El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, añadió ayer otra idea al encendido debate sobre el futuro de las pensiones en España: en su opinión, una 'estrategia de recepción e integración' de los inmigrantes podría contribuir a garantizar la supervivencia a largo plazo del sistema. Como el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el ex ministro socialista también defiende un alargamiento de la vida laboral para hacer frente al gasto por el envejecimiento de la población en el futuro.

Almunia sugirió que las reformas son urgentes. En su opinión, España tiene más margen para afrontar la situación que otros países europeos, pero, si no actúa ya, cuando se decida a hacerlo 'será más penoso y costará más'. En opinión del comisario europeo, si se tomaran medidas ahora éstas serían 'prácticamente indoloras', por lo que 'no hay que hacer ningún drama'.

Para el comisario, si no se interviene, «será más penoso y costará más»

Otras propuestas de Almunia son fomentar la natalidad a largo plazo a través de la conciliación de la vida familiar y laboral y abordar reformas en los sistemas de protección social (no sólo en los de pensiones, también en la sanidad y los servicios sociales) 'para ponerlos en una senda de sostenibilidad'.

Respecto al alargamiento de la edad de jubilación, el comisario europeo apostó por elevar el nivel de actividad laboral para la población con más de 55 años, que en la actualidad en España es un 15% inferior a la media, aunque mostró su preferencia por hacerlo a través de incentivos, como ha hecho Alemania, en lugar de retrasar la edad de jubilación, como Holanda, donde se ha pospuesto hasta los 67 años.

En opinión del comisario, la 'aparente dicotomía' que se produce entre el alargamiento de la vida laboral y el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo se resuelve con el crecimiento económico.

El coste asociado a la longevidad de la población duplicará en 2060 al de la UE

Almunia sí desaconseja que España adopte un sistema privado de pensiones. En su opinión, hacerlo implicaría utilizar un sistema de capitalización, que podría verse perjudicado por la actual crisis financiera. De hecho, apuntó, los Estados que han adoptado ese modelo en los últimos años podrían verse forzados a volver al sistema tradicional de reparto.

En su comparecencia en la comisión no permanente del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, Almunia dijo que alcanzar un acuerdo político en ese foro (lo que implica un pacto unánime de todos los grupos parlamentarios) es 'clave'. Y advirtió de que, si no se introducen reformas, el sistema español de pensiones podría empezar a tener problemas en la décadade 2020 ó 2030.

Gasto al alza

Según el informe sobre el impacto del envejecimiento de la UE que hoy presentará la Comisión Europea, en 2060 el gasto público derivado del envejecimiento de la población podrá alcanzar en España el 9% del PIB, casi el doble respecto al 4,7% previsto para el conjunto de la UE-27. Este gasto incluye el coste asociado a las pensiones, así como los correspondientes al sistema de salud, los servicios sociales, las prestaciones por desempleo o la educación.

Almunia advirtió de que la crisis, cuya salida para España será, en su opinión, más tardía que para otros países de la UE, 'añade más dificultad' a un panorama complicado: en su opinión, es necesaria una 'renovación demográfica' en Europa, junto a una economía 'más productiva y con mayor dinamismo'.

Otros son aún más pesimistas que Almunia. Un estudio de los profesores Javier Díaz-Giménez, de la escuela de negocios IESE, y Julián Díaz-Saavedra, de la Universidad de Granada, augura que el sistema de pensiones español, con sus reglas actuales, tendría su primer déficit en 2015 y agotaría su fondo de reserva en 2026. En opinión de los autores, gran parte de los problemas del sistema se resolverían retrasando tres años la edad de jubilación, actualmente fijada en 65 años.