La vicepresidenta económica asegura que la Ley de Economía Sostenible es sólo el primer paso y confía en lograr un amplio acuerdo en el Parlamento para su aprobación. Destaca que el proyecto recoge la mayoría de las propuestas de la patronal CEOE, pero deja claro que el Gobierno no piensa rebajar las cotizaciones sociales, que es una de las principales peticiones que los empresarios han planteado. Sobre la polémica levantada por la regulación de las descargas por Internet, insiste en que hay que buscar un equilibrio que respete la propiedad intelectual.

¿Conocía la disposición final de la Ley de Economía Sostenible y le parecía adecuado que se pudieran cerrar páginas web o bloquearlas sin autorización judicial?

La conocía porque conocía todo el anteproyecto. Esta disposición no se ha entendido bien. De lo único que trataba era de llegar a un equilibrio entre los derechos de propiedad intelectual y la libertad de expresión. Ese equilibrio tenemos que seguir buscándolo porque queremos que la industria cultural sea uno de los sectores del futuro en nuestro país, ya que tiene mucho que ver con la creación, con el conocimiento.

Pero ese equilibrio, ¿se buscará siempre con autorización judicial?

Todas las decisiones administrativas están sometidas a la tutela judicial, pero no todas las actuaciones administrativas necesitan una decisión judicial ex ante. No se trataba de cortar el acceso a Internet ni de cerrar la página web, sino de impedir que desde esa página se pudieran descargar contenidos protegidos. ¿Esa actuación administrativa vulnera la libertad de expresión? En mi opinión no, porque lo que se está discutiendo es la posibilidad de acceder a un contenido que está protegido. La redacción que se hizo pretendía ser cuidadosa con esos derechos. Pero el presidente del Gobierno ya se ha manifestado y será necesario buscar otras fórmulas. Habrá que modificar esa redacción.

Siempre con la idea de que hay que proteger los derechos de propiedad intelectual.

Siempre con la idea de que nuestra industria cultural es importante, hoy es música y películas. Mañana serán libros.

Aparte de la polémica por Internet, ¿habrá un pacto para la Ley de Economía Sostenible?

Vamos a trabajar por el acuerdo. Las primeras declaraciones del PP no son muy animosas, pero yo soy bastante tenaz.

¿Qué futuro tiene la ley si no logra un amplio apoyo en el Parlamento? ¿Corre el riesgo de que se cambie si gana el PP las próximas elecciones?

Vamos a trabajar por un gran acuerdo para esta ley, hemos tenido ya alguna conversación y creemos que puede ser posible. La ley tiene dos tipos de medidas. Unas más estructurales, que comenzarían en 2010 y pueden extenderse en el tiempo. Y otras que pueden tener efecto en el corto plazo, en los dos próximos años. En la reunión que tuvimos con la CEOE, una de las personas que vino puso sobre la mesa un documento que nos había mandado la patronal y, de las medidas incluidas en ese documento, sólo faltaba la reducción de las cotizaciones sociales, del Impuesto de Sociedades, y las nuevas modalidades de contratación. Es decir, las medidas que no compartimos. Habían presentado 25 ó 30 medidas destinadas a facilitar la vida de las empresas en el entorno regulatorio, y todas ellas están recogidas en la Ley de Economía Sostenible. Alguien que tiene aspiraciones de gobernar, lo primero que tiene que hacer es ganar las elecciones, eso es una condición, pero me parece difícil que fuera a revertir estas medidas y legislar para que se vuelvan a tardar 20 días en crear una empresa, para que el silencio administrativo fuera siempre negativo o que se rebajara la deducción por inversión en I+D+i. Algunos dicen que la ley es poco ambiciosa. Eso es porque quieren ir más allá, no porque se quiera volver atrás. En ese sentido, los empresarios y los agentes sociales en general ven bien esta ley porque la ven como un gran paso. ¿Suficiente? Bueno, siempre todo es mejorable. Un gran paso no tiene por qué ser el último. Nosotros esperamos gobernar en la siguiente legislatura y poder dar más.

El presidente dijo que podía cambiar su opinión sobre la energía nuclear si se llegaba a un pacto.

