Aunque la Unión Europea ha logrado un consenso para pedir al G-20, este fin de semana en Toronto, una tasa para los bancos y otra para las transacciones financieras, las reformas internas encaminadas a la prevención de futuros colapsos como el de 2008 siguen siendo una asignatura pendiente. Las disputas institucionales amenazan con posponer sine die la entrada en vigor de un paquete de directivas pensadas para revolucionar la supervisión financiera y otra que regulará a los gestores de hedge funds, o fondos de alto riesgo. Los gobiernos de los 27 han fijado ya postura, pero el Parlamento Europeo, la otra media naranja de las decisiones en este ámbito, tiene un planteamiento completamente diferente, sin que se divisen por el momento posibilidades de consenso.

En el caso de los hedge funds, el Consejo (la institución de los gobiernos) logró bajo presidencia española un acuerdo, aun a costa de dejar en minoría a Reino Unido, donde se concentran la mayoría de empresas del sector. El acuerdo obligó a los hedge funds con presencia en Europa a pasar el control supervisor de cada país para poder operar en ellos, y no sólo el de uno de ellos, como pretendía Reino Unido. Sin embargo, los parlamentarios pretenden establecer requisitos europeos que, en caso de ser incumplidos, impidan el establecimiento de cualquier sociedad en suelo europeo. La vicepresidenta española Elena Salgado pretendía la aprobación definitiva de la norma este mes, pero el ponente del informe parlamentario advirtió ayer de que el pleno de julio de la Eurocámara no podrá votar el texto definitivo por falta de acuerdo.

Mientras Barack Obama pretende firmar en las próximas semanas su reforma financiera, el paquete de directivas de supervisión seguirá atragantado hasta después del verano en la Eurocámara. En esta ocasión, los diputados consideran que la reforma de los 27 se queda corta, y defienden otorgar a los nuevos supervisores europeos (en materia de banca, seguros y bolsa) poder para decidir en caso de disputas entre países sobre entidades transfronterizas, como, por ejemplo, las que cayeron como fichas de dominó tras el colapso de Lehman Brothers. Los estados, celosos de la supremacía de sus reguladores, se oponen a transferir más soberanía, dejando en suspenso una reforma que tendría que entrar en vigor este año. Según el eurodiputado José Manuel García Margallo (PP), es 'muy difícil' lograr un acuerdo en los días que restan de presidencia española de la UE, con lo que quedarán los expedientes abiertos para el otoño.

La UE, que pretende llevar un mensaje de unidad a la cumbre del G-20, verá así cómo sus complejidades y disensiones internas restan credibilidad a la firmeza de sus reivindicaciones.