MADRID.- Continúa la cruzada de la FIFA en contra de los famosos TPO o Fondos de Inversión cuyo empleo están terminantemente prohibidos por el máximo organismo internacional desde el pasado 1 de mayo. Como precisamente informamos en Público ese mismo “Día Internacional del Trabajador” de este 2015, sólo se permiten la propiedad de terceros sobre un jugador en aquellos contratos ya existentes hasta el 31 de diciembre del 2014 y que tendrán vigencia durante la fecha de duración del actual contrato. En el momento que finalicen deberán adaptarse a esta nueva normativa. Además todos aquellos contrato firmados con presencia de Fondos de Inversión entre el 1 de enero de este mismo año y el 30 de abril, el día antes de la entrada en vigor de la nueva normativa, tendrán un año para adaptarse a esta nueva legalidad.

Desde ese día está totalmente prohibido firmar un contrato de un jugador participado por un Fondo de Inversión en cualquier de las Federaciones nacionales dependientes de FIFA; incluida la Federación Española de Fútbol. La pregunta que surge entonces es: ¿cómo puede controlar FIFA que un jugador no está controlado por una fondo de inversión? ¿cómo evita que los clubes o jugadores inmersos en un traspaso digan toda la verdad?

Ya en mayo pasado la FIFA introdujo dentro del TMS, Sistema informático de Transferencias Internacionales famoso por el caso de David De Gea, una serie de variables obligadas a declarar por los clubes para evitar este posible “fraude” en torno a los fondos. Desde entonces los 6.000 clubes pertenecientes a las 209 asociaciones deben registrar en dicho TMS todos los contratos que, directa o indirectamente, estén participados por fondos. Deben especificar los datos del tercero involucrado, el nombre del jugador afectado y la duración de dicho contrato. Salvo las excepciones expuestas en el párrafo anterior, ningún club puede fichar a jugadores participados por fondos de inversión porque, en caso de hacerlo y en el momento de intentar incorporarlo al TMS, el propio sistema debería denegárselo.

Pero esta medida instaurada hace ahora seis meses presentaba una gran laguna: ¿Y si el club no incluye deliberadamente todos los datos en el sistema? ¿Y si aporta información que no es del todo veraz?¿Y si el jugador que dice no pertenecer a un fondo si lo está bajo su control? Si bien este tipo de actitudes están severamente castigados por parte de la FIFA, tal y como recoge la Circular 1478 de FIFA aprobada en Zúrich el pasado 6 de marzo que textualmente avisa de la “omisión del deber de proporcionar la información obligatoria y verídica en una orden del TMS o la solicitud incorrecta del Certificado de Transferencia Internacional”; lo cierto es que el margen del posible delito ha seguido existiendo. Eso pese a las sanciones existentes en caso de ser descubierto que pueden incluso privar de fichar jugadores a todo aquel club que inscriba de forma fraudulenta a un jugador controlado por fondos de inversión.

Ya existe, además, un precedente en este aspecto. Se trata del club belga Seraing que el pasado 17 de septiembre fue sancionado por la Comisión de Disciplina de FIFA con una multa de 136.000 euros y la prohibición de hacer fichajes durante dos años -lo que corresponde a cuatro ventanas de fichajes- por violar el Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de jugadores. Concretamente, por vender parte de los derechos económicos de algunos futbolistas a terceros y haber firmado contratos que permiten a terceros o Fondos de Inversión influir en las decisiones del club.

Declaración jurada por parte del jugador

Pues bien, la FIFA acaba de dar un paso más en su objetivo de cerrar el grifo a estos fondos, impidiendo cualquier traspaso fraudulento, y tratando de dotar de más transparencia dentro de las operaciones de transferencia de jugadores. A partir de ahora todos los clubes, al crear una orden en el TMS de traspaso de un jugador, están obligados a presentar una declaración sobre la propiedad de los derechos económicos de los jugadores por parte de terceros. Es decir, si está en manos de un fondo de inversión o no.

