Las grandes fortunas están tranquilas con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La subida de impuestos tampoco les va a afectar con el nuevo plan que el presidente tiene previsto aprobar el día 5 de marzo para luchar contra el fraude. El Ejecutivo no pretende endurecer la fiscalidad de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav), el instrumento que utilizan las grandes fortunas para tributar debido a sus privilegios fiscales.

Así lo cree la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que asegura que para elaborar dicho plan el Gobierno ha tenido en cuenta pocas propuestas del colectivo, entre las que figuraba el endurecimiento de la fiscalidad de estos instrumentos de inversión.

A su parecer, las Sicav, que sólo tributan el 1% en el Impuesto de Sociedades, gozan de un trato fiscal privilegiado y son el instrumento preferido por las grandes fortunas, motivo por el que pueden defraudar cantidades mucho mayores que los pequeños contribuyentes.

Este tipo de sociedades nacieron en 1983, a iniciativa del entonces ministro de Economía Miguel Boyer, quien buscaba frenar la marcha de las grandes fortunas a países de impuestos ínfimos, como Luxemburgo. A tenor de los resultados, consiguió su objetivo: el patrimonio total que gestionan las más de 3.200 Sicav que operan en España se sitúa en más de 25.000 millones de euros, y, en plena crisis, aumentaron su capital en un 4,3% en el tercer trimestre del año pasado.

Las Sicav siempre han sido una tecnología fiscal muy controvertida entre los inspectores de Hacienda. Entre 2003 y 2005, Hacienda investigó a decenas de Sicav, acusándolas de tener accionistas 'tapadera', que utilizaban para llegar al mínimo de 100 que marca la ley. Al parecer, en muchas de ellas, casi la totalidad de su patrimonio lo sustentaba un solo accionista, que eludía pagar más impuestos con esta herramienta. Finalmente, el control de las Sicav pasó a la CNMV y no se volvió a tener noticia de estos expedientes.

No sólo las Sicav se utilizan para pagar menos impuestos. Otros instrumentos al servicio de la elusión fiscal son las Sociedades de Fondos de Capital Riesgo, cuyas plusvalías están bonificadas en un 99%, y las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros. Estas últimas, no pocas veces, se utilizan combinadas con holdings de otros países, como Holanda y Bélgica, que son menos gravosos.

También, en estas últimas sociedades, se dan casos en que se buscan Estados que aplican el secreto bancario, como son Luxemburgo, Austria y Suiza, entrando en un terreno resbaladizo donde se podría saltar de la mera elusión de impuestos, al aprovechar las grietas del sistema fiscal, a directamente el delito de evasión.

Por su parte, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) también consideran necesario 'cambiar la lupa' del fraude hacia los grandes contribuyentes y no centrar la atención en contribuyentes más modestos.

En este sentido, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, aseguró a Europa Press que no conoce los rasgos principales del plan del Ejecutivo, pero consideró que 'la línea a seguir' debería ser el incremento de la presión sobre las grandes fortunas.

En este sentido, explicó que si no se desplaza la presión hacia estos contribuyentes no se conseguirá reducir el fraude, porque las cantidades defraudadas son mucho mayores y más relevantes.

Por otro lado, aventuró que el nuevo plan puede pretender la elaboración de estudios oficiales que sirvan para cuantificar la economía sumergida, así como hacer que sea el Parlamento el que valore dichos estudios cada vez que se hagan públicos.

De la misma forma, confió en que se establezcan fórmulas de coordinación entre la Administración Tributaria estatal y las de las administraciones autonómicas, que desarrolle una base de datos compartida y que avance en el desarrollo de la estructura de los puestos de trabajo de los técnicos del Ministerio.

Mollinedo, que insistió en que aún no han recibido información sobre este plan y que calificó el anuncio del presidente de 'sorpresivo', consideró que la puesta en marcha de estas iniciativas supondría un 'gran avance' para España, puesto que actualmente es uno de los países con más fraude de toda Europa.