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El Gobierno no ha abandonado la idea de introducir en el ajuste fiscal previsto para el próximo año alguna modificación que incida directamente sobre las rentas más altas. Los responsables económicos del Ejecutivo tienen sobre la mesa algunas propuestas que, previsiblemente, serán parte de sus bazas en la negociación del proyecto de Presupuestos del Estado para 2010 cuando llegue al Parlamento.

Una de las posibilidades que se están barajando es implantar un impuesto para las grandes fortunas, a imitación del que existe en Francia. Para ello, habría que recuperar de alguna manera el Impuesto sobre el Patrimonio, cuya tributación se eliminó en la práctica desde 2008. En Francia, este impuesto se aplica sobre los patrimonios superiores a 790.000 euros; en España, se aplicaba a partir de 108.182 euros (aunque bastantes autonomías habían elevado ese límite).

En esta reflexión dentro del equipo económico, lo que piensan muchos es que no ha tenido sentido dejar a cero Patrimonio, porque, aunque estaba justificado eliminarlo para los declarantes con bases imponibles medias o bajas, podía haberse graduado su eliminación, manteniéndolo para grandes propietarios. Ahora, la fórmula más sencilla sería introducir en la próxima ley de Presupuestos un límite elevado (algunos plantean 900.000 euros) a partir del cual volverían a ser gravados los más ricos. En la norma presupuestaria también se podrían ajustar los gravámenes de este impuesto, que hasta ahora alcanzaban el 2,5% para el tramo más alto (en Francia, el tipo más alto es del 1,8%).

Un millón de declarantes

El Impuesto de Patrimonio lo declaraban un millón de contribuyentes y recaudaba 2.100 millones de euros, que iban a parar a las arcas de las autonomías. Tomando como base los datos de 2007, el último ejercicio liquidado, sólo con que tributaran los 50.000 más ricos, con bases imponibles a partir del millón y medio de euros, se podría recaudar más de la mitad.

La supresión del Impuesto de Patrimonio fue uno de los compromisos electorales de Zapatero, y este hecho puede ser el principal obstáculo para su reaparición. No obstante, la negociación presupuestaria será la que determine si se opta por hacer un gesto a la izquierda, y se recupera finalmente, o si se articula algún impuesto nuevo, que necesitaría ser aprobado por ley.

Otra opción que se está barajando es actuar sobre las sociedades de inversión de capital variable, las polémicas Sicav, el instrumento que utilizan las grandes fortunas para canalizar e invertir su ahorro. Estas sociedades, como el resto de las sociedades que gestionan fondos de inversión, tributan al 1%, frente al 30% con el que están gravadas las empresas (o el 25% si son pymes).

El proyecto que está sobre la mesa es elevar el gravamen sobre las Sicav hasta el 18% (o al tipo que finalmente se determine para las rentas del ahorro, que también está siendo objeto de revisión). Este gravamen actuaría como lo que técnicamente se conoce como una retención liberatoria, esto es, cuando el socio o partícipe de la sociedad recupere su inversión con sus corres-pondientes ganancias no tendría que tributar (actualmente, lo hace al 18%). Con esta fórmula, Hacienda ingresaría por adelantado el impuesto por los rendimientos de estas sociedades (aunque no supondría un importante aumento de la recaudación, según los cálculos realizados por la Administración) y se transmitiría la imagen de que estos grandes patrimonios soportan una tributación como el resto de las rentas del capital.

Medidas casi decididas

Estas medidas compensarían también el efecto de las modificaciones fiscales que, con muy altas probabilidades, se van a incluir en los Presupuestos. La eliminación de la deducción de 400 euros en el IRPF, la subida de 2 puntos en el tipo general del IVA , la revisión de los impuestos sobre el tabaco, el alcohol y los carburantes y la elevación del gravamen sobre los rendimientos del ahorro afectan de forma clara sobre las rentas medias y bajas. Y desde las filas socialistas se están reclamando medidas que, claramente, incidan sobre los más ricos.

Esta es la reclamación también de los grupos parlamentarios de izquierda con los que el Gobierno, a través de su vicepresidenta económica, Elena Salgado, ya ha mantenido algunos contactos de cara a la próxima tramitación de los Presupuestos de 2010.

El grupo de IU-ICV ha señalado que no apoyará una reforma fiscal donde no se redistribuyan las cargas y donde las rentas altas no paguen más, según manifestó a Público su diputado, Joan Herrera.

A Izquierda Unida-ICV, las propuestas fiscales del Gobierno no le parecen progresistas. Cuando Herrera se reunió recientemente con Elena Salgado, le propuso un nuevo tramo en el IRPF para las rentas altas (concretamente, del 50% para los ingresos superiores a 80.000 euros) y que se establecieran dos tramos en las rentas de capital con tipos distintos (ahora es uno fijo del 18%), de manera que el pequeño ahorrador no resultara perjudicado.

También le propusieron recuperar Patrimonio, pero la vicepresidenta insistió en que su eliminación había sido un compromiso del presidente. Sin embargo, no dijo ni sí ni no a la posibilidad de un impuesto sobre la riqueza, por ejemplo sobre las rentas superiores al millón de euros.