Si la salida de Dominique Strauss-Kahn del Fondo Monetario Internacional (FMI) estuvo salpicada por un escándalo que aún se dirime en los tribunales estadounidenses, la llegada de Christine Lagarde no ha estado exenta de polémica. Ayer, la justicia francesa abrió formalmente una investigación contra Lagarde por posible abuso de autoridad durante su mandato como ministra de Economía del Gobierno de Nicolas Sarkozy. Ya se sabía que la actual directora gerente del FMI iba a ser investigada, pero no las penas a las que podría enfrentarse: hasta diez años de cárcel y una multa de 150.000 euros.

La apertura oficial de la investigación en pleno agosto y tan sólo dos semanas después de que la justicia francesa diera el visto bueno parece mostrar la determinación de los tribunales de llevar a cabo el proceso contra la exministra de forma rápida.

La comisión investigadora está formada por tres jueces del Tribunal de Justicia de la República (una corte especial que tiene la potestad dejuzgar a ministros), que previsiblemente llamarán a testificar a la directora gerente del FMI, aunque se desconoce cuándo.

Lagarde será investigada por complicidad en la malversación de fondos en un caso relacionado con el empresario, y amigo de Sarkozy, Bernard Tapie. El empresario denunció ante la justicia que un antiguo banco del Estado le había defraudado durante la venta de su parte de la firma Adidas. Aunque perdió en los tribunales, Tapie apeló la decisión cuando Sarkozy llegó al poder. Lagarde, que niega las acusaciones, decidió entonces apartar el caso de los tribunales y llevarlo ante un arbitraje que finalmente indemnizó a Tapie con 285 millones de euros.