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La Justicia española aprueba que las eléctricas compren ya carbón nacional

La entrada en vigor del decreto, a falta de que Luxemburgo decida en enero

ANA FLORES

Gobierno 2 - Eléctricas 0. La normativa que obliga desde octubre a comprar carbón nacional para producir energía eléctrica está, desde ayer, mucho más cerca de entrar en vigor y asegurar con ello producción a las minas españolas al menos hasta el año 2012. El bombardeo de recursos en contra presentados por Endesa, Iberdrola y Gas Natural-Fenosa, escandalizadas por verse obligadas a comprar una materia prima más cara, no está teniendo ni mucho menos el efecto deseado. Su intención de mantener bloqueada con medidas cautelares la norma ha errado ya dos veces el tiro.

Primero fue la Audiencia Nacional la que decidió vincular la adopción de medidas a lo que dijese el Tribunal Supremo, ante el que también habían recurrido las eléctricas. Ayer habló el Supremo y dijo que no acepta los argumentos de las eléctricas para congelar la norma. Dice que se esperen a la sentencia definitiva y que, si entonces no se les da la razón y consideran que hay daños económicos, que reclamen.

El Supremo no tomará cautelares como pedían las eléctricas

Porque, en contra de lo que defendían las citadas eléctricas, que hablaban de 'daños no evaluables económicamente y/o irreversibles', el Supremo considera que sí son cuantificables y que tienen 'vías jurídicas de resarcimiento', como la 'exigencia de responsabilidad patrimonial del Estado'. Respecto a los intereses de las eléctricas que pudiesen verse perjudicados (como la discriminación de centrales que produzcan con carbón importado), el Alto Tribunal considera que 'debe prevalecer el interés público'. Para respaldar ese interés, el Supremo admite el argumento del Gobierno que dice que la obligación de comprar carbón nacional tiene el objetivo de 'garantizar el suministro energético'.

Las eléctricas se han negado a admitirlo asegurando que 'las centrales que utilizan carbón importado, más eficiente que el autóctono, son esenciales para asegurar tal garantía' de suministro. El Supremo considera que, como la decisión de la Administración pretende 'mantener operativa la industria nacional del carbón', las opiniones son tan distantes que no es posible utilizarlas para tomar medidas cautelares. Hay que esperar a la sentencia.

El Alto Tribunal tampoco da la razón a las eléctricas en su intención de anular la norma porque el Gobierno no solicitó al Consejo de Estado un nuevo informe que ellas creían necesario.

La norma garantiza producción a las minas nacionales hasta 2012

A falta de la previsible reacción de la Audiencia Nacional en los próximos días, (que se espera siga, como aseguró, el camino marcado por el Supremo), a las eléctricas les queda el Tribunal de Luxemburgo. Allí recurrieron la decisión de la Comisión Europea de considerar el decreto una ayuda de Estado legal.

Si Luxemburgo, que tiene vista sobre el tema el 10 de enero (decidirá días después) levanta sus cautelares, el decreto entrará en vigor. Eso significa que, en los siguientes tres días, las eléctricas deberán presentar cartas de compromiso de compra de carbón nacional hasta 2012.

La batalla sigue, por tanto, a pesar de que algunas de las compañías (entre ellas Endesa y Gas Natural-Fenosa) accedieron recientemente ante el Gobierno a firmar opciones de compra de carbón nacional equivalentes al consumo de un mes de sus centrales térmicas para facilitar el pago de las nóminas de esta Navidad de los mineros.

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