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"Durante el próximo año estaremos previsiblemente por encima de los cuatro millones de parados"

La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda defiende que 'la actitud y los planteamientos de la CEOE han hecho imposible el pacto social'

AMPARO ESTRADA Y FERNANDO SAIZ. FOTOGRAFÍAS: MÓNICA PATXOT

Se declara 'muy de izquierdas', más en lo social que en lo económico, aunque reconoce que la economía 'tiñe' lo social. Elena Salgado (Ourense,1949), vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, dice ser tan socialista como el que más, aunque sin carnet del PSOE porque nunca lo ha necesitado.

¿Cuál es la situación del proceso de Diálogo Social?

Como es sabido, el Gobierno y los interlocutores sociales llevamos semanas tratando de llegar a un acuerdo que proporcione confianza en un momento económico difícil. Lamentablemente, la actitud y los planteamientos de la CEOE han hecho que hoy por hoy ese acuerdo sea imposible.

¿Cómo interpreta los cambios en la posición de la patronal CEOE durante las negociaciones?

Creo que la interpretación es clara. La patronal debe darse cuenta de que los españoles tenemos un activo que se llama Pacto de Toledo, que protege nuestro sistema de pensiones. Y la medida que propone la CEOE de rebajar cinco puntos las cotizaciones sociales es un ataque frontal al Pacto de Toledo. Por eso, tengo una sensación de cierta incomprensión sobre la dinámica que ha llevado la CEOE en la negociación, especialmente en las últimas semanas.

Esa dinámica negociadora de la patronal ¿podría esconder un deseo de evitar una foto de acuerdo social que daría oxígeno al Gobierno?

Prefiero parecer bien pensada y decir que esa no es la razón. En todo caso, la CEOE no le da el mismo valor al Diálogo Social que le damos desde el Gobierno y no parece darse cuenta de que son los trabajadores los que más están sufriendo esta situación de crisis. Y, por otro lado, el acuerdo hubiera dado confianza al conjunto de la sociedad.

Sin acuerdo, ¿qué decisiones tomará el Gobierno?

Las que entienda que son las adecuadas para favorecer la recuperación económica y evitar la destrucción de empleo. Y, por supuesto, las medidas necesarias para hacer frente a la situación de las personas que más sufren esta crisis, los trabajadores desempleados.

¿Y cómo se van a financiar esas medidas?

Evidentemente, el mayor gasto en protección social nos obligará a mayores esfuerzos de austeridad en otros ámbitos.

¿Se descarta una subida del IVA?

Aunque sabemos que nuestro tipo medio de IVA está por debajo de la media europea, tenemos una situación de debilidad en el consumo y, por tanto, es necesario hacer una evaluación muy precisa de las consecuencias de una medida como esa. Hoy por hoy no está en absoluto en nuestras previsiones una subida.

Uno de los objetivos es reducir la temporalidad. Hay propuestas de nuevos modelos de contrato pero han sido rechazadas por los sindicatos y el Gobierno. Entonces, ¿cómo se puede reducir la temporalidad en España?

Una vía indirecta es fomentar los procesos de formación. Los empresarios entenderán así que es mejor reducir la temporalidad porque lo contrario sería desperdiciar los recursos que han empleado en formar a sus trabajadores. Además, también ayudará el hecho de que se reduzca el peso de la construcción residencial en España, que tiene un índice elevado de contratos temporales, en beneficio de otros sectores económicos de futuro.

¿No está de acuerdo entonces con la propuesta realizada por cien economistas, y que fue suscrita por su secretario de Estado de Economía, para crear un contrato con indemnización por despido creciente según la antigüedad?

Pues no. Francamente, no creo que esa sea la solución para reducir la temporalidad. Tenemos un problema con los jóvenes, pero creemos firmemente que se resuelve mejor con una mejor capacitación profesional que no con tipos de contrato distintos.

Eso quiere decir que en su opinión no hace falta una reforma laboral.

No, no es necesaria la reforma laboral, al menos en tanto en cuanto esté asociada, como ocurre ahora, a determinadas propuestas de nuevos contratos y mayores facilidades de despido.

¿En qué momento del ciclo de la crisis nos encontramos?

Estamos en una fase de desaceleración de las tendencias negativas de la actividad económica. Seguimos cayendo y vamos a tener todavía unos trimestres de crecimiento económico negativo, pero con menos fuerza, y espero que a mitad de 2010 estemos ya en positivo.

¿Y qué podemos esperar del impacto en el mercado laboral?

Creo que también veremos una desaceleración de la destrucción de empleo y del aumento del paro.

¿También para después del verano?

Veremos. Nuestra previsión es que el desempleo va a seguir creciendo un tiempo, aunque a tasas y ritmos menores, pero es cierto que el empleo es un indicador retrasado que refleja más tarde las mejoras en la situación económica.

¿Cómo valora los datos de la EPA del viernes?

