Reforma laboral: despidos más fáciles y baratos

El Gobierno no parece tener intención de rebajar la norma en el reglamento

La reforma laboral fue para los sindicatos, el lobo que nunca acaba de venir, pero que finalmente se zampa de una sentada los derechos de los trabajadores. Después de las infructuosas conversaciones que Gobierno, patronal y sindicatos mantuvieron durante casi dos años (de forma alterna) para pactar medidas que flexibilizaran el mercado laboral, el Ejecutivo terminó retocando, por decreto, la normativa que fija las relaciones laborales para adecuarla, en cierta forma, a las peticiones que llegan desde los organismos internacionales.

La ampliación del abanico de causas para despedir por razones objetivas, la generalización del contrato de 33 días de indemnización, o la cesión de la toma de decisiones en la organización del tiempo de trabajo a los empresarios fueron algunas de los principales golpes que denunciaron los sindicatos y que les llevaron a convocar la huelga del 29 de septiembre.

Con todo, la reforma entró en vigor en julio y se aprobó definitivamente en las Cortes en septiembre, sin que por el momento parezca que el Ejecutivo tenga intención de suavizar algunos de sus puntos más ásperos. Con la llegada del nuevo ministro, Valeriano Gómez, se barajó la posibilidad de que este intentara redactar los reglamentos que aún están pendientes de desarrollo en la reforma (como las causas del despido objetivo o los ERE), desde un punto de vista más sindical.

Sin embargo, y a falta de que se reanuden las conversaciones tripartitas, el Gobierno no parece tener intención de rebajar en un ápice el espíritu de la reforma, que busca crear empleo mediante la generación de confianza en los empresarios, bajo el supuesto de que si les resulta más barato despedir en el futuro, contratarán con menos cautela en el presente.

Otro de los apartados pendientes de desarrollo, el del papel de las agencias privadas de colocación en los Servicios Públicos de Empleo, fue remitido este viernes para su visto bueno al Consejo de Estado. 

La medida fue un golpe inesperado para los agentes sociales

El final de la luna de miel que vivieron los sindicatos y el Ejecutivo en la primera legislatura de Zapatero y en los albores de la segunda tuvo un brusco punto final cuando, el 28 de enero del año pasado, el presidente del Gobierno anunció su intención de subir de 65 a 67 años la edad legal de la
jubilación.

Hasta ese momento, los sindicatos habían tratado de lidiar, con mayor o menor cintura, el continúo runrún que llegaba desde Bruselas sobre la necesidad de que el Ejecutivo español abordara, de una vez, reformas estructurales que se preveía se iban a traducir en recortes sociales.Para mostrar su repulsa contra este anuncio de Zapatero, los sindicatos convocaron el 23 de febrero manifestaciones en muchas ciudades españolas. La de Madrid tuvo un escaso éxito de público y llevó a la opinión pública a cuestionarse sobre la capacidad de respuesta de los ciudadanos.

Con todo, aquella manifestación se convocó sobre la base de una hipotética reforma que debería pasar por el espeso filtro del Pacto de Toledo y que muchos se tomaron como un globo sonda del Gobierno, que luego recogería velas ante el descontento popular. Sin embargo, las dos crisis de deuda que ha atravesado la zona del euro y la incisiva mirada que los mercados han clavado en España han llevado al Gobierno a reafirmarse en su determinación de elevar la edad legal para retirarse.

El próximo 28 de enero, un año después de que el Ejecutivo anunciara sus intenciones, se presentará un proyecto de ley que recogerá, según asegura el Gobierno, los criterios que fije el Pacto de Toledo y las aportaciones que hagan los agentes sociales respecto a la reforma de las pensiones.

La interlocución con los sindicatos cuenta con el no a los 67 años y será caldeada. Para empezar, el Ejecutivo espera hacer en tres semanas lo que en anteriores reformas de las pensiones se hizo en casi tres años. Además, el enfado de los agentes sociales va a hacer muy difícil entablar un debate constructivo.  

Los sindicatos creen que el próximo paso es injerir en las relaciones laborales

En tiempos de bonanza y en los de crisis, los organismos internacionales (que en cierta forma ejercen de portavoces de los impersonales mercados) han emitido la misma receta para España: reforma del mercado laboral, reforma de las pensiones y reforma de la negociación colectiva. Este último punto es, por tanto, el único que le falta al Ejecutivo para poder cumplir a rajatabla la prescripción reformista marcada por Bruselas.

Sin embargo, el Gobierno es consciente que casi desde que se creó el Estatuto de los Trabajadores la negociación colectiva ha sido una cuestión bilateral, entre la patronal y los sindicatos, y que el Gobierno ha permanecido como espectador, más o menos activo, para crear el marco apropiado ante las decisiones que marcaba esta interlocución.

La demora en el proceso de reforma de la negociación colectiva, un compromiso al que llegaron los sindicatos y la patronal y que apenas ha avanzado debido a la frágil situación de la CEOE, ha llevado al Ejecutivo a empezar a meter presión con la necesidad de culminar ya ese proceso.

Con todo, la dirección que el Ejecutivo quiere que tome la negociación colectiva está muy alejada de las ideas por donde la quieren encaminar los sindicatos. Al Gobierno le han exigido que se mejore la flexibilidad en las empresas, y esta supuesta flexibilidad pasaría por generalizar las cláusulas de descuelgue (algo que por otra parte ya se incluye en la reforma laboral) y en la simplificación de convenios.

Los sindicatos creen que el Ejecutivo quiere, en realidad, acabar con la ultractividad, esto es, que se sigan cumpliendo los criterios que marca un convenio cuando se caduca hasta que se negocie uno nuevo que marque otras condiciones.

En la situación que se vivió el año pasado, con cientos de convenios bloqueados, el fin de este precepto hubiera llevado a las empresas a vivir una situación de conflictos laborales generalizados por no tener convenio.