El Estado portugués 'ha incumplido las obligaciones' que impone el Tratado de la Unión Europea 'al mantener en Portugal Telecom derechos' de veto en forma de 'acciones especiales (conocidas como golden shares)'. La sentencia del Tribunal de Luxemburgo trajo ayer pocas sorpresas: los principios que rigen la Unión Europea no permiten a los estados miembros mantener esos privilegios. Conclusión: la Justicia europea obliga a Portugal a eliminarlos.

La teoría dice que esta noticia beneficia a Telefónica, que ha sufrido en sus carnes el poder de veto del Estado portugués. Este anuló, el pasado 30 de junio, la decisión tomada por los accionistas de Portugal Telecom, que aceptaron por amplia mayoría (73,9%) la oferta de 7.150 millones de euros de Telefónica por el 30% que PT controla en el mayor operador de móvil de Brasil, Vivo. Portugueses y españoles comparten desde 2002 la gestión de esta compañía a través de una sociedad, Brasilcel, propietaria en total del 60% de Vivo (30% español, 30% portugués). El resto, se compra y vende en bolsa.

Pero el tiempo juega en contra de la firma española, que sólo se beneficiaría si Portugal acatase la sentencia de forma inmediata. La Comisión mandará ahora una carta para informar al Gobierno luso de la sentencia y decirles que esperan que la cumpla en breve. En dos o tres meses, Bruselas volverá a la carga con otra misiva para la que Portugal tendrá dos meses para responder. Si no lo hace satisfactoriamente, la Comisión volverá al tribunal y pedirá multas. La sentencia que impusiera dichas sanciones podría tardar entre cuatro y cinco años.

El presidente de la Comisión y ex primer ministro de Portugal, José Manuel Durao Barroso, pidió a Lisboa que acate pronto la sentencia, que calificó como 'muy importante' y reafirmó la posición de Bruselas, contraria a la acción de oro, informa Daniel Basteiro desde Bruselas. Lejos de ponerlo fácil, el Ejecutivo de José Sócrates demostró ayer que lo que pretende es buscar atajos para que PT no venda Vivo.

El Gobierno luso 'naturalmente respeta la decisión del tribunal' y buscará soluciones que permitan el respeto del derecho de la UE pero también salvaguarden los intereses nacionales', declaró el ministro de Presidencia, Pedro Silva Pereira, tras el Consejo de Ministros de Portugal. Manifestó 'su desacuerdo con la interpretación jurídica', que en cualquier caso cree que permite el mantenimiento de los privilegios, aunque estos no puedan estar en manos del Estado. Por eso, entre las posibilidades de actuación reconocidas por Silva se incluye transferir las acciones con privilegios a la Caixa Geral de Depositos, controlada por el Estado y dueña del 7,3% del capital de PT.

Eso, o que Telefónica les dé entrada en la futura compañía que quiere formar fusionando Vivo con su filial brasileña de telefonía fija Telesp. La firma española no se plantea esta opción. De hecho, según fuentes cercanas al proceso, si el próximo 16 de junio (plazo en que vence la oferta) no es aceptada, Telefónica acudirá al Tribunal de Amsterdam, donde tiene su sede Brasilcel, para deshacer el acuerdo en Vivo y procederá posteriormente a lanzar una opa por el 40% de Vivo que fluctúa en bolsa. Esto podría tardar entre tres y cuatro meses solamente.