Son datos que demuestran que las medidas que hemos tomado están surtiendo efecto y hay, por tanto, una desaceleración importante de la destrucción de puestos de trabajo. Entre abril y junio, el empleo ha caído menos de una quinta parte de lo que lo hizo en el primer trimestre. Sin embargo, hay que ser prudentes y esperar a los próximos meses para ver cómo sigue evolucionando el empleo en un contexto de dificultades económicas como el actual.

 

¿Pero vamos a llegar a los cinco millones de parados en 2010?

En media, en 2010 podremos tener una tasa de paro superior a la del 2009, pero creo que no llegaremos a los cinco millones, aunque previsiblemente durante todo el año que viene estaremos por encima de los cuatro millones. Aunque es complicado hacer previsiones, porque influye, y mucho, la evolución de la población activa, que en este momento se está desacelerando por la crisis económica y la reducción en la entrada de inmigrantes.

¿Y qué les diría como ministra de Economía a esos más de cuatro millones de parados?

Que estamos adoptando medidas para proteger sus derechos. Hemos complementado las dotaciones para pagar las prestaciones de los desempleados y vamos a tratar de incrementar su empleabilidad, es decir, mejorar su capacitación profesional para que tengan más oportunidades de encontrar empleo.

Una cosa es que empecemos a tener tasas positivas de crecimiento a mediados del año que viene y otra que volvamos a los niveles de PIB que teníamos en 2007. ¿Cuándo volveremos a los niveles de riqueza de 2007?

Tardaremos un poco. Tenemos previsto un crecimiento del 1,8% para 2011 y del 2,7% en 2012, así que hacia esa fecha estaremos ahí.

Hay un cierto consenso a nivel internacional de que la recesión ha tocado fondo y muchos países están preparando ya una estrategia de salida de la crisis. ¿Cuál es la nuestra?

Es la misma que la de otros países y consiste básicamente en ir retirando paulatinamente los estímulos fiscales extraordinarios que hemos implantado para luchar contra la crisis conforme vayamos recuperando el crecimiento económico. Pero, además, nos proponemos cambiar nuestro modelo económico para reducir el peso del sector de la construcción, e iremos bajando también la deuda de la economía española, porque en deuda pública no estamos mal pero el endeudamiento de las familias y de las empresas es muy fuerte. Lo mismo podemos decir del déficit exterior, aunque ahora esté en retroceso por el impacto de la crisis.

De cara al presupuesto de 2010, ¿qué estímulos o ayudas se van a suprimir?

De entrada, el Fondo Local de Inversiones de 8.000 millones de este año se va a reducir hasta 5.000 millones, y el fondo adicional de 3.000 millones no está previsto que continúe en 2010, así que ya ahí vamos a tener unos ahorros presupuestarios importantes.

¿Y se eliminará también la deducción fiscal de los 400 euros, toda o en parte?

Eso lo estamos analizando, pero no tomaremos una decisión hasta que presentemos los Presupuestos.

Y en este contexto, ¿qué esfuerzo se le va a pedir a los funcionarios?

Habrá que discutir con ellos el incremento salarial. El año pasado fue de un 3% porque la negociación se realizó cuando la inflación estaba casi en el 5% y porque había un acuerdo plurianual que cumplir. Este año no lo hay, y lo que hay que trasladar a los sindicatos de los funcionarios es que tienen que acomodarse a la situación económica.

¿Y eso pasa por la congelación salarial?

Eso pasará por negociar con ellos la subida, teniendo en cuenta la referencia del objetivo de inflación, que todavía no hemos determinado. Pero nuestro objetivo es que el capítulo uno de los presupuestos, que incluye pensiones y salarios de los funcionarios, si crece, lo haga muy moderadamente.

La Oferta de Empleo Público, ¿será muy restrictiva?

Sí, muy, muy restrictiva, incluso más que este año. Por supuesto, si existen necesidades específicas, por ejemplo en el ámbito de la justicia o de la seguridad, procuraremos atenderlas.

El secretario de Estado de la Seguridad Social defendió hace poco la necesidad de introducir la contratación a tiempo parcial en la Administración. ¿Qué piensa de ello?

No tenía constancia de esa propuesta. El Estatuto de la Función Pública tiene bien delimitadas las posibilidades de contratación, y no pensamos en cambiarlo, pero en todo caso, si el secretario de Estado ha lanzado esa idea, tal vez esté pensando en el ámbito de la Seguridad Social.

¿Cuáles son las expectativas de aprobación parlamentaria del proyecto de presupuestos, tras el acuerdo sobre financiación autonómica?

No tengo dudas sobre su aprobación porque espero que seamos capaces de elaborar un proyecto con apoyos suficientes. Incluso creo que podemos conseguir un consenso mayor del que se puede ahora vislumbrar en el horizonte.

Se cumplen dos años del inicio de la crisis y ya están empezando a proliferar algunos bonus escandalosos ¿es posible establecer límites formales y legales a los incentivos de los altos directivos?

