite del proyecto antes de su aprobación y lo hizo con los votos del Tripartito (PSC, ERC e ICV-EUiA) y del principal partido de la oposición. El diputado convergente Jordi Cuminal justificó la postura de la federación nacionalista con una dura crítica a la exclusión que vive actualmente el catalán en las salas: 'Es un escándalo que, después de más de 30 años desde el restablecimiento de la democracia, sólo el 3% de las películas se puedan ver en catalán'.

Cuminal rechazó el 'inmovilismo total' que hay en el sector y pidió 'actitudes positivas' a PP y Ciutadans, a los que recordó que la ley no sólo trata cuestiones lingüísticas. CiU sólo lamentó que el nuevo texto implica la creación de un impuesto.

La postura de CiU chocó con la del PP. El diputado Rafael López afirmó que el proyecto 'llega en el peor momento para el sector', y se refirió a la 'obsesión' de la Generalitat por la política lingüística, que llegó a calificar de 'Gran Hermano'. El líder de Ciutadans, Albert Rivera, afirmó que la medida supone la 'defunción' del sector y lamentó que da la espalda al sector.

En este sentido, el PSC se ofreció a pactar con los exhibidores y distribuidores para incluir enmiendas en el texto antes de que sea votado.

La futura Ley, que supondrá que en el futuro el 50% de las películas que se estrenen en Catalunya estén dobladas o subtituladas al catalán y prevé multas de hasta 75.000 euros, fue defendida por el conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras. 'El cine no es sólo entretenimiento', manifestó. En sus palabras, el conseller republicano manifestó que el catalán 'merece el mismo trato que el resto de lenguas' y que con esta ley, Catalunya pasa a tener 'un sistema cultural fuerte y viable'.

El conseller se refirió a la dura oposición que la Ley ha encontrado en el sector, afirmando que ha intentado 'suscitar el máximo consenso' y apuntó que 'más del 50%' de las alegaciones han encontrado respuesta. Sin embargo, aludió a razones históricas para que el Govern haya impuesto su criterio al sector privado: 'Creemos que está es una ley importante, aunque llega tarde, y en el contexto actual ya era inaplazable e imprescindible'.

Tresserras se refirió también a otros aspectos de la norma, que pretende 'fortalecer la industria en todos sus segmentos'. El conseller explicó que el texto quiere garantizar una oferta cinematográfica más amplia y que dé acogida a géneros minoritarios, que tiene la voluntad de apoyar la industria catalana (independientemente del idioma de las películas), y aseguró que aumentará el respeto al 'componente artístico' del cine. 'El cine no es sólo un gran entretenimiento de masas', señaló.

La nueva normativa provocó que el Gremio de Empresarios de Cine de Catalunya celebrara una jornada de huelga el pasado 1 de febrero, ya que afirman que la futura ley les costará hasta 30 millones de euros.