Casi un millón de trabajadores españoles no se verán afectados por la reforma de las pensiones. Al menos por ahora. Se trata de los funcionarios de la Administración General del Estado y del resto de funcionarios que pertenecen al régimen de clases pasivas, y que no se rigen por el mismo sistema que el resto de los trabajadores. El Ejecutivo y los funcionarios se han sentado a trasladar la nueva normativa de pensiones a los empleados públicos, pero las diferencias han surgido con rapidez.

Gobierno, patronal y sindicatos firmaron el pasado 2 de febrero en el Acuerdo Social y Económico que se abordaría una reforma integral de la Función Pública donde se integraría también la traslación de la nueva regulación para la jubilación. El acuerdo tripartito abordaba tres aspectos: la aplicación de la reforma de las pensiones a las clases pasivas; la definición del Estatuto Básico del Empleado Público y el grado de cumplimiento en el sector del acuerdo salarial.

Aunque este compromiso apenas había tenido movimiento desde la firma del acuerdo, en los últimos días se habían precipitado los acontecimientos ante una propuesta de la Secretaría de la Función Pública, dirigida a cambiar el sistema de pensiones que rige al funcionariado. La iniciativa excluía a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a la Justicia, lo que hace que los principales afectados de la reforma sean el personal docente (casi medio millón, según fuentes sindicales).

Según denuncian los sindicatos, la propuesta del Gobierno era 'parcial' porque sólo se abordaba una parte del acuerdo, lo referente a pensiones, y desde una óptica ventajista para el Estado. Así, la propuesta del Ejecutivo pretendía incorporar sólo las partes que podrían causar una lesión de derechos para los trabajadores, pero no las que acarreaban mejoras. Básicamente, la propuesta plantea retrasar la edad de jubilación de los empleados públicos a los 67 años, con una nueva jubilación anticipada a los 63 (hasta ahora podían hacerlo a los 60).

Sin embargo, de las desventajas del actual sistema de clases pasivas, en el que se toma toda la vida laboral del funcionario para calcular la prestación, cuando en la nueva reforma de las pensiones sólo se coge los últimos 25 años de vida laboral, no se hablaba. 'Se aplica además una reforma sobre unas bases menores a las del régimen general', recuerda Carlos Bravo, responsable de Seguridad Social de CCOO.

Las desavenencias han llevado a que las partes se concedan un 'periodo de reflexión' que los sindicatos han interpretado como una marcha atrás en los planes del Ejecutivo. El Ministerio de Política Territorial asegura que sólo se han dado un tiempo para el acuerdo. Desde el 1 de enero, los nuevos funcionarios ya no se integran en clases pasivas.