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Torpeza o connivencia

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No es novedoso que los tramposos exijan la presunción de inocencia, que entienden como patente de corso. No recuerdo a ningún deportista que, tras pronunciar las consabidas frases de 'nunca me he dopado y exijo la presunción de inocencia', cuando el contraanálisis confirma el positivo, salga a los medios a dar la cara.

Tampoco es novedoso que los responsables políticos locales y autonómicos cierren filas en defensa del paisano agraviado y que los de nivel nacional defiendan la exigencia de las leyes antidopaje y digan que en España los tramposos deportivos son rara avis porque los controles son cada vez más exigentes.

Por supuesto, el presidente de turno sale a defender su gestión y la cuantifica por el número de medallas alcanzadas en las lizas internacionales, cuando en ese logro la influencia federativa apenas puede cifrarse en algo más de un diez por ciento. Se limita a residencia o ayuda para residencia, alimentación y asistencia médica a efectos de masajes o tratamientos de fisioterapia.

Porque el médico de cada atleta suele ser el secreto mejor guardado, lo que ya permite entrever que algo no marcha bien. ¿Por qué se oculta el nombre del médico personal del atleta? Si la respuesta fuera la siguiente, sería tremenda: el nombre del médico permite saber por qué un atleta logra marcas que nadie pensaba. Ese mérito debería corresponder al entrenador que se ocupa de la preparación del deportista. Pero la realidad es que algunos entrenadores sólo trabajan con ciertos médicos, que muchos de sus atletas son llevados por el mismo agente, hombre de confianza del entrenador que en otro tiempo fue atleta suyo y al que hizo triunfador. En resumen, la pescadilla que se muerde la cola en un estrecho clan que se conoce desde hace años.

Lo novedoso y preocupante es que el presidente del deporte que ha provocado el escándalo tenga como vicepresidenta a la atleta que pasaba, como él, por adalid de la lucha antidopaje, pero que ha sido cazada por la Guardia Civil con poco menos que un almacén de productos dopantes en su propio domicilio.

Ese presidente, patrocinador de la gran tramposa, tiene en su comité técnico una especie de Guardia de Corps que lo ampara en todas sus decisiones, le sean consultadas o no. Tiene al más célebre y temido de los técnicos nacionales (según la Guardia Civil, máximo responsable de la red descubierta). El apoyo a las decisiones del presidente del citado comité técnico va en el sueldo y también el mirar para otro lado cuando se ven o escuchan cosas que se hacen y que están prohibidas, como acaba de reconocer uno de esos miembros. En el mismo comité, y como uno de sus máximos responsables, está Luis Miguel Landa, el entrenador del más reciente positivo de nuestro atletismo, José Luis Blanco, que, casualidades del destino, ha sido uno de los escasos descubiertos por los servicios antidopaje de la Federación.

Si a todo lo escrito se añade que una gran mayoría de la flor y nata del atletismo español no involucrada en la red descubierta se queja de manera pública y en carta abierta de la impunidad con la que han contado los tramposos, parece evidente que resulta imposible defender la gestión del presidente de la Federación, máxime si, como es el caso, ya lleva en el cargo casi 22 años y hace en su federación lo que le apetece. Desde indicar a los atletas la prueba que deben hacer a sugerirles que sea el gran gurú (Manuel Pascua Piqueras) el que los dirija, porque él es el mejor, que conste.

Por tanto, habrá que estar de acuerdo con aquellos que piensan que o hubo torpeza o connivencia en la propia Real Federación Española de Atletismo.