Hasta tal punto que, llegado el caso, el club implicado deberá cargar dentro del sistema una declaración firmada por el propio futbolista y su club de procedencia donde quede claramente probado y certificado que los derechos del jugador que se está traspasando en ese momento no están en propiedad de terceros o de famosos TPO o, dado el caso, debe incluirse el contrato con terceros. Es decir el papel donde queda patente qué porcentaje del jugador que se está transfiriendo está en manos de Fondos de Inversión e incluso el porcentaje que actualmente depende directamente de un tercero.

De esta forma ya no hay escapatoria posible de los clubes a la hora de tratar de “engañar” al sistema. Más que nada porque además estaría implicado también en el delito el propio jugador al firmar una cosa que no es verdad. Dicho de otro modo, coincidiendo con la próxima apertura del mercado de invierno de jugadores prevista para enero, cualquier operación de transferencia de jugadores exigirá dos nuevas condiciones a los clubes además de las ya existentes.

Por un lado la declaración de la propiedad de los derechos económicos del jugador por parte de terceros o fondos de inversión. Y por otro, y lo más importante, la prueba jurada firmada por el jugador y por el club anterior de que no existe propiedad de los derechos económicos de futbolistas por parte de terceros. Y en caso de existir, el club que se desprende del jugador deberá adjuntar una copia donde quede patente este acuerdo.

Y aquí no queda todo en este control y prohibición absoluta de los fondos de inversión dentro del fútbol mundial. La FIFA trabaja para poder introducir también en un futuro no muy lejano la obligación de los clubes de declarar la posible “clausula de comisión de venta futura”, en el caso de que ésta estuviera incluida en el contrato de traspaso objeto de transacción. Dicho de otro modo, de obligar a dejar constancia de cuánto dinero va a llevarse el fondo de inversión propiedad del jugador en caso de de que éste que acaba de ser fichado por un club, fuera traspasado a otro en un futuro. El “leiv motiv” de los TPO, hacerse con la propiedad de un futbolista para llevarse dinero en todas y cada una de las operaciones donde esté implicado.

El CSD y LaLiga, contrarios a esta prohibición de la FIFA

Pues bien, todas estas nuevas excepciones realizadas recientemente por FIFA ya son conocidas por todos los clubes españoles. Es la Federación Española de Fútbol la encargada de comunicárselo a través de una circular interna. Esto supone, con motivo de la próxima apertura del mercado prevista para el 4 de enero del 2016, todos aquellos clubes de Primera y Segunda que quieran traspasar internacionalmente jugadores, deberán incluir este requisito. Con el riesgo que supone, como comentamos líneas atrás, de no hacerlo. Se exponen a sufrir una sanción similar a la que está sufriendo actualmente el FC Barcelona y que finaliza precisamente en la próxima ventana de jugadores.

Este conflicto sobre los fondos de inversión es especialmente complejo cuando hablamos de España. Resulta que el Consejo Superior de Deportes, el máximo organismo del deporte español, sigue sin aprobar en su Comisión directiva esta norma FIFA obligatoria desde el pasado 1 de mayo y vigente en el Reglamento de la Federación Española desde diciembre del 2014. Se trata de una condición indispensable en nuestra legislación para que cualquier cambio de normativa tenga vigencia.

Hasta el punto de que el propio CSD solicitó un informe a la Comisión Nacional de la Competencia acerca de la legalidad o no a la hora de prohibir estos fondos. Informe que venía a dar la razón al CSD y también a LaLiga, claramente partidaria junto al Gobierno de la utilización “regulada” de los fondos de inversión en el fútbol. Hasta el punto llega el posicionamiento de la patronal española que, junto a la portuguesa, tienen denunciado ante la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea este acuerdo de FIFA por considerar que restringe la libertad de los jugadores, los clubes y de terceros sin ninguna justificación o proporcionalidad.

Así pues nos encontramos en España una situación un tanto anómala. Por un lado, FIFA a través de la RFEF sigue incluyendo normas con el fin de impedir el uso “fraudulento” de los fondos. Por otro el Gobierno y, especialmente LaLiga o patronal, se oponen abiertamente a este control. Y en medio de todo están los clubes que se exponen, en caso de no seguir los preceptos de FIFA, a durísimas sanciones.