Los consejeros de Economía de las 15 comunidades autónomas que forman el Consejo de Política Fiscal y Financiera se reunieron ayer con los deberes estudiados en muy diferentes niveles. Nueve comunidades autónomas consiguieron el visto bueno a sus planes de austeridad, lo que supondrá un ahorro total de 1.975 millones de euros si se les suma lo que aportarán País Vasco y Navarra en los próximos días (que por sus convenios forales se reúnen de forma independiente con el Gobierno).

Los planes de reequilibrio presupuestario eran un compromiso de las autonomías después de que el año pasado casi la totalidad de ellas, con excepción de la Comunidad de Madrid, hubiera incumplido los criterios de déficit fijados por el Gobierno.

El objetivo de déficit del 3% para 2013 fue aprobado sin el PP

Este montante es un recorte en el gasto presupuestado para este año, ya que se convertirán en partidas de 'no disponibilidad' y se suma el ahorro de 5.000 millones de euros que ya había anunciado la Administración central. Estos ajustes están dirigidos a que la economía española reduzca su déficit al 9,8% del PIB en 2010 (frente al 11,2% de 2009).

Sin embargo, otras cinco comunidades autónomas se sentaron en la mesa sin saberse la lección. Andalucía, Catalunya, Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias aún siguen negociando con el Gobierno central la pertinencia de sus planes de recortes.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, confió en dar el aprobado a estas comunidades 'en las próximas semanas' y aventuró que según el tamaño de estas comunidades y su actividad económica, el ahorro que pueden llegar a lograr es de otros 1.000 millones de euros. Llama la atención que las comunidades que ayer no presentaron sus planes de reequilibrio sean algunas de las más endeudadas, con la Comunidad Valenciana y Baleares a la cabeza. Algunos consejeros advirtieron de que los recortes a los que les empuja el Estado se centrarán en el gasto social, ya que Sanidad o Educación son las principales competencias a su cargo. Sin embargo, Salgado aseguró que los consejeros no habían pedido cambios normativos para no cumplir con sus obligaciones en Sanidad o Dependencia, pero sí pidieron que el Gobierno tome en consideración su situación al proponer medidas que les afectan (como el sueldo de los funcionarios).

En junio, una comisión presentará medidas concretas de ajuste

El agravio comparativo de que estas comunidades no hubieran presentado los planes a tiempo se percibió en las declaraciones de algunos consejeros a la salida de la reunión, que destacaban los desiguales compromisos con las finanzas públicas. Lo cierto es que la crisis ha ampliado las diferencias entre comunidades y ayer se sentaron consejeros de territorios que ya han salido de la crisis, como la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Aragón, con otros que tienen que lidiar con unos presupuestos restrictivos cuando tienen por delante un año que económicamente será muy duro.

Las otras disparidades que manifestaron los consejeros fueron las de tinte político. Las comunidades autónomas del Partido Popular hicieron un frente común a la hora de votar los puntos del orden del día lo que llevó, en opinión de Salgado, a una situación 'incoherente'. Así, en la primera votación en torno al acuerdo marco presupuestario destinado a conseguir rebajar el déficit al 3% en 2013, los consejeros del PP se abstuvieron después de pedir que constara en acta que estaban de acuerdo con la propuesta, 'pero no con la ausencia de contenidos'.

El consejero de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, fue uno de los más beligerantes con la 'ausencia de medidas concretas' por parte del Gobierno central. Sin embargo, la vicepresidenta subrayó que el Gobierno tiene que fijar los objetivos para que luego las autonomías marquen el camino para lograrlo. Citando además al consejero de Economía de Cantabria, Ángel Agudo, aseguró que 'el Gobierno tiene que poner el marco y los consejeros pintar el cuadro'.

Con todo, y debido a la mayoría que tiene el Gobierno en el Consejo, la medida salió adelante, con la satisfacción patente de Salgado por haber alcanzado un nuevo 'acuerdo'. El segundo punto que se votó, el formar una comisión que el 10 de junio presente propuestas concretas de medidas a adoptar para lograr el objetivo de déficit, fue rechazado por los consejeros populares.

El déficit público español fue dos décimas inferior al que facilitó de forma provisional el Gobierno a principios de año. Es decir, frente al 11,4% sobre PIB estimado inicialmente, quedó en el 11,2%, según informó ayer la vicepresidenta económica, Elena Salgado, a los consejeros de Economía de las respectivas comunidades autónomas. La relativa buena noticia, puesto que sigue siendo una cifra desbocada respecto al 3% máximo que se autoimpusieron los países de la zona del euro, se debe a la revisión del dato de las autonomías. El déficit del Estado fue del 9,5%, el mismo que reflejaba el dato provisional, mientras que las autonomías pasaron al 2% frente al 2,2% estimado inicialmente.