300.000 hogares están en riesgo de acoso inmobiliario
El Ministerio de Vivienda creará un teléfono para denuncias y pondrá en marcha un plan ‘anti-mobbing' en 10 ciudades.
Las personas mayores son las principales víctimas del acoso inmobiliario. EFE
Se alquila piso en el centro histórico, inmejorables vistas, sin ninguna reforma... y con inquilinos mayores que pagan mucho menos de la mitad de un alquiler normal. Ése es el prototipo de inmueble que está luchando por conseguir cualquier especulador inmobiliario mediante tretas como cortar la luz o el agua a los arrendatarios. Actualmente, aún quedan en España en torno a 300.000 familias que pagan un alquiler de renta antigua, según los datos que maneja el Consejo de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIs). Todos ellos son potenciales víctimas del mobbing o acoso inmobiliario.
La ministra de Vivienda, Carme Chacón, ha anunciado otra iniciativa dentro del plan contra este acoso, que es delito. El ministerio creará una línea de teléfono gratuita para recibir denuncias de los afectados por esta situación y "las trasladará después a cada ayuntamiento para que reciban una atención personalizada". Así lo explicó Chacón tras firmar el acuerdo para luchar contra el mobbing inmobiliario con Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
En dos meses, el ministerio quiere poner en marcha una experiencia piloto en diez ciudades -que ni Chacón ni Castro especificaron- para luego extenderlo al resto. En estos municipios habrá una campaña informativa sobre la línea de atención ciudadana y la asistencia legal y social que los afectados recibirán de los ayuntamientos. Este apoyo ya existe para las víctimas del acoso inmobiliario, pero Vivienda pretende detectar más casos. La idea es difundir un decálogo de situaciones que servirán para que una persona que no sabe que sufre mobbing se dé cuenta y lo denuncie.
Valencia, la primera autonomía del PP que apoya a Chacón
El contrapunto de estos alquileres de renta antigua está en los propietarios, "que tienen derecho a alquilar su piso a precio de mercado", defiende Jaime Cabrero, presidente del Consejo de APIs.
Por otra parte, la Comunidad Valenciana se convirtió ayer en la primera autonomía gobernada por el PP que firma el convenio con el ministerio para gestionar las ayudas al alquiler para jóvenes de 210 euros al mes. Mientras, Madrid niega un boicot a esta ayuda pero dice que los plazos son difíciles de cumplir.
Las tretas del acosador
Si el propietario del piso anuncia al inquilino que le cobrará la renta, por ejemplo, cada seis meses, es signo de posible acoso. En cuanto el arrendatario deja de pagar un mes, es denunciado. Otra triquiñuela consiste en cortar el agua o la electricidad al arrendatario para que se vaya.
También es muy habitual que el propietario impida hacer cualquier reparación en la casa. Otro truco más sofisticado consiste en incitar a colectivos marginales a habitar los pisos vecinos al del inquilino acosado.
7 Comentarios
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Veremos en que queda la acción del gobierno. Lo menos que se puede decir es que han tomado una medida ante una situación que se repite muchísimo, y que constituye un auténtico escándalo, cuyas víctimas son personas en su mayoría pobres y ancianas. Cárcel para los especuladores, y no solamente para los peones que se encargan de atemorizar a los inquilinos.
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Es gracioso. Poner en manos de los Ayuntamientos la resolución del problema es poco menos que un chiste. Lo que hay que hacer es precisamente todo lo contrario. Hay que quitarle a los ayuntamientos las competencias en materia de suelo, vivienda y todo lo relacionado con el tema. Los ayuntamientos han demostrado con crece que son unos corruptos en la materia.
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Lo que hace falta es facilitar vivienda social a estas supuestas 300.000 familias (dato falso porque supondría casi un millón de personas, y a tanto no llega). Si tienen que pagar rentas por debajo de los 300 euros, al menos que se les obligue a pagar los gastos de arreglos y reformas de la vivienda y de la comunidad. Esto también es un problema que afecta al conjunto de la sociedad.
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denunciemos con nombres de calles y ciudades. denunciemos públicamente. aquí, en un lugar PÚBLICO, porque estas cuestiones nos interesan a todos.
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No es justo que un propietario tenga que recibir una renta de una propiedad privada que en la mayoria de los casos es de menos de 100 euros. El hecho de que haya ancianos en esas viviendas no es problema de un propietario sino del gobierno, que con una ley condena a los privados a realizar es sosteniemiento social que le corresponde hacer al gobierno. Mantener dignamente a los jubilados o pensionados es obligacion de los gobernantes con el dinero de todos los contribuyentes, en lugar de repartirlo alegremente en otros menesteres de mucho menor importancia. (Aclaro que no tengo piso en alquiler, ni alquiladoen esas condiciones)
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Desequilibrio en la balanza. Para echar a un inquilino, pague o no, a un propietario le cuesta un año. Para denunciar por acoso a un propietario puedes estar más de 10 años. El inquilino puede perder la casa y quedarse en la calle. El propietario (por cortar cañerías, luz, ...) unos 400 de multa. Equidad? Donde?
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¿Y cuando el acoso es al propietario que pasa?. Mejor aún a los familiares del propietario, incluido el nieto del propietario de escasos meses de edad. ¿Que es mas importante, un anciano que se aprovecha de su edad y de una ley arcaica, paternalista con total abuso de derecho, o un bebe histerico e intranquilo que ha sido sacado de la casa donde vivia con sus padres?.

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