Las cosas en palacio van despacio y en la Unión Europea, mucho más. Los delicados equilibrios de fuerzas hacen que sea difícil ejecutar incluso las acciones más obvias. Y una de las obviedades que en la última semana se han pasado por alto ha sido que la recapitalización bancaria no es sólo necesaria para cubrir la posible depreciación de la deuda soberana de los países periféricos, sino también para acotar el riesgo en el ladrillo en España y en los activos tóxicos (subprime) en el resto de la Unión Europea.

La última orden de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) es que los bancos europeos tienen que incrementar su capital en 106.447 millones de euros, de los que 26.161 millones corresponden a los cinco mayores bancos españoles. Con esta medida, las autoridades creen que el sector financiero recuperará toda la confianza que necesita (así se lo trasladó Elena Salgado a la banca y los expertos en una reunión el pasado viernes). Pero cada vez son más numerosas las voces que dicen que no es suficiente. Desde los propios bancos lo reconocen.

'Nos hubiera gustado que el ejercicio pidiera capital en base a los problemas de los balances; es decir, en España el riesgo inmobiliario y en otros países los activos tóxicos que siguen sin valorarse a precios de mercado', aseguraba la semana pasada Manuel González Cid, director financiero de BBVA. El director de Regulación del Banco de España, José María Roldán, afirmaba hace un mes en Londres: 'Las dificultades para algunas entidades españolas se mantienen en su exposición al sector inmobiliario. Necesitan tiempo para digerir esos riesgos'.

Los bancos europeos no han puesto a precios de mercado sus subprime'

Por tanto, el último ejercicio realizado por las autoridades europeas no es ni mucho menos la última vuelta de tuerca para las entidades europeas ni, seguramente, será el punto de inflexión para que vuelva definitivamente la confianza al sector, aseguran desde otro banco.

El Partido Popular ya empieza a hablar de la necesidad de limpiar las inversiones inmobiliarias de la banca. Cristóbal Montoro, coordinador de Economía del PP, cree que 'hay que ajustar el valor de esos activos y sanear las pérdidas derivadas'.

Cuánto dinero supone hacer el verdadero saneamiento en toda Europa es lo que no está nada claro. Y los expertos apenas se atreven a ponerle cifras porque la realidad de los problemas es una incógnita y no quieren ser tachados de agoreros. Atendiendo a las necesidades de las que hablaba el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la Unión Europea (un mínimo de 200.000 millones), faltarían todavía otros 100.000 millones adicionales al ejercicio de la EBA.

Los saneamientos en España pueden conllevar nuevas ayudas públicas

En los activos tóxicos de la banca europea, aseguran los expertos, faltan por reconocer un mínimo de 50.000 millones en pérdidas. Las entidades tienen esos activos valorados al precio al que los adquirieron y no al precio actual que tendrían en el mercado (en caso de que hubiera comprador), que en algunos casos es cero.

En la banca española, los datos son más concretos pero no están exentos de polémica. La exposición al sector promotor y constructor es de 364.000 millones, de los que 157.000 millones son considerados por el Banco de España como de riesgo ya que están apuntados como morosos, adjudicados o subestándar; es decir, próximamente dudosos. La banca tiene dotadas provisiones para estos activos por importe de 50.000 millones. Por tanto, harían falta otros 100.000 millones más si se entiende que todo acabará en pérdidas, algo poco probable ya que parte de los créditos se pagarán y los activos se venderán. En término medio, las entidades tendrán que dotar provisiones por otros 50.000 millones (mínimo 20.000 y máximo 100.000, dicen los expertos).

Y ahí llega el problema, porque ahora no se trata de las grandes entidades que se han enfrentado al test de la EBA. En este caso, las mayores dificultades las tienen las cajas, que ya no disponen de margen para sacar tanto dinero de sus beneficios y no pueden captarlo en el mercado. Por eso, de nuevo tendrían que aparecer las ayudas públicas o que los grandes que aún pueden se hagan cargo de estos problemas.

Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada, cree que la solución puede ser crear un banco malo (en el que se agrupan los activos problemáticos de las entidades y los garantiza el Estado). Es la idea que ya se propone en el sector y que el nuevo Gobierno tendrá que estudiar.