Los municipios turísticos del litoral español empiezan a dar la voz de alarma. Servicios públicos como la recogida de basuras, la limpieza de las playas o la Policía municipal tienen un coste en temporada alta para las arcas locales que nada tiene que ver con el volumen de población censada. La crisis y el agotamiento del modelo desarrollista se han llevado por delante la principal fuente de financiación: el ladrillo. Y la única opción para financiar esos servicios parece ser seguir engordando la deuda.

Aunque nadie quiere hablar de que la situación corra el riesgo de afectar al turismo este verano, el margen no es muy amplio. Según el informe sobre deuda de los entes locales del Ministerio de Economía recogido por Hosteltur, si 'los ayuntamientos españoles deben a la banca, como media, 566 euros por habitante', en muchos municipios turísticos esta ratio se dispara.

Así ocurre con el municipio de Pájara (Fuerteventura), con 1.567 euros por habitante censado; Calviá (Mallorca), con 1.405 euros; Benidorm (Alicante), con 1.010 euros por habitante) o Lloret de Mar (Gerona), con 814 euros por habitante.

El agravamiento del problema se puso sobre la mesa en la reunión que mantuvo recientemente el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con representantes del sector turístico. Según varios de los asistentes, Zapatero propuso al secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, que se estudien las necesidades de los municipios turísticos, para incluirlas entre las condiciones de acceso a los recursos que se van a movilizar en 2010 contra la crisis: el Fondo de Financiación para la Economía Sostenible, que movilizará 20.000 millones de euros a través del ICO, y los 5.000 millones del Nuevo Fondo de Inversión Local.

El objetivo de estos municipios es tener la flexibilidad suficiente para que ni en invierno, cuando las urbanizaciones de segunda residencia se convierten en pueblos fantasmas y la vida vuelve a ser patrimonio del centro de la población, ni en temporada alta, cuando en el paseo marítimo no cabe un alfiler, quede un contenedor sin recoger, una zona sin control ni una playa sin limpiar.

En 2002, se buscó una forma de inyección directa de recursos desde el Gobierno central a los consistorios turísticos dentro de la Ley de Haciendas Locales. Se fijaron una serie de características para entrar a formar parte del listado de municipios turísticos, como que las viviendas de segunda residencia superasen a las principales, y se otorgó a los ayuntamientos seleccionado un 2% del IVA recaudado por consumo de hidrocarburos y tabacos en la localidad.

La realidad hoy es que resulta complicado incluso conocer qué municipios tienen la consideración de turísticos ni si les está llegando lo que establece la normativa. Tener las playas hasta la bandera no parece suficiente para ser turístico de forma oficial, como demuestra el caso de Benidorm. Aún siendo una de las poblaciones que soporta un mayor sobredimensionamiento de los servicios durante más meses del año, no está considerado, a los efectos normativos, un municipio turístico.

La paradoja ha llegado a que determinadas poblaciones que logran ayudas puntuales, como los créditos del Fondo de Modernización de Infraestructuras Turísticas (FOMIT) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, no logren entrar en el listado y con ello en el grupo financiado directamente por el Estado.

Ante esta situación, el pasado mes de marzo, Convergencia i Unió presentó una moción ante la Comisión de Fomento del Senado para 'instar al Gobierno a incorporar como municipios turísticos, a efectos del régimen de financiación previsto, a todos aquellos que hayan sido beneficiarios de Planes de Excelencia o Dinamización Turísticos'.

CiU hace hincapié en que 'los servicios específicamente turísticos, como la información, el mantenimiento de recursos culturales y naturales, las dotaciones suplementarias de policía y seguridad ciudadana y actuaciones extraordinarias de limpieza viaria y mobiliario urbano exigen una financiación adicional' que 'debe ser asumida en la mayoría de los casos por los municipios'. La Ley de Haciendas Locales intentó ser una solución pero, recuerda CiU, 'la definición de municipio turístico es muy restrictiva, de manera que oficialmente muy pocos tienen esta consideración por parte del Estado'.

La máxima responsable de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias, Lourdes Costa, comenta que, cuando 'se resuelva el tema de la financiación autonómica', cuyos últimos flecos están intentando cerrarse ahora, 'será el momento de hablar de la financiación local y de este asunto'.

Algunas comunidades autónomas, como Andalucía, gobernada por el PSOE, o la Comunidad Valenciana, que gestiona el Partido Popular, han utilizado las competencias transferidas en materia de turismo para desarrollar sus propias normativas de financiación. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, ha destinado este año 30 millones de euros a estos municipios. Pero en las dos autonomías las quejas de las poblaciones de distinto signo político al del Gobierno autonómico han convertido el acceso a los fondos en una guerra en la que compiten municipios vecinos con características similares.