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El juez imputa a Del Rivero por la fusión entre Itínere y Europistas

El magistrado acusa al presidente de Sacyr de alterar el precio de las acciones tras la fusión de su filial.

EUROPA PRESS

El presidente del grupo Sacyr, Luis Del Rivero, deberá declarar el próximo día 8 de febrero en los juzgados de Madrid tras ser admitida a trámite una querella presentada por varios accionistas de Europistas con motivo de varias operaciones llevadas a cabo durante su fusión con Itínere.

Según el auto del juzgado, la jueza del caso, Aranzazu María González, ha citado a declarar a Del Rivero en calidad de imputado y a representantes de las cajas vascas BBK, Caja Vital, Kutxa (accionistas) y al banco Calyon (asesor en la fusión) como testigos

'Pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de delito de maquinación para alterar el precio de las cosas y delito societario por imposición de acuerdos abusivos y administración desleal (...) procede su admisión a trámite', afirma el auto del juzgado de instrucción número 3 de Madrid.

En la querella los demandantes afirman que Sacyr decidió unilatealmente aumentar el capital de la antigua Itínere en 800 millones de euros en el marco de su fusión con Europistas, añadiendo varios activos -la mayoría hospitales- a la fusión, perjudicando a los accionistas minoritarios de Europistas.

Además, argumentan que Sacyr no cumplió su compromiso de incrementar al 25 por ciento el free-float de Itínere una vez ejecutada la fusión.

'Sacyr siempre ha cumplido sus obligaciones legales como ha quedado avalado por los expertos independientes y los organismos supersivores. Además, estos accionistas ya tuvieron la oportunidad de acudir a la opa formulada por Sacyr sobre Europistas en 2006 a 9,15 euros por acción o seguir como accionistas de la nueva Itínere adhiriéndose de forma gratuita a la opción de venta otorgada por Sacyr como hicieron otros accionistas garántizandose un precio de salida', dijo un portavoz de Sacyr.

El portavoz de Sacyr añadió que la demanda ya fue presentada ante la Audiencia Nacional y que fue rechazada.

La demanda viene firmada por Aleix Canals y Felipe Izquierdo como abogados y María Jesús González Díez como procuradora.

Izquierdo es un habitual de los demandas contra compañías cotizadas y ya ha representado a accionistas minoritarios en actuaciones similares, como la demanda por 'alterar el precio de las cosas' contra el ex presidente de Astroc - actual Afirma- Enrique Bañuelos.

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