Las reacciones a la aprobación de la reforma laboral en el Senado fueron inmediatas. UGT y CCOO fueron contundentes: 'Este proyecto de ley significa el mayor ataque a los derechos laborales en los últimos 30 años y constata la sumisión del Gobierno a los poderes económicos', señalaron en un comunicado conjunto. No en vano, dirigentes de ambos sindicatos llevaban días haciendo duras declaraciones sobre la tramitación de la reforma en la Cámara Alta.

Finalmente, la propuesta del PSOE de rebajar de los cien días actuales a 30 el periodo en el que las personas en paro pueden rechazar acciones de formación, que en los últimos días había tensado la cuerda entre UGT y CCOO y Gobierno, salió adelante. 'En lugar de incentivar y reconducir las políticas activas de empleo, prevalece la política de la sanción y la infracción a las personas desempleadas', criticaron.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, dijo ayer no entender el 'revuelo' que ha causado esta enmienda e insistió en que le parece 'razonable' la reducción de este 'periodo de gracia'.

Para las centrales, el texto aprobado en el Senado ha empeorado respecto al que salió del Congreso, fruto de las negociaciones del PSOE con los grupos 'más conservadores' de la Cámara , que 'recorta los derechos de los trabajadores, facilitando, abaratando y agilizando los despidos, y amplía el poder empresarial'. Los secretarios de Acción Sindical de UGT y CCOO, Toni Ferrer y Ramón Górriz, ya aseguraron que las enmiendas socialistas reflejaban las peticiones de la derecha 'política, social y económica'.

Los sindicatos consideran que esta reforma laboral facilita a las empresas la extinción del contrato por causas objetivas (cuya indemnización es de 20 días por año trabajado), hace más barato y rápido el despido y no aborda la lucha contra la temporalidad del mercado de trabajo. 'Lo aprobado por el Senado hace más necesario que nunca la huelga general del 29 de septiembre', sentenciaron UGT y CCOO.

Otro punto caliente es la propuesta de ampliar a 20 años el tiempo con el que se calculan las pensiones, de la que habló Corbacho el martes. El ministro de Trabajo se reafirmó ayer en su propuesta, ya que proporcionaría 'más equidad' al sistema.

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, señaló ayer que se trata de un medida 'discutible', y aprovechó para rechazar también la elevación de la edad legal de jubilación hasta los 67 años. Para Toxo, es 'peligroso' que el Gobierno sólo hable de medidas que implican recortar el gasto.