El Congreso pide mayor transparencia a las gestoras como SGAE

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Fin del sueño. El canon digital no será anulado en un año porque la enmienda que así lo pedía fue rechazada ayer en el Congreso. A partir de enero, los españoles empezarán las tarifas pactadas entre los ministerios de Cultura e Industria. Todo ello para compensar a los autores de las copias que se hagan (o no) de música, películas y libros comprados lícitamente. Entre los nuevos dipositivos afectados, se incluyen los teléfonos móviles con función mp3, gravados a razón de 1,5 euros por cada terminal en un país donde se venden 20 millones de móviles al año. De los vendidos en octubre,  el 60% ya incorporaba música.

Pocos saben que la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (la LISI) fue aprobada ayer en el último Pleno del Congreso de esta legislatura. Lo que se sabe es que la supresión del canon, enmienda introducida en esa ley en el Senado, no salió adelante pese a la unión de peras y manzanas del PP e Iniciativa per Catalunya.

El portavoz socialista, Diego López Garrido, defendió la tasa con pasión. “La derecha española nunca se ha llevado bien con la cultura pero sí con la propiedad”, recriminó al PP con la tribuna de invitados plagada de autores. Y por si alguien lo dudaba: “Vamos a votar por el mantenimiento del canon. Es el producto de la evolución tecnológica que hace que el trabajo de mucha gente se pueda copiar a mucha más velocidad”.

Control a SGAE

Con CiU, Izquierda Unida y CHA conformes con votar junto al gobierno, a los socialistas les quedaba esperar que el resto no hiciese el juego al PP, que ha hecho suya una enmienda de Entesa después de haber votado a favor del canon en 2006.

Lo lograron pero ningún partido, salvo el PP, se olvidó de exigir una mayor transparencia de las sociedades de gestión de derechos. José Antonio Labordeta (CHA) dijo que “habría que controlar más” a SGAE. Isaura Navarro (IU) tachó de “incoherente un impuesto indiscriminado gestionado por una entidad privada como la SGAE” y pidió “una agencia pública que lo haga con transparencia”. El Grupo Nacionalista Vasco pidió “luz y taquígrafos” en el tema del canon.

Y Jordi Vilajoana, de CiU, fue más allá al decir que “públicas o privadas, deben ser transparentes, decir cuánto recogen, qué hacen con lo que recogen y cómo lo distribuyen”.

Incluso Diego López Garrido consintió y dijo en su intervención que el canon “es compatible con seguir exigiendo un mayor control de las sociedades de gestión”.

Un grupo de control del fraude con SGAE dentro 

“Resulta necesario desplegar una lucha más efectiva contra el fraude en el pago de la compensación por copia privada, dado que éste perjudica de manera relevante a la actividad de las empresas del sector de las tecnologías de la información y a los acreedores de la compensación por copia privada, así como a la Administración Tributaria”, lo dice el borrador de orden ministerial que el Ministerio de Industria y el de Cultura han pactado y han hecho llegar  a las partes interesadas.

Para solucionar este hecho, según la citada orden, se les ha ocurrido poner en marcha “un grupo de trabajo para la colaboración de las asociaciones sectoriales que representan mayoritariamente a los deudores y las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual que representan a los acreedores. Los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio participan como observadores en el citado grupo de trabajo”.

Una de las quejas de los comercios que han sido llevados a juicio por entidades gestoras de derechos como SGAE es que se les solicitaban las facturas de las ventas de productos afectados hasta ahora por canon (CD y DVD vírgenes)asegurando que era para controlar a los importadores.
Las gestoras, según el borrador de orden ministerial, ya no tendrán que recurrir a táctica alguna puesto que el grupo de trabajo les da poder para comprobar que no se está comentiendo fraude en la recaudación, algo que en principio competería al Ministerio de Hacienda.

Cuidado con los Reyes Magos

Otra de las sorpresas del borrador de la orden ministerial es que no prevé que las nuevas tarifas del canon entren en vigor a mediados de enero, como había deslizado el Ministerio de Industria dando a entender que quedaban salvadas las compras navideñas de afrontar la tasa. Salvo que prevean cambiarlo, según el texto, “la orden prevé el mantenimiento de las cuantías establecidas transitoriamente en la ley hasta el 1 de enero de 2008, fecha en la que serán de aplicación las nuevas cuantías”.
Entre el 30% y el 40% de las ventas de dispositivos electrónicos de consumo se concentran en la campaña de Navidad.