El presidente de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), Alberto Lafuente, aprecia 'muchas limitaciones' en la supervisión de los mercados eléctricos OTC, una bolsa de derivados que es una de las referencias para fijar los precios que luego marcan las denominadas subastas Cesur. Estas sirven para determinar la Tarifa de Último Recurso (TUR), a la que están acogidos la mayoría de hogares.

En una de sus primeras comparecencias públicas desde su nombramiento, en julio pasado, Lafuente dio cuenta ayer de los 'problemas' de supervisión de esos mercados, que se caracterizan por su opacidad. En la presentación de un informe de la Fundación de Estudios Financieros, citó como prioridades una mayor transparencia, medidas para 'evitar la manipulación' de los precios y la eliminación de 'asimetrías' en la supervisión. Desde este verano, la CNE investiga las subastas Cesur junto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores. De momento, sin frutos.

El Gobierno no ha puesto en duda esas subastas hasta última hora (el ministro portavoz, José Blanco, las cuestionó en septiembre). En julio de 2010, las daba por buenas, a pesar de lo cual decidió congelar la tarifa tras un pacto de última hora con el PP.

El Supremo ha dado un varapalo a esa decisión, al atender un recurso de Iberdrola, según informó ayer El Mundo. En el sector se cree que la decisión no tendrá efectos prácticos, más allá del varapalo judicial. Ayer, el coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro, dijo que ese acuerdo (preludio de un pacto energético que luego no llegó) se alcanzó por la 'intención política' de su partido de evitar que subiera la luz.