Manifestantes Pro-Tíbet se concentran delante de la catedral de Notre-Dame en París. AFP 

Mucho se ha hablado en las últimas semanas de los Juegos Olímpicos de Pekín. Desgraciadamente, la mayoría de las noticias que se han publicado no tienen nada que ver con el deporte y sí con la política. En realidad, la mayoría de ellas no hacen referencia ni tan siquiera a la preparación del evento.

La violación de los derechos humanos, la represión de China en el Tíbet y la censura del Gobierno han  sido objeto de crítica por parte de numerosas asociaciones y ONG y han copado la agenda de los medios de comunicación en los últimos días:

En China, la pena de muerte sigue vigente y se utiliza para “unos 68 delitos, entre ellos algunos no violentos, como fraude fiscal, malversación o aceptación de sobornos”, explicaba el director de la sección española de Amnistía Internacional (AI), Esteban Beltrán. ‘La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos: Promesas Incumplidas’ es el nombre del informe realizado por AI que fue presentado en Madrid el pasado 29 de julio, y que crítica la violación de los derechos humanos en China.

La pena de muerte, las detenciones sin juicio y la represión de activistas son algunos ejemplos que demuestran, según la organización, que el Gobierno chino no respeta  los valores de la democracia, y en consecuencia, tampoco respeta los valores propuestos en la carta Olímpica. Un objetivo que se marcó alcanzar dicho país cuando fue declarado sede olímpica en 2001.

En cuanto a la represión de activistas, este miércoles, sin ir más lejos, conocíamos la noticia de la detención y expulsión del país de cuatro extranjeros que colocaban una pancarta de ‘Tíbet será libre’. Quizás China aún recuerde con recelo como la llama olímpica fue apagada, a su paso por París, por opositores del Tíbet, una de las tantas representaciones de un conflicto que ha enfrentado a ambas regiones durante décadas. No obstante,  parece que los derechos de los tibetanos no son los únicos que están en juego. Otros casos, como el de Hu Jia, escritor chino que cumple condena por haber concedido entrevistas a periodistas extranjeros, es una muestra de que los primeros en sufrir la ausencia de libertad son los propios ciudadanos chinos. Justamente, el pasado martes conocíamos como la Audiencia Nacional admitía a trámite una querella contra China por la represión en el Tíbet.

Otros de los aspectos que ha dado mucho que hablar en los últimos días es el de la censura en el acceso a Internet durante los Juegos Olímpicos.  El tema había causado un revuelo importante a pocos días del inicio de los Juegos Olímpicos, ya que los responsables del Comité Olímpico Internacional (COI) insistían en que no habría censura, y el BOCOG, el Comité Organizados de los Juegos, decía que algunos sitios permanecerían bloqueados. La libre información sobre los juegos y la libertad de los periodistas estaba en juego.

Reporteros Sin fronteras (RSF) y el Club de Corresponsales Extranjeros en China (FCCC) fueron de los primeros en poner de manifiesto esta situación. RSF calificó a China en su momento como “la mayor cárcel del mundo para periodistas e internautas”. El BOCOG, por su parte, defendió la censura china a determinadas webs, alegando que el gobierno 'no autoriza la propagación de información ilegal'. Entre las páginas censuradas figuraban la de Amnistía Internacional, según un portavoz del propio comité, porque son informaciones que dañan “los intereses nacionales”. Finalmente, tanto el COI como el Comité Chino llegaron un acuerdo para desbloquear esas páginas , no obstante, parece que algunas seguirán sin estar accesibles. “Los corresponsales extranjeros  tendrán un acceso suficiente y conveniente a Internet', explicó a posteriori Sun Weide. Sin embargo, los Juegos Olímpicos pasarán y los más de 200 millones de internautas chinos seguirán con su habitual red censurada gracias al potente software que emplea el Gobierno chino.

Otra polémica referente a la censura en China ha nacido del propio Comité Olímpico Español (COE). El presidente del COE, Alejandro Blanco, advirtió a sus atletas que se exponen a ser expulsados de los Juegos si realizan declaraciones de 'contenido político', 

Esta posición del COE fue calificada de 'inaceptable' por la sección española de Amnistía Internacional, aunque recibió el apoyo del Gobierno español, 'es evidente que la familia olímpica tiene sus propias normas que hay que respetar', señalo la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.

Por último, y para añadir más incertidumbre al desarrollo de los Juegos, el lunes teníamos conocimiento de un atentado mortal en la provincia de Xinjiang , en el noroeste del país, en el que murieron 16 policías. Uno de los grandes miedos de las autoridades chinas es que durante el evento se produzcan ataques violentos protagonizados por grupos en conflicto con  el régimen comunista, como los tibetanos o los uigur. “Estamos preparados para gestionar cualquier amenaza”, explicaba Sun Weide, portavoz del BOCOG. Para ello el régimen ha reforzado aún más la seguridad de las instalaciones olímpicas.

En esta ocasión, una vez más los periodistas extranjeros tuvieron problemas con la policía china. Dos corresponsales japoneses fueron detenidos por la fuerza cuando trabajaban cerca de la comisaría que fue atacada el lunes por dos uigures. Los paramilitares trasladaron a los dos periodistas hasta la habitación de un hotel cercano, donde fueron golpeados con tal violencia que agarraron al fotógrafo de la cabeza y lo aporrearon contra el suelo, según el informe recogido por el FCCC, para tratar de impedir la cobertura del atentado ¿Boicot mundial contra los Juegos de Pekín o simple represión dictatorial?