Hasta ahora, salvo delito flagrante, los ejecutivos de las entidades financieras españolas que han recibido ayudas públicas se han ido de rositas. Nadie les ha impuesto ninguna condición. La caja se limitaba a pagar los intereses del dinero recibido, más altos o más bajos dependiendo del producto elegido. A partir de ahora, los directivos tendrán que pagar un peaje de su propio bolsillo. Las cajas que precisen a partir de ahora ayuda del fondo de rescate (FROB), es decir, que sean nacionalizadas, tendrán que presentar un plan que contenga la limitación de retribuciones de la cúpula y también del reparto de dividendos.

El real decreto ley que ayer aprobó el Consejo de Ministros no precisa cuál deberá ser la cuantía máxima. Eso quedará a negociación con el Banco de España y el FROB. También habrá una limitación posterior para el resto de entidades aunque no reciban ayudas públicas. Cuando en condiciones excepcionales bajen hasta un 20% del nivel de solvencia exigido, tendrán que limitar también los salarios y los dividendos. Y si permanecen en esa situación durante más de seis meses, la entidad será intervenida, igual que ocurre ahora.

Hasta ahora, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países en los que se han entregado ayudas públicas, no se habían limitado en España las retribuciones de los banqueros. No obstante, los grandes bancos se han acogido a las recomendaciones internacionales de cómo pagar los sueldos a sus ejecutivos (más diferidos y con más acciones), al tiempo que varias cajas han eliminado los planes de incentivos que tenían para sus más altos directivos.

Los grandes bancos se han acogido a las recomendaciones internacionales La limitación del reparto de dividendos, que tiene como objetivo dedicar una mayor parte de los beneficios a reforzar la solvencia de las entidades, tendrá un afectado directo: la obra social. Las cajas recibirán menos dinero (dividendos) de sus bancos y, por tanto, tendrán menos fondos para dedicarlos a las actividades sociales.

Estas limitaciones son de las pocas concesiones que ha realizado el Gobierno a los partidos políticos, patronales de bancos y cajas, comunidades autónomas y sindicatos en las negociaciones que ha mantenido con ellos en las últimas semanas. Inicialmente, un borrador de la normativa establecía que cuando hiciera falta entregar ayudas públicas a una entidad se abriría un expediente a los directivos por 'infracción muy grave'. Eso ha desaparecido y han quedado las limitaciones salariales.

En el resto, el Ejecutivo ha mantenido su dureza inicial. Las entidades financieras españolas serán, cuando se implante la normativa, las más solventes de todo el mundo o, al menos, las que tengan los requerimientos de capital más elevados, a mucha distancia del resto. Finalmente, todas las entidades tendrán que tener un ratio de capital (core capital, que muestra cuántos recursos tiene una entidad para hacer frente a los riesgos que asume) del 8%, y esta cifra subirá hasta el 10% en el caso de las que no coticen o no tengan al menos un 20% de sus acciones en manos privadas. Como muestra de la dureza española frente a la del resto de países, en las últimas pruebas de estrés (que era lo más elevado que se había exigido nunca) se pidió un 6% para aprobar, y en las próximas se pedirá un 7%, que es la misma cifra que reclamará internacionalmente cuando entren en vigor en 2013 las normas de Basilea III. Y las cuentas de la solvencia española se harán siguiendo los requisitos de Basilea.

El Estado venderá las acciones en un plazo máximo de cinco años Frente a esto, las cajas que no se conviertan en bancos y salgan a Bolsa tendrán que alcanzar el 10%. Es una cifra tan elevada que prácticamente todas tendrán que acabar en los mercados, lo que lleva meses reclamando el Banco de España. Es la privatización definitiva de las cajas de ahorros, que se habrá materializado en marzo del próximo año, cuando finaliza el plazo para recapitalizarse con la salida a Bolsa, y la desaparición del modelo de cajas, ya que en apenas unos meses, todas se habrán convertido en bancos. La mayoría, antes del verano.

Quien no cumpla los requisitos será nacionalizada a partir del 30 de septiembre, aunque podrá hacerlo antes si lo solicita. El Estado venderá las acciones en un plazo máximo de cinco años mediante subasta, aunque en los dos primeros, la caja propietaria del banco nacionalizado tendrá derecho de recompra de los títulos, ya sea para quedárselos o para vendérselos a un tercero sin necesidad de que haya una puja. El FROB, que ahora tendrá representantes del Ministerio de Economía, defenderá su inversión en las cajas situando consejeros no ejecutivos en las entidades.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, explicó ayer que el objetivo de todas estas medidas es que haya más crédito en España y que el país recupere definitivamente la credibilidad que ha perdido en los mercados internacionales. El real decreto ley se ratificará en el Congreso y el Gobierno se ha asegurado ya que lo conseguirá con el apoyo de CIU y previsiblemente de PNV y CC. Quien no está dispuesto por el momento a apoyar la medida, pese a que hasta ahora lo ha hecho en todas las medidas financieras de la crisis, es el PP. Esta norma deja en una difícil situación a Novacaixagalicia o más bien impide prácticamente que continúe como una caja gallega, que es por lo que tanto luchó Alberto Núñez Feijóo. El partido ha iniciado por eso una cruzada contra esta normativa. Feijóo dejó ayer patente su oposición al asegurar que 'con sus constantes improvisaciones y bandazos económicos financieros', el Gobierno 'no va a garantizar' que fluya mejor el crédito, 'sino lo contrario'.

Ante lo inevitable, las cajas se limitaron ayer a asegurar que acatarán estas exigencias pese a que son mucho más elevadas que las del resto del mundo, y los bancos prefirieron hacer ver que la cosa no va con ellos, aunque por lo bajo se quejan de que los plazos son muy largos.