No hará falta autorización

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El Gobierno ha dado el banderazo de salida para la que puede ser una de las reformas de mayor calado de los últimos años: la liberalización del sector servicios. Al hilo de la transposición de la directiva de la UE en la materia, la nueva regulación tratará, sobre todo, de facilitar al máximo el comienzo de nuevos negocios o el desarrollo de los existentes con las menores trabas posibles.

La reforma consagra la libertad de establecimiento y la libertad de prestación de servicios. Esto se traduce, por ejemplo, en que, por norma general, no será necesaria la autorización previa para comenzar una actividad, sino que bastarán con notificaciones o declaraciones a la Administración competente de que se cumplen los requisitos necesarios. Así se acabarán los largos tiempos de espera que, en muchos casos, un emprendedor tiene ahora que soportar para que su negocio comience a funcionar.

Además, la reforma busca reducir los requisitos y trámites para la prestación de servicios. Según subrayó ayer el secretario de Estado de Economía, David Vegara, "solo se exigirán los requisitos que no sean desproporcionados, que no sean discriminatorios, y que se justifiquen por razón de interés general".

Vegara puso algunos ejemplos de lo que se quiere evitar. El tiempo para montar una fontanería va desde los 15 a los 240 días, según sea de complicado el régimen de autorización de la comunidad autónoma, y los costes oscilan entre los 100 euros y los 2.700; en montar un híper, se puede tardar de 45 a 240 días y costar entre 178 y 6.000 euros.

Vegara explicó que la nueva regulación del sector servicios supondrá también revisar los requisitos que ahora se exigen en muchas actividades, sobre la forma jurídica de los negocios, la plantilla mínima que debe tener, los metros cuadrados mínimos de su local... "Los que no se justifiquen, deberán suprimirse", subrayó.

El proceso, sin embargo, será largo. El Consejo de Ministros analizó ayer el anteproyecto de ley sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios que se ha enviado a las autonomías y a los órganos consultivos . Esta norma, que se conoce como ley paraguas, recoge los principios generales de la reforma para aplicarlos a las normas existentes y a las futuras. Se calcula que el texto comenzará su tramitación parlamentaria a principios de 2009.

Luego vendrá la modificación de normas concretas. El Gobierno estima que hay unas 7.000 disposiciones y procedimientos afectados por la directiva de la UE, el 90% de los cuales son de las autonomías y ayuntamientos. El otro 10% son 80 leyes estatales, y 370 reales decretos y reglamentos. Su modificación se recogerá en una llamada ley omnibus, que se prevé tener también con el comienzo del año

El vicepresidente económico, Pedro Solbes, dijo que estas leyes son "las más importantes de la legislatura", y suponen "las reformas más relevantes de modernización de la economía". La liberalización de los servicios, según el Ministerio, puede añadir 0,3 puntos a la tasa de crecimiento del PIB y reducir en 0,6 puntos el diferencial de precios con la UE (ahora es de 1 punto).