Eso se va a intentar hacer en Europa, particularmente en las entidades financieras que reciban algún tipo de ayuda pública. Incluso, con carácter general, se va a hacer una recomendación, que por lo tanto sólo tendrá valor moral, pero que razonablemente terminará siendo seguida porque formará parte de los Códigos de Buen Gobierno. Una recomendación global de que las retribuciones de los directivos tengan que ver con el cumplimiento de los objetivos en el medio o largo plazo más que con objetivos a corto, que es lo que ha estado en la base de algunos de los problemas que hemos tenido.

¿Cómo recibe usted noticias como que la indemnización del presidente de Iberia sea de seis millones de euros en un momento de crisis o que un presidente de una empresa como Iberdrola se pueda embolsar tres millones de euros cuando existen más de cuatro millones de parados?

Una cosa es mi consideración personal y otra que los contratos están para cumplirse. La seguridad jurídica es lo que debe primar. Mi opinión personal sería que se limitaran ese tipo de prácticas pero los contratos ya firmados hay que cumplirlos, salvo que los interesados renuncien a esas cuantías.

¿Y de cara a contratos futuros?

No hay posibilidad de intervenir en la vida de una empresa diciendo lo que tienen que cobrar sus directivos. Hay una recomendación europea, en el caso del sector financiero en particular porque es un sector donde los incentivos pueden ser a muy corto plazo y condicionar el funcionamiento de los mercados. No es lo mismo en un sector industrial donde los incentivos de los directivos difícilmente condicionan el funcionamiento de los mercados.

¿El presupuesto de la Casa Real va a seguir siendo tan opaco como siempre?

Hemos recibido hace dos meses una petición de la Casa Real de que su presupuesto no crezca el próximo año.

¿Pero conoceremos el desglose de sus gastos?

Es un presupuesto limitado y creemos que debe haber cierta flexibilidad interna.

¿Cuáles van a ser las prioridades del Presupuesto del Estado?

Como Gobierno progresista, desde luego mantener y mejorar la protección social, particularmente en el ámbito de la dependencia y de la protección a los desempleados, así como mantener la inversión productiva porque crea riqueza y crea empleo. También seguir prestando una atención preferente a la ayuda al desarrollo, que es una de nuestras señas de identidad.

¿Por qué el cambio en el ICO? ¿Es un cambio de personas o también un cambio de modelo?

Los cambios hay que verlos con naturalidad. El presidente del ICO llevaba varios años y ha hecho una tarea excelente. El perfil del nuevo presidente es muy adecuado para la nueva etapa: una persona conocedora del sistema financiero desde dentro.

Pero muchas líneas del ICO no están funcionando

El problema seguramente está en el diseño de las líneas; el nuevo presidente conoce las dificultades que para las entidades financieras supone tal profusión de líneas, cada una de ellas con características distintas. Tomar conciencia de los problemas que tienen los del otro lado de la mesa es muy conveniente y pondremos más medios para que el funcionamiento sea más ágil.

¿El crédito empieza a descongelarse?

Creo que empieza a haber señales en ese sentido. Los índices de confianza están creciendo, empieza a haber señales positivas en número suficiente, en España y fuera de España, y si el Gobierno apoya el crédito, como es el caso de España, todavía mejor. Hemos hecho actuaciones importantes de aportación de liquidez a las entidades financieras y la liquidez no es para que se sienten sobre ella (en expresión de un colega europeo) sino para que vuelva a fluir el crédito.

Pues les está costando.

Está costando un poco más de lo que pensábamos.

¿Van a hacer algo más para lograr esa fluidez?

Estamos revisando todas las líneas de crédito del ICO para hacerlas más sencillas en su tramitación y que de verdad se utilicen al máximo.

Tras la constitución del Fondo de Rescate (FROB) ya se han producido movimientos importantes ¿van en la dirección correcta?

En general nos parece que sería bueno que se iniciara un proceso de concentración, pero no es el Gobierno el que tiene que opinar sobre los casos concretos.

Aprovechando esta ola de fusiones, algunos mandatos de presidentes de cajas que llevan mucho tiempo en el cargo se puedan prolongar ¿Esto es sano?

El sistema que hemos diseñado no es personalista. Si hay buenos gestores y los estatutos permiten que sus mandatos duren más tiempo, nosotros no tenemos nada que decir.

Parece que el gobernador del Banco de España va por libre a la hora de hablar de política económica, laboral o financiera. ¿Sería más oportuno que hubiera coordinación a la hora de lanzar mensajes y propuestas? ¿El derecho a cuestionar la política del Gobierno debe prevalecer sobre el intento de dar confianza a la sociedad?

El gobernador del Banco de España, como institución, apoya la política económica del Gobierno y, como persona, quien ocupa el puesto tiene todo el derecho a expresarse. Aunque algunas opiniones no las compartimos. Desde luego, no tengo ningún interés en que el gobernador no pueda expresar su opinión. Cuando desde algunas instancias se le ha solicitado prudencia es porque hablaba de algunos temas de los que no tenía toda la información y, en todo caso, es el Gobierno quien marca la política económica, pero siempre hemos escuchado con atención.

¿Ve usted repitiendo mandato a M. A. Fernández Ordóñez?

En estos años próximos tiene que hacer muchas cosas y muy importantes.

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