No es sólo María Dolores Amorós, ex directora general de la CAM, la que está en el punto de mira de la Justicia, sino todo el equipo directivo que dirigían Modesto Crespo y Roberto López Abad. Se han presentado cuatro denuncias ante la Fiscalía de Alicante impulsadas por organizaciones como Vecinos por Alicante, el 15-M y Cercle Obert y otra en la Audiencia Nacional del abogado Diego de Ramón. Además, Greenpeace sopesa si presenta una denuncia junto a distintos colectivos ecologistas, y Anticorrupción ha abierto su propia investigación.

Los escritos se dirigen contra Amorós y sus padrinos

Cuando la intervención del Banco de España era inevitable, cinco altos ejecutivos se autoasignaron prejubilaciones por 15 millones y rentas vitalicias. Amorós, que se quedaba en la caja, se puso un sueldo de 600.000 euros y una pensión vitalicia de 370.000 euros.

Entre 2004 y 2010, los consejeros se autoconcedieron créditos por 161 millones, en condiciones muy ventajosas. Las denuncias piden que se investiguen también créditos especiales a la Generalitat y a proyectos dudosos como Terra Míti-ca, Ciudad de la Luz y Seseña.

Todos están pendientes del informe del Banco de España

Amorós promocionó a una hermana, Luisa Esperanza, que pasó de ser nombrada subdirectora de zona a directora de particulares de Alicante.

Pese a que la entidad declaró ganancias de 39 millones en el primer trimestre, el FROB cifró pérdidas de 1.136 millones en el primer semestre. La denuncia ante la Audiencia Nacional sostiene que el milagroso resultado sólo fue posible por la comisión de delitos de estafa, falsedad documental y delito societario.

Dos exconsejeros de la CAM están imputados en uno de los mayores casos de corrupción del País Valencià, por una supuesta red de comisiones en la adjudicación en la recogida de la basura. En esta conexión, los denunciantes contra la CAM piden investigar la recalifación de solares.

La inmobiliaria participada por la CAM tiene polémicos megaproyectos en México impulsados con créditos de la caja. Se pide investigar el supuesto cruce de intereses entre empresa y directivos de la CAM.