Publicado: 18.12.2013 12:46 |Actualizado: 18.12.2013 12:46

Bruselas confirma el expediente a Real Madrid y Barça por recibir ayudas públicas ilegales

La Comisión Europea investiga las ventajas fiscales a los clubes que no son SAD, la permuta de terrenos entre el club blanco y el Ayuntamiento y los préstamos públicos a los equipos valencianos. Excluye la construcción de

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La Comisión Europea ha confirmado este miércoles lo que ya avanzó a principios de semana el ministro Margallo. Ha abierto una investigación en profundidad sobre las supuestas ayudas públicas ilegales concedidas por las autoridades españolas a Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao, Osasuna, Valencia, Hércules y Elche. Sin embargo, excluye de la investigación la construcción del estadio nuevo San Mamés.

Bruselas sospecha que estos clubes se beneficiaron de diferentes medidas que podrían vulnerar las normas comunitarias, entre las que se incluyen exenciones fiscales, avales del Instituto Valenciano de Finanzas y la "muy ventajosa" permuta de terrenos entre el Real Madrid y el ayuntamiento de esta ciudad, informa la CE en un comunicado.

En particular, la CE ha abierto "tres investigaciones pormenorizadas distintas" sobre cada tipo de medidas, que fueron comunicadas a Bruselas "por ciudadanos interesados" pero no por las autoridades españolas, según el Ejecutivo comunitario. "A la Comisión le preocupa que estas medidas confieran ventajas significativas a los clubes beneficiarios, en detrimento de aquellos que deben funcionar sin esa ayuda", señaló el organismo, que recordó que abrir una investigación formal "no prejuzga el desenlace de la misma".

"Los clubes de fútbol profesional deben financiar sus costes de funcionamiento y sus inversiones aplicando una buena gestión financiera en lugar de hacerlo con cargo al contribuyente. Los Estados miembros y las autoridades públicas deben cumplir las normas de la UE en este ámbito, al igual que en todos los sectores económicos", ha dicho el vicepresidente y responsable de Competencia, Joaquín Almunia.

 

La primera de las investigaciones se base en los posibles privilegios fiscales otorgados desde 1990 a Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Osasuna, los únicos en la Primera División española que no son Sociedades Anónimas Deportivas. Estos cuatro equipos "están exentos de la obligación general de que los clubes de fútbol profesional se transformen en sociedades anónimas deportivas" (SAD), lo que supone que disfrutan de "un tipo impositivo preferente del 25% en lugar del 30% aplicable a las sociedades anónimas deportivas", explicó la CE.

Otra investigación se centrará en el Real Madrid y su permuta de terrenos con el Ayuntamiento de la capital en 2011 para la construcción de la ciudad deportiva de Valdebebas. La operación es la siguiente: del trato por la venta de los terrenos de la antigua Ciudad Deportiva quedó pendiente un fleco de 70.000 metros cuadrados en Las Tablas -al norte de Madrid- que se tasó en 1998 en 595.000 euros. Sin embargo, el solar, que entraba dentro del convenio con el Ayuntamiento, era de titularidad pública, por lo que el club no lo podía explotar.

En 2011, se decide compensar al equipo cambiando esta parcela por otras, pero con la novedad de que el Consistorio ha incrementado notablemente su valor hasta cuantificarla en 22,7 millones. Para saldar sus deudas, el Ayuntamiento otorga varios terrenos al Real Madrid, que posteriormente son devueltos en otro intercambio. El objetivo final es que Florentino Pérez pueda remodelar el Santiago Bernabéu y hacer un hotel de lujo y un centro comercial en el lateral del Paseo de la Castellana.


En tercer lugar, la CE examinará si los avales concedidos por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para préstamos a los clubes de esta Comunidad, Valencia, Hércules y Elche, cumplieron las normas sobre ayudas estatales de la UE, "en un momento en que esos clubes atravesaban aparentemente por dificultades financieras". En el caso del Valencia, el Instituto Valenciano de Finanzas concedió un préstamo bancario de 75 millones euros en 2009 a través de Bancaja (ahora Bankia) a la Fundación Valencia Club de Fútbol, que se utilizó "para financiar la adquisición de acciones del Valencia CF" por dicha entidad. En el caso del Hércules el montante avalado fue de 18 millones y en el del Elche de 14.

Se da el caso de que, al ser avalista, la Generalitat es además accionista mayoritario del Valencia y el Elche, algo que contraviene la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas. El presidente valenciano Alberto Fabra ya ha dicho en varias ocasiones que no va a hacer frente a estas obligaciones. Por su parte, Bankia, a quien los chés adeudan en total más de 200 millones, anunció la semana pasada que no había recibido ningún "plan sostenible" de refinanciación. Lo cierto es que tanto el banco como el club buscan inversores para una venta. "Acabará comprado por cualquier fondo buitre", augura Ricardo Sixto, diputado de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) en el Congreso.

Se queda fuera de la investigación, contraviniendo lo afirmado por Margallo, la construcción del nuevo estadio de San Mamés. En un principio parecía que se iba a investigar el papel de la sociedad pública -San Mamés Barria- constituida para construir el nuevo feudo. El Athletic de Bilbao, la Diputación Foral de Bizkaia, el Gobierno vasco, Kutxabank y el Ayuntamiento de Bilbao pusieron unos 112 millones de euros. En concreto, el Gobierno vasco y Kutxabank colaboraron con 50 millones; la Diputación y el club pusieron 33 y 17, respectivamente, en terrenos; y el Consistorio aportaba los 12,1 que debía cobrar en tasas.

Las ayudas estatales pueden considerarse compatibles con la ley europea "si fomentan un objetivo común sin falsear de forma indebida la competencia en el mercado interior", aunque España "no ha aportado prueba alguna a tal efecto" hasta el momento, precisó la Comisión. La CE también duda sobre si las medidas podrían atenerse a la normativa específica de ayudas públicas para empresas en crisis, ya que España "no ha presentado ningún plan de reestructuración que demuestre cómo los clubes podrían volver a ser rentables" ni para limitar los efectos de las ayudas sobre la competencia.