El Diálogo Social juega su tiempo de descuento en un campo muy resbaladizo. Los sindicatos tienen las espadas en alto después de conocer el alcance de los ajustes del Gobierno. 'Existen serias dudas sobre la fiabilidad del Gobierno en el Diálogo Social. Ha tomado unas decisiones en las que como interlocutor queda en entredicho', reconoce el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer.

Tanto UGT como CCOO reunieron ayer a sus órganos de gobierno para seguir analizando la respuesta proporcional a la 'agresión' del Gobierno. CCOO aprobó una resolución en la que asegura que el plan del Gobierno 'vulnera aspectos fundamentales del Diálogo Social'.

La posibilidad de convocar una huelga general sigue en el aire pero los sindicatos están concretando una gran movilización para finales de mes. El salto de la movilización a la huelga general se hará de la mano de la reforma laboral. Los sindicatos están con la mosca detrás de la oreja ante la posibilidad de que el Gobierno se desdiga de las iniciativas planteadas o que las imponga unilateralmente. Si esto fuera así y afectara a elementos como la indemnización del despido, los sindicatos quieren reaccionar con celeridad y convocar una huelga.

Ferrer y su homólogo en CCOO, Ramón Górriz, enviaron ayer una carta al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, exigiendo que se convoque de forma urgente la Comisión de Seguimiento del Diálogo Social. Esta comisión está presidida por Corbacho y coordinala negociación tripartita. Según pudo saber este periódico, la reunión se celebrará mañana pero la intención es que no tenga repercusión mediática. Con todo, el motivo de los sindicatos para exigir esta reunión no es tomar el pulso del proceso de negociación, sino ser informados de las medidas de ajuste.

Las tres partes se reconocen 'comprometidas' con el pacto pero tanto Corbacho como la patronal ya han reconocido abiertamente que en caso de que no se cierre ya, 'tendrá que legislar'. Corbacho advirtió ayer de que no hay espacio para una rebaja de las cotizaciones.

Por su parte, el presidente de las pequeñas y medianas empresas, (Cepyme), Jesús Bárcenas, aseguró ayer que Zapatero está muy preocupado con este tema porque 'no tiene justificación que no hayamos llegado a un acuerdo y si no lo hacemos, le tocará hacerlo a él, cosa que hasta ahora no le ha gustado, por no decir que le da pánico'.

El recorte de gastos ha alimentado la suspicacia de los sindicatos sobre la financiación de la reforma laboral. Sin embargo, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, quiso tranquilizar ayer a los agentes sociales asegurando que el dinero para este uso está en los Presupuestos Generales de 2010 y no se ha tocado.

Esta dotación presupuestada es la destinada a bonificaciones a la contratación, un monto que los agentes sociales ya han acordado utilizar de forma más eficiente, por otras vías. La principal será un paquete de fomento del empleo juvenil pero también podría ser usado para crear o nutrir un fondo que subvencione una parte de los despidos a las empresas.

El consejero de gobierno del Banco de España y catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Guillem López Casasnovas, propuso ayer congelar la protección de los trabajadores durante dos años para facilitar la contratación y la implantación de empresas extranjeras en España, informa Europa Press.

Los tres principales sindicatos de funcionarios, CCOO, UGT y CSI-SCIF, consensuaron ayer la fecha definitiva de la huelga general del sector para el 8 de junio. UGT hizo una propuesta inicial para el 2 de junio, que las otras centrales quedaron en estudiar. Sin embargo, los problemas de agenda y los plazos mínimos legales para pedir la autorización del paro hicieron muy precipitada esta fecha que se ha retrasado una semana. Además, las movilizaciones frente a las delegaciones de Gobierno comenzarán ya mañana en Sevilla. La mesa de la Función Pública todavía no se ha convocado y los funcionarios aún no saben cómo serán los recortes. El Gobierno ya ha anticipado que las tablas que se han distribuido de forma oficiosa entre los funcionarios no son las correctas. El Gobierno contempla que la restricción a la jubilación parcial afectará a alrededor de 10.000 trabajadores. Sin embargo, la presión de los sindicatos puede echar para atrás la eliminación del periodo transitorio para alcanzar el tiempo mínimo de cotización de 15 años en 2013.