Es como si te quitaran un billete premiado de lotería. Es el mazazo que experimentan aquellos que, tras cumplir los requisitos, logran ser adjudicatarios de una vivienda protegida y tienen que renunciar a ella porque no pueden afrontar el pago de la hipoteca o porque la banca se la deniega.

Esta situación se ha agravado con la crisis y el avance del paro, que han elevado las renuncias. Según los datos recabados en las comunidades autónomas por Público, estos rechazos llegan hasta el 25% del total de pisos protegidos adjudicados por estas administraciones, las competentes en materia de vivienda, aunque con incidenciadesigual. En muchas autonomías, se sitúan entre el 5% y el 8%, según sus estimaciones.

Estas renuncias forzosas, que afectan sobre todo a los jóvenes, pueden haber incidido en la bajada de compras de vivienda protegidas nuevas. Estas transacciones cayeron un 12% en el primer semestre frente al mismo periodo del año pasado, hasta 18.969 pisos, según las estadísticas del Ministerio de Vivienda.

Los jóvenes, los que más sufren el no de la banca a dar hipotecas

Varias comunidades han detectado este problema y están aprobando o aplicando ya medidas para intentar reducir su impacto al mínimo. No es fácil porque una de las recomendaciones del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación y de muchos de los autonómicos es que los adjudicatarios de un piso protegido no dediquen más de un tercio de los ingresos a pagar la hipoteca.

En muchos casos, mientras duraba el trámite de adjudicación de la VPO, la crisis ha dejado sin empleo a algún integrante de la pareja o familia compradora o les ha obligado a cambiar de trabajo y reducir su salario.

Además, también aparece un obstáculo para identificar el problema y es que 'los compradores que renuncian a la VPO, muchas veces ocultan la razón real, aunque en la mayoría de los casos responde a una peor situación financiera', explican fuentes de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte de Aragón.

Catalunya, Andalucía y el País Vasco han sido las que más rápido han reaccionado. En el plano estatal, el Ministerio de Vivienda asumirá mediante avales el 50% del riesgo de cada hipoteca para VPO. Es una de las medidas del Plan de Vivienda, dotada con 12.000 millones, que busca beneficiar a 100.000 familias.

A mediados de año, el departamento de Vivienda puso en marcha una medida anticrisis que consiste en ofrecer a las entidades financieras la garantía de que si el comprador de un piso protegido tiene dificultad para pagar la hipoteca el Gobierno catalán recompra la casa. Esta garantía funciona como un aval para dar seguridad a bancos y cajas y conseguir que no denieguen el préstamo al adjudicatario de vivienda de protección oficial (VPO). En el caso de llegar a esa situación, este podría quedarse de alquiler. Por otro lado, Vivienda amplió la dotación de sus ayudas de urgencia para evitar desahucios, que no son sólo aplicables a VPO.

Aquellos adjudicatarios de VPO que no logren hipoteca tendrán la posibilidad de quedarse en la casa en alquiler con opción de compra. Es una de las medidas que ya tiene en vigor la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, que se ha comprometido a adquirir, a través de la Empresa Pública de Suelo (Epsa), las viviendas protegidas de promociones viables en las que haya un porcentaje significativo de adquirientes sin financiación. La Junta, como propietaria, les ofrecerá un alquiler y al cabo de 10 años la opción de comprar la vivienda, lo que asegura un pago mensual igual en un periodo de 10 años y que en torno a un 70% de la renta se descuente del precio del piso. En Andalucía, hay aproximadamente un 6% de renuncias.

El Gobierno vasco prevé aprobar este mes una medida similar a la catalana. Así, asegurará a la banca una especie de aval para que conceda la hipoteca al comprador de VPO. Pero si la persona incurre en sucesivos impagos del préstamo, el Ejecutivo se quedaría con la vivienda y la adjudicaría al siguiente solicitante, explican en la Consejería de Vivienda. Las renuncias rondan el 5%.

En vez de avales, la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda ha optado por anticipar las ayudas para la entrada del piso protegido. El consejero Julián Sánchez Pingarrón prevé aprobar en breve una orden para que los beneficiarios puedan recibir esa subvención en cuanto firman la escritura de la casa. En Castilla-La Mancha, los rechazos de vivienda protegida pública se sitúan entre el 20% y el 25%, de acuerdo con las estimacionesautonómicas.

Ante el riesgo de que el paro impacte en una familia hasta el punto de que no pueda pagar su hipoteca, el Gobierno de La Rioja ha aprobado medidas para ofrecer la fórmula del alquiler para aquellos que han tenido que dejar su piso. La Consejería que dirige Antonino Burgos ha detectado un aumento en las renuncias de VPO que rondan el 4%, un nivel más bajo que en otrascomunidades.

Esta comunidad de momento no prevé medidas concretas para evitar que crezcan los rechazos forzosos en VPO, pero estima que se puede amortiguar el problema con los avales aprobados. En agosto, puso en marcha un plan especial de avales por 809 millones para los compradores de una VPO que denominan garantizada. Obtendrán esta calificación aquellos pisos de precio libre que los promotores rebajen entre un 25% y un 35% para convertirlas en protegidas. En este marco, el Gobierno avala el 10% de la hipoteca a los compradores con el fin de darles una garantía extra ante los bancos y cajas y que estos no duden en concederles el crédito. En Aragón, las renuncias representan en torno al 25% de la VPO pública.

Esta autonomía tampoco ha previsto una medida específica, pero en la Consejería de Bienestar Social y Vivienda apuntan que hay un sistema de avales del que podrían beneficiarse. Con un montante de 36 millones de euros, está en vigor una línea de avales para los promotores inmobiliarios, que luego se traspasan directamente al comprador para que pesen como garantía a la hora de pedir la hipoteca al banco.

Esta comunidad autónoma estudia medidas para evitar las renuncias que afectan, sobre todo, a los más jóvenes. No obstante, no ha detectado un aumento significativo de los rechazos, que se sitúan entre el 6% y el 8%.

Las renuncias son pocas porque esta comunidad destina la mayor parte de la VPO a alquiler y a arrendamiento con opción de compra. Así, se evita que el banco sea el que decide en última instancia quién accede a un piso barato, dicen en la Consellería.

El Gobierno cántabro no contempla medidas especiales, aunque acaba de aprobar la promoción de alojamientos protegidos para colectivos vulnerables de los que podrían beneficiarse aquellos con problemas para pagar la hipoteca.

La Consejería de Vivienda no prepara medidas especiales y da prioridad a mantener el nivel de precios de vivienda protegida, ya que es una de las comunidades donde mayor diferencia hay con la libre, también porque es la segunda más cara en precio de mercado. Sí ha detectado un aumento de rechazos en el último año y medio, desde el 2% hasta la horquilla actual del 5%-7% .

No hay medidas específicas. Pero varios bancos y cajas se comprometieron con la Consejería de Fomento a dejar que el comprador de VPO se subrogue a la hipoteca del promotor si cumple requisitos como no dedicar más del 40% de sus ingresos a la cuota mensual, no estar en la lista de morosos y llevar tres años trabajando de forma ininterrumpida. Aunque esta última condición deja fuera a los parados.

Ha aprobado medidas para aliviar las consecuencias de la renuncia para el adjudicatario: rebaja la penalización que le cobra y no obliga a devolver lo desgravado por la cuentavivienda.

País Valenciano, Murcia y Galicia no dieron datos.