Las fábricas de las diez empresas de José María Ruiz-Mateos declaradas en preconcurso de acreedores lograron ayer seguir en funcionamiento, a pesar de los problemas cada vez mayores para recibir la materia prima con que elaborar sus productos. La situación parece cada vez menos sostenible. Los proveedores no quieren verse atrapados ni en un euro más, se niegan a convertirse en los financieros de la familia Ruiz-Mateos. Unos 500 ganaderos de vacuno elevaban ayer a entre seis y siete millones de euros el saldo pendiente de pago por parte de las empresas que agrupa la marca Nueva Rumasa.

Ante la velocidad con que se desarrollan los hechos, las Federaciones Agroalimentarias de UGT y CCOO se reunirán hoy con los representantes de los centros de trabajo afectados por el preconcurso de acreedores. Esperan también la llamada del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural, que aseguraba el pasado fin de semana que se reuniría con los representantes sindicales para tratar la situación.

El intento de centralizar las soluciones no puede evitar, sin embargo, la dispersión de los problemas que aquejan a las empresas de Ruiz-Mateos, que no cuentan con un inversor común ni están unidas en un mismo grupo.

La situación parece cada vez menos sostenibleDe momento, los expedientes preconcursales se han repartido en lo juzgados de cinco comunidades autónomas, según informó Ep citando fuentes jurídicas. Clesa y el Club Rayo Vallecano serán tramitados en Madrid; Dhul, en Granada; Garvey, en Cádiz, y los hoteles de Hotasa, en Málaga. El expediente de Carcesa se tramitará en Extremadura; Queserías Menorquinas, en Balears; mientras que los de Hibramer, Trapa y Elgorriaga se tramitarán en juzgados de Castilla y León.

Esta dispersión de los procesos, según fuentes legales citadas por Ep, favorece a los pequeños acreedores.

Las peticiones de ayuda también se han dispersado por las autonomías. UGT Madrid pidió ayer a la Consejería de Economía de la comunidad que 'intervenga' para evitar que desaparezcan los 570 empleos de Clesa en la región. El Gobierno de Aragón se reunió ayer con representantes de la Asociación de Productores de Leche de la autonomía, que quieren seguir suministrando su producto si hay garantías de cobrarlo.