Se da un gran avance en la ley en cuanto a la certidumbre porque es la primera vez que se dice que la vida útil de las centrales es de 40 años. Hasta el año 2020 nos tenemos que plantear el mix energético. De aquí a entonces los cambios tecnológicos pueden ser muy importantes, así como nuestro consumo de energía, nuestra eficiencia energética a lo mejor se ha generalizado el coche eléctrico y se demanda más electricidad. El presidente dice: 40 años de certidumbre y después lo que resulte de un gran pacto. Pero abrir nuevas centrales nucleares no está en su agenda.

La estrategia de Economía Sostenible se plantea con el horizonte en 2020. ¿Cómo va a ser este país para esa fecha?

Puedo decir el país que deseo. Tendrá una educación que habrá reducido mucho el fracaso escolar. Que la formación profesional sea más integral, en el sentido de que permita que los trabajadores cambien de sector y, por lo tanto, que sea de más calidad, algo que intenta la ley. Que nuestro país sea un país más tecnológico. Con carácter general me gustaría que la sociedad de la información tuviera más presencia, porque cohesiona y contribuye mucho al desarrollo. Y debe contribuir también a un mayor nivel cultural. Me gustaría una sociedad donde las prestaciones sociales se contemplaran no solo como aportación por parte del Estado a los ciudadanos, sino también en términos de PIB porque sean una fuente de empleo. Que fuéramos un país más industrial, porque la industria sufre menos en los ciclos. Y que todo el mundo tenga vivienda pero que sea en alquiler, que además favorece la movilidad. Y, por supuesto, la tasa de paro me gustaría que volviera al mínimo histórico cuanto antes.

¿A dos millones de parados?

En tasa, nuestro paro estructural es del 7 o el 8%.

Algunos expertos dicen que podríamos tardar diez años en volver a esa tasa de paro.

Las reformas estructurales nos permitirán elevar nuestro potencial de crecimiento y reducir más rápidamente el paro.

¿Con los últimos datos económicos el Gobierno aún cree que se puede crecer este trimestre?

Nuestro escenario central contempla una caída en el último trimestre de muy poquitas décimas, la probabilidad más alta es de una o dos décimas, que con una probabilidad menor pudiera desplazarse hacia el cero. Nuestro escenario central no ha cambiado, los datos que se van conociendo son compatibles con él. El dato de la producción industrial del viernes (-9,6%) hay que ponerlo en relación con el paro de noviembre, que, aunque malo, si se desestacionaliza no es tan malo. Hay que contemplarlo junto con la confianza de los consumidores (que ha subido) y con otros elementos que conocemos: la matriculación de vehículos ha subido, las reservas de los hoteles han subido, parece que para este puente están muy altas hay muchos datos positivos.

¿Cómo se va a reducir la temporalidad sin modificar los modelos actuales de contrato?

No es la primera vez que ponemos en marcha medidas para reducir la temporalidad. Hay bonificaciones importantes cuando se hacen contratos indefinidos que se van a revisar. En cualquier caso yo creo que la reducción de la temporalidad puede hacerse por la vía indirecta. Cuando los trabajadores son más cualificados, las empresas son las primeras interesadas en que no haya esa temporalidad. Eso explica en parte la diferencia que ha tenido la medida de la reducción de la jornada en Alemania y la que ha tenido en España. Es una medida que no está en sí misma diseñada para trabajadores de poca cualificación, sino para empresas en las que intuyen que en la salida de la crisis van a necesitar el mismo número de trabajadores y, por lo tanto, lo que les interesa es conservar los empleados de alta cualificación. En el sector de la construcción, si los contratos son temporales, si la cualificación es baja, la empleabilidad es baja y la temporalidad puede ser una constante, no hay tanto interés en formar al trabajador, ni en que reduzca su temporalidad. Por eso, la mejora de nuestras variables de temporalidad pasa por un empleo más cualificado.

¿Con qué bonificaciones van a terminar?

