Los tambores de guerra vuelven a sonar en Caja Madrid. Los socialistas no dan crédito a que el ex vicepresidente económico y futuro presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, parezca querer utilizar el proceso electoral de la entidad (que está a punto de desbloquearse en los juzgados) para restar poder al PSOE, eliminando uno de sus cuatro consejeros. Los socialistas han empezado a preparar medidas de presión. El primer aviso será presentar a la comisión electoral un informe sobre la ilegalidad de que se presenten a las elecciones consejeros con más de 12 años en el cargo. Entre tanto, quieren dejar claro a Rato que no se enfrenta al PSOE de Madrid, sino al partido en el Gobierno.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, mandó ayer un mensaje a Rato desde Bruselas, informa Daniel Basteiro. 'Es legítimo y razonable que los que dirijan la entidad (Caja Madrid) cuenten con el mayor consenso, pero en ningún caso es imprescindible', tiró el guante Salgado. Lo que sí 'es imprescindible con la ley actual es que tenga los votos para ser elegido. Lo demás sería deseable, pero corresponde al señor Rato valorar qué quiere decir deseable y los esfuerzos que quiere hacer', dijo.

Todo estaba pactado desde julio entre Tomás Gómez, secretario general del PSOE de Madrid, y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. Rato parece ignorar el pacto y plantearse las elecciones sin el consenso del PSOE. A los socialistas les cuesta creérselo, pero hay una realidad preocupante: en el amplio consejo de Caja Madrid (tras las elecciones pasará a contar con 23 miembros) las fuerzas progresistas y conservadoras están tan igualadas que un solo consejero importa y, con la nueva ley, es posible sustituir al presidente por mayoría simple.

La jueza Inmaculada Vacas podría levantar en los próximos días el bloqueo de las elecciones de Caja Madrid, decretado como medida cautelar ante el recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid contra los cambios en la ley introducidos por Aguirre, recurso al que se sumó CCOO Madrid. Ayer, ninguna de las partes se opuso ante la jueza al levantamiento de las cautelares.

Por otro lado, la Xunta de Galicia seguirá adelante con sus planes de fusión de Caixa Galicia y Caixanova. El próximo paso será realizar una auditoría externa a las entidades para comprobar sus niveles de solvencia.