Desacuerdo total, sin sorpresas y al amanacer. La última reunión que se habían fijado Gobierno, patronal y sindicatos para pactar la reforma laboral ha concluido sin consenso.

'No ha habido margen para el acuerdo', han señalado desde el ministerio de Trabajo.'Esto se ha acabado', ha zanjado el presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, que ha reprochado a los sindicatos no querer ver la realidad y ser incapaces de acometer una reforma laboral 'profunda'.

En el lado contrario, el secretario de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, ha explicado que en este momento final de la negociación la patronal ha querido aprovechar la coyuntura de crisis para conseguir 'sus antiguas aspiraciones'.

Tras más de diez horas -comenzó ayer a las 19,30 horas y ha finalizado a las 6,00 de la mañana-, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, Díaz Ferrán y los secretarios de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, sólo han sido capaces de alcanzar un punto de acuerdo: que no haya acuerdo.

Según Díaz Ferrán las causas para poder hacer un despido procedente y la cuantía de las indemnizaciones han sido las cuestiones principales por las que las negociaciones han fracaso.

Tras prosperar el fracaso, la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega ha insistido en que 'hay que afrontar la situación de crisis económica con valentía, pero sin renunciar a nuestras señas de identidad', que en el Gobierno están, ha dicho, 'con los derechos sociales, con el estado del bienestar y con la igualdad'.

De la Vega ha llamado a 'defender los derechos conquistados', así como a 'plantar cara a los que quieren aprovechar la crisis para cercenar los avances sociales logrados'.

Gobierno, patronal y sindicatos se dieron cita en el Ministerio de Trabajo a las 19.30 horas con un gran sigilo, que fue roto por los flashes de los fotógrafos que les captaron in fraganti (el lugar se había mantenido en secreto hasta ahora) a la entrada de la reunión.

El Ejecutivo presentó un papel con los puntos fundamentales de la reforma que aprobará en Consejo de Ministros el próximo 16 de junio. La propuesta pivota en torno a la generalización del contrato de fomento del empleo, que compensa el despido con 33 días por año trabajado, ya que el Ejecutivo quiere que ese pase a ser el modelo “estándar” en el mercado de trabajo.

Este tipo de contrato, que se creó fruto de un proceso de Diálogo Social en 2006, se aplicaba hasta ahora a lo que se consideraba colectivos más desfavorecidos, como las mujeres, los parados de larga duración y los mayores de 45 años.

De hecho, sólo los parados de entre 30 y 45 años que lleven menos de seis meses en el desempleo escapan a su aplicación. Para desestimar la medida, los sindicatos habían argüido su poca utilización, ya que de los más de 4,6 millones de parados de la EPA sólo el 15% no lo podría utilizar con las antiguas condiciones, aunque no sería un motivo suficiente para acudir a la huelga general.

Lo que sí sopesarán los sindicatos como causa de huelga es la posibilidad de que la compensación del despido disciplinario en este modelo, que en la actualidad es de 45 días, se rebaje a 33. La medida es la llave para que los empresarios generalicen su uso, lo que les ahorraría el trámite judicial de despedir de forma objetiva y tener que demostrar luego por la vía judicial la procedencia del despido.

El contrato de 33 días es la clave de la reforma del Ejecutivo

Uno de los caminos alternativos que ha planteado el Gobierno para que las empresas adopten este contrato sin recurrir al abaratamiento del despido disciplinario es subsidiar parte de la indemnización. Así, el Gobierno pretende que los contratos de fomento del empleo estén ligados a la posibilidad de que el pago de la indemnización del despido objetivo (por el que se abonan 20 días por año trabajado) se comparta con el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). De este fondo, que se nutre con una cuota empresarial del 0,2%, se pagarían hasta ocho días por año trabajado al asalariado. De esta forma, el empleado no pierde sus derechos, pero al empresario le saldría más barato despedir. Este incentivo impulsaría a las empresas a adoptar este contrato y, además, a despedir por la vía objetiva y no como ahora, que el 80% de las extinciones se hacen de forma improcedente.

Otra facilidad para que los empresarios se animen a adoptar estos contratos es la de aclarar las causas del despido objetivo, especialmente las económicas, para ahorrar trámites judiciales a la empresa. Gobierno y patronal pusieron sobre la mesa un catálogo de razones para el despido por motivos económicos, una acotación a la que se han opuesto los sindicatos porque creen que hecha la ley, hecha la trampa, y que las posibilidades de fraude se multiplicarían con este sistema. Por poner un ejemplo, el Gobierno estudiaría poner en relación las pérdidas de la compañía con la cantidad de plantilla que puede reducir, pero los sindicatos temen que se manipule la contabilidad para poder cumplir determinados objetivos empresariales de reducción de plantilla.

La reforma laboral es el plato fuerte con el que el Gobierno quiere calmar el apetito de los mercados. Por eso, el Ejecutivo quiere introducir también una mayor flexibilidad en la negociación colectiva, que permita que las empresas y los trabajadores negocien de forma más individualizada los convenios. Patronal y sindicatos le han recordado que ese terreno es bilateral y que para julio esperan llegar a un pacto.

El Ejecutivo hará llegar mañana a los sindicatos y a la patronal un documento para su consulta sobre lo que considera debe ser la reforma laboral.

Además del envío del texto, el Ministerio de Trabajo se reunirá por la tarde, por separado, a petición de la patronal, con sindicatos y empresarios.

La CEOE ha pedido reunirse con el Gobierno por separado 

Las fuentes sindicales confirmaron tanto el envío del texto como que las reuniones de la tarde se harán por separado porque así lo ha pedido la CEOE.

Durante esas más diez horas, las fuentes consultadas han expresado en reiteradas ocasiones que el pacto estaba difícil y que existían diferencias en torno al abaratamiento del despido y sus causas.

Martes día 15

Granado, en la comisióndel Pacto de Toledo

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, comparece ante la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, que se encarga de velar por el sistema de pensiones y de regular los cambios. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, anunció el martes en Luxemburgo que quiere un pacto cerrado sobre las pensiones en el entorno del verano. Sin embargo, en algunos círculos del PSOE hay sorpresa por la urgencia y por la falta de debate al respecto. El Gobierno propone el retraso progresivo de la edad legal de jubilación de los 65 años actuales a los 67, la limitación de las prejubilaciones y la proporcionalidad entre la jubilación recibida y la cotización.

Miércoles 16

La reforma laboral pasa al Consejo de Ministros

El Gobierno aprobará la reforma por decreto, como ya anunció el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero. La extensión del contrato con indemnización de 33 días por cada año trabajado encabeza las principales modificaciones.

Jueves 17

Cumbre europea con españa bajo la lupa

Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 celebrarán Consejo Europeo y analizarán las reformas emprendidas por España principalmente para reducir el déficit del 11,2% al 3% en 2013. En la agenda está la aprobación de la estrategia económica denominada ‘Europa 2020’.