Bueno, no las vamos a terminar. El importe de las bonificaciones actuales está en el entorno de 3.000 millones de euros, pero hay que valorar cuántos empleos se han conseguido con estas bonificaciones tan amplias. Se trata de revisar y de dejar todas aquellas que sean efectivas y además aquellas que son muy singulares, como las bonificaciones a las mujeres víctimas de violencia de género. Las dirigidas a los contratos de un determinado tipo hay que revisarlas, y en esa idea está el ministro de Trabajo. No para ahorrar ese dinero, sino para dedicarlo a otras actuaciones, por ejemplo las dirigidas a los jóvenes.

¿No sería más eficaz reducir las cotizaciones sociales?

Reducir las cotizaciones con carácter general y de forma permanente sí que podría afectar a nuestro sistema de pensiones. Lo han propuesto los empresarios, que también proponían subir el IVA. Por cierto, cuando lo hemos subido, también han protestado. No está en nuestro ánimo reducir las cotizaciones. No es ése el camino.

¿Cómo se va a hacer la adaptación del actual modelo de reducción de jornada para que se asemeje al alemán? ¿Tendrá una duración limitada?

Eso es lo razonable, los alemanes así lo han hecho. Es una medida puntual, no tiene mucho sentido que se aporte dinero de los presupuestos públicos cuando la empresa ya va mejor. Lo que estamos analizando es por qué no ha funcionado en España. Por ejemplo, porque ahora es obligatorio reducir la jornada como mínimo un tercio, y hasta la propuesta sindical de fijar el 10% hay un amplísimo margen. Los trámites que se exigían eran tal vez demasiados, aunque siempre tiene que haber un acuerdo con los trabajadores y los sindicatos. A partir de enero, el ministro Corbacho va a hablar de estos temas con los sindicatos, aunque ya hemos tenido conversaciones preliminares.

¿Hasta dónde es conveniente retrasar la edad de jubilación?

Yo no hablé de retrasar la edad legal de jubilación, sino la edad real de jubilación, que es una cosa distinta, es la media de edad a la que se jubilan los trabajadores de un país. En España es 63,6 años y la prolongación de la vida laboral llevará a que se haga más tarde. ¿Debe hacerse por la vía de incentivos o por la vía de, eventualmente, en un plazo de 30 años desde ahora, ir a una prolongación de la edad legal? Es algo que el Pacto de Toledo tiene que ir reflexionando con mucho tiempo por delante. El objetivo es tener un sistema de pensiones en el 2035 o 2040 tan saneado como ahora.

Pero, entonces, ¿no será la edad legal la que se prolongue?

No necesariamente. Pero hay que lograr que la edad media de jubilación del país se acerque a la legal. Si hay muchas personas que se jubilan a los 65 y otras antes porque tienen esquemas de jubilación anticipada habrá que ver si esos esquemas están justificados o no. Muchos lo están (como el caso de los discapacitados). Eso es compatible.

¿Están justificadas las prejubilaciones en ciertos sectores como la banca o en RTVE, que depende del Gobierno y se ha prejubilado a los mayores de 50 años?

Hay sectores, como sucede en las reconversiones industriales, que tienen que reducir sus plantillas de manera permanente porque hay un exceso de capacidad. Pero tenemos que tener la seguridad de que todas las prejubilaciones están plenamente justificadas y a veces no lo están.

¿A qué se refería el presidente del Gobierno cuando pedía trabajar por una 'estricta' correspondencia entre lo cotizado y la pensión que se recibe?

El Pacto de Toledo está trabajando para que pueda irse aproximando. En 'estricta consonancia', es muy difícil que pueda cumplirse de un día para otro. Entre otras razones porque nuestro sistema es muy solidario. La pensión máxima está limitada. Por eso, esa asimilación de la contribución a la pensión tendrá que hacerse de una forma muy gradual. Nuestro sistema de pensiones no tiene ningún problema a 25 años pero los sistemas de pensiones hay que fortalecerlos con muchos años por delante.

Se ha anunciado una reforma de la ley de cajas, ¿cómo quiere el Gobierno despolitizarlas?

