La a veces tortuosa espera asociada al proceso para cambiar de operador de telefonía conservando el número, así como de proveedor de internet (la denominada portabilidad) tiene los días contados. Estas operaciones, de las que España es líder en Europa (con 4,5 millones de portabilidades en telefonía móvil en 2009) deberán hacerse en el plazo de un día laborable, según el anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones que hoy aprobó el Consejo de Ministros. Actualmente, el plazo es de dos días, aunque es habitual que las operadoras lo incumplan, según fuentes del Ministerio de Industria. La normativa, cuya entrada en vigor está por determinar (puede demorarse hasta el próximo septiembre), pondrá a España 'al día' en materia de telecomunicaciones, al transponer varias directivas comunitarias que afectan al sector, según indicó ayer el ministro de Industria, Miguel Sebastián.

El anteproyecto prevé que el regulador sectorial, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), pueda, en caso de fallo persistente de la competencia, obligar al operador dominante (Telefónica) a efectuar una separación funcional entre su red y sus servicios minoristas. De materializarse esta hipótesis, se cumpliría en parte una vieja pretensión de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Su presidente, Luis Berenguer, ha abogado por la separación 'no sólo contable sino también física' del negocio de distribución de Telefónica.

La CMT podrá dividir la actividad de Telefónica si no hay competencia

Según Sebastián, la norma dará un 'marco jurídico de estabilidad y seguridad para los inversores' al garantizar un entorno 'más adecuado' para el despliegue de las redes de nueva generación, que ofrecerán velocidades de acceso a Internet superiores a 100 megas por segundo y que conllevarán una inversión asociada de 25.000 millones de euros. Sebastián recordó que el sector factura 40.000 millones de euros anuales y da empleo directo a 80.000 personas.

Según el anteproyecto, la CMT, a la hora de imponer obligaciones y condiciones de acceso a las redes, deberá tener en cuenta el riesgo inversor de los operadores. Además, se promoverá un uso más eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico bajo los principios de neutralidad tecnológica (utilización de cualquier tecnología) y de servicios. También se impulsará el mercado secundario del espectro, que permitirá revender este recurso.

En cuanto a los consumidores, además de reducir el plazo de las portabilidades, la ley exigirá más información sobre precios, servicios y ofertas y aumentará la protección de los datos personales, como los que las cadenas de distribución obtienen de los códigos de barras al cruzarlos con los de las tarjetas de crédito de sus clientes. Asimismo, regulará el uso comercial de las cookies (registro del historial de navegación en internet). Sebastián no quiso mojarse en el espinoso debate sobre la neutralidad de la red (la no discriminación de ningún contenido en Internet). 'Vamos a escuchar', dijo, aunque sugirió que la UE tendrá la última palabra en este aspecto.

El Plan Industrial prevé 124 actuaciones de diez ministerios

Por otro lado, el Consejo de Ministros también aprobó ayer el Plan Integral de Política Industrial 2020, que contempla 124 actuaciones de diez ministerios en 26 ámbitos relevantes para la industria. El objetivo es elevar el peso de la industria en el PIB del 15% actual al 18% (la media europea). El plan, que deberá revisarse en 2014, tendrá un impacto económico directo de casi 83.000 millones entre 2011 y 2015, entendido como el esfuerzo financiero del Estado 'en el sentido más amplio', según Industria. La cifra incluye programas de los Presupuestos del Estado, beneficios fiscales [que implican menos ingresos para el Estado], líneas de crédito de entes públicos y avales, entre otras partidas. Las previsiones de impacto económico son 'consistentes con el compromiso de reducción del déficit adquirido por el Gobierno', según Industria.

El plan fue definido por el ministro como una 'guía' para la actuación pública en materia de política industrial y una apuesta 'por un modelo de crecimiento más sostenible y el empleo de calidad'. Tendrá cinco prioridades: más competitividad, más innovación, contribuir a desarrollar las pymes, impulsar la internacionalización de las empresas y reforzar sectores estratégicos, como la automoción, el aeroespacial, la biotecnología y las energías renovables.