Las medidas de austeridad en las que el Gobierno trabaja para reducir el déficit presupuestario hasta el 3% en 2013 van a afectar también a las retribuciones de los empleados públicos, con los que en septiembre pasado se firmó un acuerdo salarial de alcance trianual. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, avisó ayer de que dicho acuerdo 'habrá que revisarlo' para que sea 'coherente' con el plan de austeridad previsto. 'Lo que se pactó tiene que adaptarse a la reducción de costes', señaló.

El acuerdo, firmado por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, con los sindicatos de la Función Pública, establece un aumento salarial del 0,3% para 2010, no dice nada expresamente sobre las subidas de los dos siguientes años, y contempla la aplicación de una cláusula de revisión para compensar la diferencia entre las subidas salariales previstas en los Presupuestos y la inflación efectiva, y que se cobraría en 2012 y en 2013.

El plan es ahorrar 4.500 millones de personal de todas las administraciones

Ocaña subrayó que la revisión del pacto salarial no afectará al gasto de personal previsto para el presente año. 'Aquí no va a haber novedad ni sorpresa alguna', subrayó. También negó que se pueda producir un recorte del sueldo. 'Nadie ha planteado un recorte de la remuneración', dijo. Pero esquivó la respuesta cuando se le preguntó directamente por la posibilidad de una congelación salarial para 2011 y 2012. El crecimiento cero de los sueldos y la desaparición de la cláusula de revisión aparecen como los previsibles escenarios de la revisión del pacto con los sindicatos.

Ocaña subrayó que 'el ajuste' del pacto salarial deberá ser de aplicación para todas las administraciones. Según las últimas cifras, 2.602.409 personas dependen de los presupuestos del Gobierno, de las autonomías y de las corporaciones locales. La masa salarial ronda este año los 110.000 millones de euros; el 51% corresponde a las comunidades autónomas, otro 30%, a la Administración central y la Seguridad Social, y el 19% restante, a los entes locales.

Sorpresa y malestar de los sindicatos ante el anuncio de Hacienda

El objetivo, según subrayó el secretario de Estado, es rebajar la masa salarial en un 4% en 2013, esto es, lograr un ahorro de unos 4.500 millones. La parte del león de este dinero se quiere obtener limitando la cobertura de las bajas en la Administración (este año, sólo se cubrirá una de cada diez), otro asunto que también figura en el acuerdo con los sindicatos de la función pública.

Los sindicatos de la Función Pública mostraron su sorpresa por las declaraciones de Ocaña. Según el presidente del sindicato independiente CSIF, Domingo Fernández, este mismo lunes se reunieron las fuerzas sindicales con la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y ella no apuntó en ningún caso esta posibilidad. 'Revisamos la marcha del acuerdo firmado en septiembre que tiene 50 puntos y va muy bien', dice Fernández.

Su homólogo en UGT, Julio Lacuerda, pide que el Ejecutivo salga a explicarse públicamente: 'Que diga lo que quiere'. Tanto Lacuerda como Fernández afirman que cuando el acuerdo de salarios se firmó en septiembre, se tomó como una referencia del Diálogo Social y se instó al sector privado a seguir el ejemplo. Desde CCOO declinaron hacer comentarios porque también entienden que lo firmado sigue en pie y no hay razones para la preocupación.

La reducción de gastos de personal y la reorganización administrativa aparecen en la propuesta de pacto económico que el Gobierno envió en la tarde de ayer a los partidos políticos. A este respecto, Ocaña insistió en la necesidad de que las autonomías se involucren en la estrategia de austeridad y reiteró que el Gobierno será muy riguroso con sus autorizaciones de endeudamiento regional.