'Todas las operaciones de fusión se van a llevar a cabo en los próximos seis meses'

Las cajas son las instituciones financieras que más pueden sufrir en el futuro los efectos de la crisis financiera. Si lo que pretendemos es que se lleve a cabo una reestructuración de las cajas de ahorros lo razonable es que se produzca sin incógnitas en el marco regulatorio para que no haya inseguridad jurídica. Vamos a esperar a que termine el proceso de reestructuración y entonces será el momento de ver qué modificaciones hay que hacer en la ley de cajas. Debemos evitar que las operaciones de las cajas estén sometidas a interferencias políticas. Deben regirse por criterios de eficiencia, de solvencia, de rentabilidad. El proyecto de ley se presentará en el tercer trimestre.

¿Con qué orientación, por dónde irían los cambios?

Son modificaciones que hay que acordar con la oposición porque las cajas son instituciones importantes en las comunidades autónomas y no todas están gobernadas por el partido socialista. Además, parte de la legislación que afecta a las cajas está incluida en los estatutos de autonomía. Es una reforma que no es sencilla, pero creo que podremos llegar a acuerdos en determinados aspectos. Por poner un ejemplo: que no haya cargos electos en los órganos de gestión. Es un acuerdo al que se podría llegar, lo que no significa que no haya políticos o personas que hayan desempeñado puestos en la política.

¿Está satisfecha del ritmo y contenido del proceso de reestructuración?

Se ha producido algo que era esperable no digo razonable sino esperable que se produjera. Se mantienen conversaciones a muchas bandas. El Banco de España sólo ha urgido a tomar una decisión ya a Unicaja y Cajasur. Por lo demás, el Banco de España está tranquilo, nosotros también y creo que todas las operaciones que se vayan a llevar a cabo lo van a hacer en los próximos seis meses. Debería ser así porque, aunque creo que vamos a obtener la aprobación de Bruselas para el FROB, hay que tener en cuenta que el esquema de ayudas al sector financiero no va a existir de manera indefinida.

¿Piensa que Bruselas va a poner un límite para que el FROB acabe en junio de 2010?

No lo va a poner, pero no es menos cierto que Bruselas da las autorizaciones para periodos de seis meses y luego decide si las renueva. Así lo ha hecho con los avales y por eso creo que es bueno que acabemos la reestructuración en seis meses.

El BCE ha empezado a retirar las facilidades y estímulos a la banca. ¿En qué medida puede afectar a la banca española que las ha utilizado masivamente?

Pero ya las utilizaba mucho menos y ahora que ya tenemos garantizados los avales para seis meses, creemos que no va a afectar.

Tampoco la liquidez que el BCE ha dado a la banca ha servido para facilitar créditos a las pymes.

Ni aquí ni en ningún otro país. Es queja común en toda Europa. En España se nota más porque el crédito estaba creciendo mucho más que el PIB. Las restricciones de crédito están siendo iguales que en otros países, pero como venimos de crecimientos de casi el 20% en algún año se nota mucho más.

Podemos prever que las restricciones se van a mantener el año que viene ya que la morosidad va a aumentar, los márgenes se estrechan...

Por eso el ICO está dando créditos. La cuarta parte de los créditos en 2009 los ha intermediado el ICO, que va a seguir llevando a cabo esta tarea. A veces el presidente del BCE dice que no es un problema de oferta sino de demanda; lo que falta es otra palabra más que, cuando hablas con los bancos españoles, en seguida sale: lo que falta, dicen, es demanda solvente. Faltan proyectos que en una primera lectura se entienda que van a poder producir los retornos necesarios. La propia mejora de la situación económica también va a hacer que proyectos que la banca estimó que no eran oportunos o rentables hace unos meses lo puedan ser.

¿Cuándo comienzan a actuar los facilitadores de crédito?

Empiezan a final de año. Por cierto, que también los ha anunciado la señora Merkel.

¿Qué le parece el fichaje por parte del Banco Santander del inspector del Banco de España que lo vigilaba?

He hablado con el gobernador del Banco de España y es relativamente frecuente que casos así se produzcan.

¿No debería haber incompatibilidades en España como ocurre en Francia que tienen tres años de incompatibilidad o en Reino Unido seis meses?

Aquí no tiene incompatibilidades por ley. Es más una cuestión de estética.

Y también de ética

Eso es ya más personal.