Las reuniones de los representantes de los funcionarios con el Gobierno están abocadas al febril ritmo de una contrarreloj. El Gobierno ha fijado el jueves como fecha límite para hacer público un acuerdo salarial y la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, lideró en persona parte de las negociaciones.

En este encuentro, el Gobierno planteó a los representantes sindicales ligar las revisiones salariales para 2011 y 2012 (el convenio es plurianual) a una compleja media que resulte de: la evolución del IPC; la evolución del PIB; la capacidad de financiación del Estado junto con la evolución del déficit y la evolución del empleo y los salarios en el conjunto del país (fundamentalmente el sector privado).

Los sindicatos aceptarían un 0,5% del alza para 2010 si hay compensación

Estas condiciones se plantean cuando, a cierre de esta edición, el Gobierno aún no había accedido a hablar de una cifra concreta de alza salarial para 2010. Los representantes sindicales consideraron 'inaceptable' fijar una cláusula de revisión salarial de esta complejidad que, en su opinión, da manos libres al Gobierno para subir, en realidad, lo que crea oportuno en los dos próximos .

Además, los representantes sindicales tampoco entienden que se les haya planteado antes la fórmula para compensar el más que posible bajo incremento salarial de 2010 que la propia cifra de mejora de los sueldos.

El jueves pasado, De la Vega se reunió con los secretarios generales de los sindicatos de funcionarios para garantizarles que se mantendrá el poder adquisitivo de los empleados públicos a lo largo de los próximos tres años. Aunque los sindicatos hicieron llegar formalmente una carta a la vicepresidenta en la que demandaban una subida salarial para 2010 del 1%, fuentes de la negociación reconocen que aceptarían una subida alrededor del 0,5% en el próximoejercicio.

Por eso es tan importante delimitar la cláusula de revisión salarial que operaría para los dos siguientes ejercicios, ya que los sindicatos dan por sentado que en 2010 perderán sin remedio poder adquisitivo (los expertos apuntan a que el IPC finalizará el año en el entorno del 1%).

Es inusitado que un Gobierno español ligue la evolución de los salarios de los empleados públicos, alrededor de 2,7 millones de personas, a por ejemplo, la marcha del empleo del sector privado. La propuesta del Gobierno intentaría buscar así una vía de escape a las críticas recibidas por mejorar el sueldo de los empleados públicos que, al contrario que el resto de los asalariados, no corren peligro de perder sus puestos de trabajo.

'Durante el boom inmobiliario nadie cuestionaba que un obrero ganara más que un médico. Ahora que luchamos por mantener el sueldo de médicos, profesores o policías se critica', apunta otro negociador de los funcionarios. Por lo pronto, los representantes de máximo nivel se volverán a reunir hoy a las 5 de la tarde en la Moncloa en una negociación que se jugará a muerte súbita.