María (nombre ficticio) es una parada de 59 años que cobra el subsidio por desempleo para mayores de 52 años. Sólo le quedan dos años para pedir la jubilación anticipada y hasta entonces va tirando con la ayuda del Estado (421,79 euros) y la renta de un piso que no declara porque le quitarían el subsidio. No tiene ninguna intención de buscar trabajo (probablemente tampoco se lo darían), pero está dada de alta en el paro para cobrar la ayuda y por que es uno de los requisitos que le exigirán para pedir la jubilación especial.

Como María, miles de ciudadanos españoles están inscritos en el paro por necesidad, o burocracia, pero no porque quieran, o puedan, encontrar un trabajo. Y es que el sistema de protección español está estructurado para que la condición sine qua non para percibir una ayuda sea hacer antes la cola del INEM.

El caso más conocido es el de los prejubilados (alrededor de 60.000) que, aunque tienen prohibido encontrar otro empleo para cobrar su prejubilación, tienen obligación de estar dados de alta en el paro para demostrar precisamente éste punto, que no tienen otro trabajo. En el caso de los ciudadanos con menos recursos, el débil sistema de protección social dirigido a familias, madres solteras o colectivos en riesgo de exclusión les obliga a inscribirse en el desempleo para percibir el subsidio asistencial.

Los datos hablan por sí sólos: en España, el gasto per cápita destinado a evitar la exclusión social apenas llegó a 60 euros en 2006, frente a los 93 euros de media de los países comunitarios. En el caso de Francia, Irlanda o Grecia, la cuantía sube por encima de los 120 euros.

La comparación es peor en el caso de las ayudas para vivienda, que en la media de la zona del euro sobrepasan los 110 euros y en España apenas suponían 40 euros de gasto por persona. Las ayudas para familias y niños o para huérfanos y viudas, son la mitad en España que en la zona del euro. Sin embargo, España gasta mucho más que sus vecinos en desempleo, alrededor de un 13% del gasto social total (frente al 6,6% que representa en los países del euro) y un 2,5% del PIB en épocas de bonanza (este año puede superar el 3%).

Los expertos avisan también de otro efecto pernicioso de las medidas para parados del Gobierno o la iniciativa privada, como la moratoria de las hipotecas, los máster para parados universitarios o los descuentos telefónicos: el efecto llamada. Cuando proliferan las ayudas para los que no tienen trabajo, muchos se acercan a la oficina de empleo y cumplir la condición necesaria para ser necesitado en España: estar apuntado al paro.