El decreto que prepara el Ministerio de Industria para rescatar al carbón nacional puede salirle caro al consumidor. Eso es lo que cree al menos el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Luis Berenguer, que ayer dijo que si se aprueba esa norma, el kilovatio (kW) eléctrico en el mercado mayorista (pool) se encarecerá un 9%. Según la CNC, a ello se sumarían 'otras ineficiencias, por lo que el impacto sobre el coste de la electricidad sería incluso superior' para el consumidor, aunque el regulador no lo cuantifica en el informe que presentará el próximo lunes. La estimación del 9% está basada en la evolución del pool y la demanda entre enero y septiembre de este año.

Industria prevé compensar a las eléctricas por quemar carbón español, que, con la caída de la demanda, no es rentable. En unas jornadas de Enerclub, Berenguer dijo que la medida supondrá un sobrecoste de entre 700 y 1.200 millones de euros al año. Los ingresos totales del sistema eléctrico son de unos 15.000 millones, por lo que una subida del 9% de la tarifa representaría alrededor de 1.350 millones.

Berenguer avisó, en su comparecencia anual en el Congreso, de que esos costes 'desproporcionados' supondrían 'una distorsión significativa' del mercado. Industria recuerda que este año, el precio del kW en el pool ha sido muy bajo, por el bajón de la demanda. Si esta repunta en 2010, el impacto sería menor. El ministerio, que prometió por ley eliminar el llamado déficit de tarifa (desfase entre ingresos y costes del sistema eléctrico) y que a final de mes debe decidir la subida de la luz de enero, confía en la legalidad del decreto, ya que la UE permite generar hasta el 15% de la electricidad con energías fósiles autóctonas. Pero las dudas de la CNC se centran en la compensación prevista para las plantas de ciclo combinado que pararían para dejar sitio al carbón. La UE podría considerarla una ayuda de Estado. Con las renovables (cuyas primas criticó ayer Berenguer) en auge, los ciclos (que queman gas) afrontan una situación delicada. Berenguer recordó que la CNC puede recurrir normas si contienen 'restricciones innecesarias o desproporcionadas de la competencia'. Sería la primera vez que lo hace desde que tiene es poder (2007).

El borrador de decreto tiene su origen en la promesa del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, formulada en un mítin en León en septiembre pasado, de dar 'una solución definitiva' al problema del carbón el próximo enero. La semana pasada, el director de Energía y Minas, Antonio Hernández, confió en que el decreto se apruebe en esa fecha 'si se saca'.

Agricultores
Sin amparo posible
Berenguer se negó ayer a proteger al sector alimentario, que ha pedido medidas para evitar las enormes diferencias de precios de origen y destino de algunos alimentos. “No dejaremos de aplicar la ley, sea cual sea el sector, pese a la crisis”, dijo. El presidente de la CNC se mostró “honradísimo” de elaborar un informe sobre el sector de distribución, como le pidieron el PP y el PSOE.

Segunda licencia
Posible multa de la UE
La pervivencia de la doble licencia autonómica para los centros comerciales “puede acabar en una infracción” de Bruselas”, dijo.

Servicios
Oportunidad histórica
La directiva europea de Servicios es una “oportunidad histórica” que España no debería desaprovechar, según Berenguer, que admitió su“frustración” ante el proceso de trasposición de la norma, actualmente en el Senado.

Economía sostenible
Concentraciones
Berenguer valoró que el anteproyecto de ley exima a las empresas de notificar fusiones cuando el grupo resultante facture menos de 1 millón de euros. “Se beneficiarán muy particularmente las pymes”.

Multas
“Proporcionalidad”
Berenguer, “satisfecho” de la actuación de la CNC, defendió la “transparencia y objetividad” aplicada por el organismo para multar las prácticas anticompetitivas. Respecto a las críticas recibidas por sus inspecciones a empresas y patronales (unas setenta), lo atribuyó a un debate “creado en ciertos sectores interesados”. La CNC está pendiente de tramitar los tres primeros expedientes derivados del llamado Programa de Clemencia, que rebaja las multas a empresas que formen parte de un cártel y lo denuncien.