De nada le ha servido a Teléfonica subir dos veces su oferta por Vivo la primera operadora de móviles de Brasil hasta llegar a los 7.150 millones de euros. Ni haber convencido, pese a la oposición del consejo de administración, a una amplia mayoría de los accionistas de Portugal Telecom representados ayer en la junta. Finalmente, el Gobierno del socialista José Sócrates, contrario a la operación, ha cumplido su amenaza de bloquearla activando in extremis el controvertido mecanismo de la acción de oro.

Esa salvaguarda fue introducida en el Reino Unido cuando Margaret Thatcher, rendida ante el capitalismo popular, tomó la decisión de privatizar British Telecom en 1984. Tenía por objeto impedir que, aprovechando el desmantelamiento del sector público empresarial, algunas actividades estratégicas cayeran en manos extranjeras. Por lo tanto, la golden share o acción de oro, que otros países en las mismas circunstancias se apresuraron a adoptar, no era más que una nueva versión del tradicional derecho de veto.

España la instauró en 1995, siendo Pedro Solbes ministro de Economía y Hacienda en la última etapa de Felipe González. Por aquel entonces, se diseñó un amplio plan de privatizaciones que completaría Rodrigo Rato a raíz de la victoria de José María Aznar en las elecciones generales celebradas el año siguiente. Repsol, Endesa, Iberia y la propia Telefónica, entre otras grandes empresas, salieron de la órbita del Estado, que se reservó, sin embargo, una acción de oro en cada una de ellas.

Nunca llegaron a utilizarse, aunque su sola mención bastó para abortar en mayo de 2000 la fusión de Telefónica con KPN, poco antes de que Juan Villalonga, en medio del descomunal escándalo de las stock options, se viera obligado a abandonar la presidencia. El Gobierno no veía con buenos ojos esa alianza por el carácter semipúblico de la empresa holandesa, que una década después no ha perdido la esperanza de llegar a un acuerdo corporativo con Telefónica.

La acción de oro fue derogada en España el 25 de noviembre de 2005, pasados dos años largos desde que el Tribunal de Justicia de la UE la declaró ilegal. Curiosamente, el ministro de Economía también era en ese momento Solbes, que se había incorporado al primer gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero en calidad de vicepresidente tras la derrota del PP en las urnas el 14-M .

Cuando España renunció a la acción de oro, más de un centenar de compañías europeas pertenecientes a sectores como la energía, las telecomunicaciones y la banca seguían sujetos a ella. Pese a los esfuerzos de Bruselas, que siempre ha defendido que es contradictorio con el derecho comunitario, la República Checa, Polonia, Hungría, pero también Reino Unido, Italia o Portugal se han resistido como gatos panza arriba a prescindir de un instrumento útil para poner coto a la codicia ajena.