La magnitud del recorte del déficit acordado por el Gobierno español (del 11,2% del PIB en 2009, al 6% en 2011) es 'apropiado' y supone una mejora 'muy importante' de los esfuerzos ya anunciados para lograr tener unas cuentas públicas saneadas. Así lo describió ayer Olli Rehn, el comisario europeo de Economía, durante una rueda de prensa junto al jefe del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso.

Es la segunda vez que Bruselas respalda el recorte de 15.000 millones de euros que en su momento calificó como 'necesario' y como un paso 'en la buena dirección'. Ayer, además, recalcó que sin las medidas, cerrar el agujero de las cuentas públicas hubiera sido no sólo 'más lento', sino 'más arriesgado'. El apoyo es compartido con Portugal, el otro país en jaque por la especulación contra la eurozona.

La Comisión cree que el plan del Gobierno es

Sin embargo, Bruselas no entra todavía a valorar si se podrían haber tomado unas u otras medidas para alcanzar las mismas metas en la redución del déficit. La Comisión lleva casi tres semanas estudiando las actuaciones que apoyan los objetivos del Gobierno (rebaja del sueldo de los empleados públicos, recorte de las inversiones y congelación de las pensiones, entre las más destacadas que forman parte del plan de ajuste) y ayer anunció que se tomará otros días más antes de juzgarlas en detalle y determinar si son suficientes. Rehn leyó cuidadosamente su 'primera evaluación' y evitó cambiar expresión alguna a pesar de la insistencia de los periodistas.

Su cautelosa posición se explica en parte por la intención de no dar pistas a los especuladores de los mercados ni incitarles a expandir rumores que, a pesar de los desmentidos, sacuden las bolsas y ponen contra las cuerdas a los países más frágiles. Además, los técnicos de Bruselas saben que no deciden en solitario y que países como Alemania u Holanda quieren opinar sobre los recortes portugueses y españoles.

Los ministros de la zona del euro protagonizarán el lunes y el martes una primera discusión, entre ellos y con el resto de países de la UE, sobre la suficiencia de las medidas. Después, la Comisión Europea presentará su análisis detallado y sólo en julio habrá una decisión definitiva de los 27 países miembro.

Aunque es inevitable que a corto plazo los mercados obliguen a los países a aplicar dolorosos recortes, la Comisión quiere garantizarse que en el futuro los rumores no sean alimentados por dudosos rating otorgados por el oligopolio compuesto por tres empresas estadounidenses. Barroso aseguró que Bruselas estudia la creación de una gran agencia europea pública de calificación de riesgos, pedida hace tiempo por Berlín.

Mientras se concreta, el comisario para el Mercado Interior, Michel Barnier, presentó una proposición que, de ser aprobada, dará poder al nuevo supervisor europeo (aún sin crear) para investigar a cualquier agencia e incluso prohibirle la redacción de nuevos estudios. Si las propuestas salen adelante, la Comisión podrá imponer multas si considera que los análisis de las agencias han sido deliberadamente manipulados. Según Bruselas, eso es lo que pudo ocurrir cuando hace semanas las principales agencias degradaron la nota de Grecia sin conocer los detalles de su plan de ajuste.

En Estados Unidos, el presidente de Moody's, Raymond McDaniel, admitió ayer que los fallos de sus calificaciones contribuyeron a la crisis financiera. Además, ex analistas de la compañía aseguraron haber sido presionados por la dirección para mejorar la evaluación de ciertos productos financieros en beneficio de sus emisores, que son los que pagan por los servicios de Moody's.