Dos exámenes, uno de ellos tipo test con 20 preguntas específicas sobre el puesto a cubrir, una traducción de inglés y una prueba práctica. Estas fueron las pruebas de Aena en su última convocatoria externa para cubrir diferentes puestos en las categorías C y F, las más bajas que aparecen en el convenio del ente público. Unas 9.500 personas se presentaron para 29 plazas en diversos aeropuertos.

'Un puesto para toda la vida. Trabaja en Aena', asegura la publicidad de una academia que prepara estos exámenes de acceso. Un lema que centra el desacuerdo entre sindicatos y el ente público, por la privatización del 49% de este, y que amenaza con 22 días de huelga desde Semana Santa hasta el final del verano. 'Somos funcionarios', aseguran desde los tres sindicatos mayoritarios en Aena para garantizar el empleo y los derechos laborales ante la llegada de empresas concesionarias en El Prat y Barajas. 'Son personal laboral público', los define el gestor de aeropuertos.

Los funcionarios que salen de Correos están recalando en otros organismos

'Si fueran funcionarios', explican desde CSI-CSIF, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, 'la plantilla de Aena podría optar a las mismas salidas ante la privatización que están ejerciendo los funcionarios de Correos': solicitan el cambio a otros organismos del Estado, como el Ministerio del Interior o Tráfico, donde conservan su condición de funcionarios.

Esta salida ha sido una de las opciones que han planteado los sindicatos de Aena en la mesa de negociación. Una solución, por ejemplo, que no se le planteó al Gobierno en la absorción de Argentaria (el último banco público) y sus empleados por parte del Banco Bilbao Vizcaya en 1999. 'Entonces no existió blindaje. La plantilla pasó directamente a la entidad financiera privada', sostienen desde CSI-CSIF.

Durante este fin de semana, los servicios jurídicos de CCOO, UGT y USO han estudiado la última propuesta de Aena para intentar desconvocar la huelga. Un texto de diez páginas, presentado por Juan Ignacio Lema, presidente de la compañía, que promete un blindaje para los trabajadores de Aena que acaben siendo transferidos a las empresas concesionarias que gestionarán y explotarán Barajas y El Prat. El ente público se compromete a proporcionar una excedencia especial, con la opción de reingreso en cualquier centro de Aena, participar en los procesos de promoción interna en las empresas y computar a efectos de antigüedad el tiempo trabajado en la concesionaria.

'En la privatización de Argentaria no hubo blindajes', dicen en CSI-CSIF

Además, Aena asegura que la plantilla existente en cada uno de los aeropuertos concesionados no podrá ser modificada a la baja sin autorización de la sociedad de seguimiento de la concesión. Una exposición que matiza, un par de párrafos después, con tres salidas en el supuesto de que haya que optimizar la plantilla por razones técnicas, económicas, organizativas o productivas. 'Un puesto de trabajo de su misma ocupación en otro centro del grupo Aena; el reciclaje a una nueva ocupación siempre que ello fuera organizativa y técnicamente posible o una indemnización prevista en el actual convenio colectivo', se explicita en el borrador. Estas dos últimas vías son las que, según los sindicatos, abren la opción de los despidos. 'El documento sigue siendo insuficiente', sostienen desde CCOO. Para USO, el documento es 'inaceptable', según dijo ayer su representante Luis Moutón.

Mientras, en alguna de las posibles compañías que pueden hacerse con la gestión de un aeropuerto calculan ya el coste de recibir a trabajadores de Aena con sus derechos del convenio actual. 'Será un coste asumible', explican, 'dado el rango salarial (entre 1.100 y 2.200 euros netos al mes) de la plantilla y la potencialidad económica de Barajas y El Prat'.