La Comisión Europea ha rechazado de forma contundente que se pueda especular con la economía española después de que, anoche, Portugal solicitara su rescate financiero. España 'ha cumplido sus compromisos' y 'debe ser juzgada por sus méritos', ha afirmado en una rueda de prensa el portavoz de Asuntos Económicos y Monetarios en la CE, Amadeu Altafaj.

'No hacemos analogías' entre España y Portugal, 'no especulemos con ese escenario', ha insistido para asegurar que España está en camino de cumplir sus objetivos sobre reducción del déficit público para 2010 y 2011, para lo que ha acometido 'importantes' reformas aprobadas últimamente por el Gobierno de Madrid, como la reforma del mercado de trabajo.

En el mismo sentido se ha expresado el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, quien confía en que Portugal sea el último país de la Unión Europea (UE) que requiera de rescate financiero y cree que España no está riesgo, a pesar de que sus empresas y bancos 'no son inmunes' a la crisis portuguesa.

A juicio de Almunia, España 'no tiene problemas de financiación' y situación es 'completamente distinta' a la de Portugal, Grecia e Irlanda, los otros dos países cuyas economías han tenido que ser rescatadas.

Aunque existe una 'estrechísima' relación entre España y Portugal en cuanto a inversiones y exportaciones, el comisario de Competencia defiende que la economía española es 'seria' y no está en peligro. 'España exporta a Portugal más del doble que a América Latina. Es lógico que las empresas y bancos españoles no sean inmunes a lo que está ocurriendo en Portugal. Pero la economía española es sólida', ha mantenido.

La petición de ayuda financiera hecha por Portugal a Bruselas ha abierto un complejo proceso, que puede durar varias semanas y debe negociar el dimisionario Gobierno socialista luso, en funciones hasta las elecciones del próximo 5 de junio.

El primer ministro portugués, José Sócrates, se rindió el miércoles a la presión financiera que sufre su país y anunció que había solicitado apoyo financiero a la Comisión Europea (CE).

El rescate, que sigue a los de Grecia e Irlanda, abre un nuevo proceso administrativo que puede involucrar cerca de 75.000 millones de euros, la cifra considerada 'adecuada' por el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker.

El rescate provocará que Portugal pierda autonomía económica

Los fondos de estabilización europeos deben permitir a Portugal hacer frente a sus compromisos financieros sin la presión de los altísimos intereses que le exigían ya en el mercado.

Pero, en contrapartida, el país perderá autonomía en materia económica y deberá seguir fielmente las líneas que marquen la Comisión Europea e incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI), que debe participar en la operación.

Los analistas lusos apuntan a que de los fondos de estabilización europeos pueden proceder dos tercios de la asistencia a Lisboa y el resto será aportado por el FMI.

Como ya sucedió en los casos de Grecia e Irlanda, la procedencia de la ayuda comunitaria será de los diferentes socios de la UE.

Tras la petición formal realizada ya por Lisboa la CE tramitará la asistencia financiera 'lo más rápido posible, de acuerdo con las normas aplicables', según informó su presidente, José Manuel Durao Barroso, en Bruselas. La activación del fondo de rescate de la zona euro requiere de la negociación de un programa de ajuste bajo estrictas condiciones, como fue el caso de Grecia e Irlanda.

La tramitación de la ayuda requiere que la CE y el Banco Central Europeo estudien la documentación enviada por Lisboa y emitan una recomendación dirigida a los ministros de Economía de la UE. De ser positiva su respuesta, los ministros votarían la propuesta y deberían especificar cuál es la cantidad que va a recibir Portugal, en cuántas fases y en qué condiciones.

Posteriormente, se firmaría un acuerdo entre el país y la Comisión, tras lo que ésta acudiría al mercado para emitir obligaciones y recabar financiación, que sería otorgada a Lisboa de forma regular y en función del cumplimiento de las condiciones pactadas.

El plazo estimado por los expertos entre el primer paso -petición de la ayuda- y el último -recepción del primer pago- puede ser de tres a cinco semanas, aproximadamente.