Siete meses y una huelga general después, sindicatos, patronal y Gobierno volvieron a sentarse hoy a la misma mesa de negociación. La reforma de las pensiones, el desarrollo de la reforma laboral, las políticas activas de empleo y la reforma de la negociación colectiva fueron los asuntos que centraron el encuentro. Las partes acordaron continuar e 'intensificar' las reuniones y, lo más significativo de todo, incoporar ya a 'a todas las fuerzas políticas del arco parlamentario para hacerlas copartícipes del proceso'.

La intención es conseguir un gran pacto global que, según todas las partes, daría más confianza tanto dentro como fuera de España. El vicepresidente primero del Gobierno dijo hoy que el Ejecutivo se esforzará por alcanzar el acuerdo 'porque sería muy bueno para la economía española' aunque remarcó las dificultades que existen. 'No podemos levantar falsas expectativas, el consenso es muy difícil', subrayó. También aseguró que ya se están produciendo contactos con todos los grupos políticos.

'El encuentro ha servido para poner de manifiesto la voluntad de todas las partes por conseguir el entendimiento sin ignorar las dificultades que se derivan de esta negociación', señalaban en un comunicado al final de la reunión, a media tarde de hoy.

A la reunión fueron el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, y, por primera vez, el recién elegido presidente de CEOE, Joan Rosell.

Respecto a la reforma de la negociación colectiva, serán los sindicatos y la patronal los que negocien bilateralmente, aunque mantendrán informado al Gobierno de sus avances. La fecha límite para el entendimiento en esta materia es el 20 de marzo, tal y como establece la reforma laboral aprobada el pasado verano. Si no hay acuerdo, el Ejecutivo legislará.

En medio de estas negociaciones, el jueves se conoció el borrador de real decreto sobre procedimientos de regulación de empleo y que desarrolla parte del contenido de la reforma laboral. El punto más destacado: que las pérdidas coyunturales previstas de las empresas no serán causa de despido objetivo (de 20 días de indemnización por año trabajado, el más barato de todos). Sin embargo, sí servirán para llevar a cabo suspensiones temporales de contratos o reducciones de jornada.

'El contrato podrá suspenderse por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción', dice el borrador, también al respecto de la reducción de jornada. Las pérdidas previstas están ya incluidas en la causas económicas, por lo que serán motivo suficiente para que el empresario pueda utilizar uno de estos mecanismos.

Este es uno de los motivos por los que los sindicatos consideran 'incompleto' o 'insuficiente' este borrador. Señalan además que la jurisprudencia (la decisión sobre si se autoriza o no un expediente de regulación de empleo corresponde a los jueces si no hay acuerdo con los representantes de los trabajadores) tardará algún tiempo en generarse.

En el otro lado, el Gobierno se defiende de las acusaciones que aseguran que ha rebajado el contenido de la reforma laboral y que lo hace a cambio de un acuerdo en pensiones. 'Ni tiene que ver con pensiones ni cambia la posición del Gobierno ni el espíritu de la reforma laboral', aseguró Rubalcaba.

El vicepresidente primero del Gobierno explicó que es 'razonable' que las condiciones para acogerse a despidos colectivos sean más exigentes que las de los despidos individuales y que se pidan más garantías cuando se argumenta una previsión de pérdidas que cuando estas ya se han producido.