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En los dos últimos años, el sector fotovoltaico ha crecido un 900% en España. - jupiter

El Ministerio de Industria prepara una batería de medidas para castigar a los agentes involucrados en la presunta estafa en el sector fotovoltaico que investiga la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

Ante la magnitud que podría alcanzar el fraude (en el que estarían involucrados numerosos promotores solares y los Gobiernos regionales, que son los que han dado las licencias), Industria prepara un endurecimiento de la normativa que podría estar listo para el próximo enero.

Según fuentes al tanto de los planes de Industria, se trataría de castigar, mediante una norma a la que se dará "el mayor rango jurídico", a aquellos promotores que están cobrando de forma irregular la prima vigente antes del pasado 29 de septiembre, cuando se aprobó un nuevo régimen retributivo que redujo un 35% lo que cobran las plantas.

Mediante esa modificación, se consideraría que los infractores que sean descubiertos incurrirían en una figura jurídica que va más allá de la mera sanción administrativa, como ahora (que se salda con el pago de una simple multa) y la infracción sería considerada un delito penal, por considerar que se han falsificado los documentos de inscripción de las instalaciones.

Para detectar el fraude, Industria pedirá datos al servicio de Aduanas y a Hacienda para constatar si los paneles importados de otros países o comprados en España se corresponden con los que los promotores fotovoltaicos dicen haber puesto en funcionamiento.

El Ministerio, asegura una fuente conocedora de los planes de Industria, "tiene capacidad jurídica para actuar tanto contra sociedades privadas como contra instituciones públicas, y no dudará en hacerlo".

No obstante, las mismas fuentes señalan que Industria quiere "formar equipo" con las comunidades autónomas para llevar adelante esta campaña de limpieza.

La dimensión del fraude todavía no está clara: la CNE lo ha cifrado en 600 megavatios, lo que equivale a unas 1.200 instalaciones fotovoltaicas.

Si esa cantidad fuera cierta, el fraude podría ser multimillonario y dejaría en anécdota otras estafas similares como la del lino: alcanzaría los 3.000 millones de euros, aunque el 99,9% de ese dinero (que sufragan todos los consumidores mediante un porcentaje de la tarifa eléctrica) todavía no se ha pagado, ya que las primas funcionan como una concesión a 25 años que acaba de iniciarse.

Las primas a la fotovoltaica, además, contribuyen al denominado déficit de tarifa (desfase entre el coste de generar la electricidad y lo que paga el usuario), un agujero multimillonario (16.000 millones) para el que el Ministerio podría presentar una solución consensuada con las eléctricas la próxima semana.

La medida de Industria llega después de que la propia patronal fotovoltaica, Asif, pidiera al Ministerio un refuerzo de las inspecciones, por considerar que el posible fraude "afecta negativamente a la buena imagen y al desarrollo del sector", y le reclamara "el máximo rigor" en la aplicación de sanciones a losresponsables.

Fuentes próximas a la patronal dicen que una parte importante de los casos sospechosos corresponde a plantas que, pese a estar en regla, no entraron en funcionamiento en la fecha debida porque las distribuidoras (Endesa, Iberdrola o Unión Fenosa) no procedían al enganche. Uno de los pocos responsables del sector que se ha pronunciado ha sido Pedro Rivero, el presidente de la patronal eléctrica, Unesa. "Al final, (el fraude demostrable) se quedará en un 5% de lo que se pensaba", ha pronosticado.